Misiones es una de las que menos gasta en sueldos: un 39% de su presupuesto

05/01/2014 POSADAS. Dos informes especializados señalan que la provincia de Misiones está entre las cinco del país que menos porcentaje de su presupuesto gasta en el salario de sus empleados públicos. Una situación que se contradice con la preocupación que manifiestan desde el Gobierno provincial respecto a la crisis que puede producirse por un supuesto “desborde” de pedidos de aumentos salariales. Lo que sí puede ocurrir es que se reduzca la torta presupuestaria para obras públicas o promoción del turismo, dos destinos preferidos de los dineros públicos en la gestión del Frente Renovador. Los informes pertenecen al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Libertad. Los dos estudios señalan que la provincia utiliza menos del 40% de su presupuesto anual total para pagar salarios y se encuentra mucho menos comprometida que otras jurisdicciones como Salta, Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego, Tucumán y Río Negro, que destinan entre el 50 y el 60% de sus ingresos totales en pagar salarios. El promedio del total del país es del 47%. Usando solo el 40%, el Gobierno de Misiones tiene las manos más liberadas que otros distritos para invertir en obra pública, servicios, asistencia social y desarrollo de la economía. También es cierto que la situación de Misiones respecto a su desempeño económico se encuentra en mejores condiciones que las provincias que destinan mayor porcentaje de su presupuesto a sueldos, según el Indice de Desempeño Provincial, que realiza la Fundación Libertad, aunque en los últimos dos años se ha ido deteriorando, al igual que el grueso.------------------------------------------------------- El Iaraf El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estima en su último informe, publicado el jueves, que “el aumento obtenido por las fuerzas de seguridad provincial seguramente va a terminar incidiendo en pedidos de recomposición de otras áreas provinciales, como también de empleados públicos nacionales”. “Como puede apreciarse en el cuadro (pág. 5), para el conjunto de jurisdicciones el gasto en personal representó un 47% del gasto total en el año 2012, último año para el cual existen datos oficiales publicados. En los extremos se encuentran Río Negro con un 62% y San Luis con un 31%”, agrega el informe. Esto significa que para los contribuyentes de Río Negro, por cada punto porcentual que subió el gasto en personal en 2013, el gasto total subió en $48 millones (0,6%), que de alguna manera hubo que financiar. En el caso de San Luis, la relación se reduce a 0,3% ($16 millones), prácticamente la mitad del incremento del gasto que la suba porcentual que se generó en Río Negro. Para el caso de Misiones se destinó el 39% de su presupuesto en salario durante el 2012. Por cada punto porcentual que sube el gasto salarial, se incrementa el gasto total del Estado en 43 millones de pesos. El Iaraf considera que “será clave cómo se cierren las negociaciones salariales, tanto desde el punto de vista de reajuste, como del aumento esperado para 2014 con el objeto de no perder poder adquisitivo a raíz de la inflación”. “Se abre un interrogante clave de cara al futuro de las cuentas provinciales. El déficit fiscal provincial, bastante controlado durante 2013, puede registrar aumentos relevantes durante 2014. La inflación seguirá exacerbando la puja distributiva. Será vital evitar la espiral salarios-precios”, culmina la investigación. En el cuadro de Iaraf, se observa que Misiones destinó en 2012 el 39% de su presupuesto total a salario. Con un gasto total anual de 11.002 millones de pesos, utilizó para pagar sueldos 4.342 millones de pesos, ubicándose entre las cuatro que menos gastaron, sólo superando a San Luis (31%), Santiago del Estero (36%) y Formosa (con un 38%). En la cima de la tabla se encuentran Río Negro con 62%; Tucumán (56%); Tierra del Fuego, Jujuy y Mendoza (54%); Salta (52%) y Catamarca (51%).----------------------------- IEE de Fundación Libertad El Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Libertad realizó en diciembre un Indice de Desempeño Provincial, una investigación de casi cien páginas donde evaluó el desarrollo económico de las provincias; y en este caso sus datos exponen que Misiones en el año 2011 utilizó el 37,2% de su presupuesto total en pagar salarios. Los dos puntos del crecimiento que registra en 2012 -para llegar a 39%- básicamente fueron por el aumento que se le otorgó a los policías luego del acuartelamiento. En esta tabla de la Fundación Libertad, con datos del año 2011, está encabezada por Río Negro 59%, Tierra del Fuego 55%, Jujuy 51%, entre los que más gastan en sueldo; en tanto que las cinco que menos gastan en salario de sus estatales son: San Luis 30%; Santiago del Estero 32%; Santa Cruz 35%, Formosa 36% y Misiones con 37%. En este caso el Indice de Desempeño Provincial tiene un dato agregado que es la comparación con lo que gastaban las provincias en el año 2003 en sueldos; y en todos los casos, el porcentual que gastan ahora se ha disminuido entre cinco y diez puntos, lo cual indica que se encuentran económicamente mucho más holgadas que hace diez años. En el caso de Misiones, en el año 2003 utilizaba el 44% de sus ingresos totales para pagar salarios, lo que indica que hubo una reducción de siete puntos porcentuales del presupuesto, luego de diez años.------------------------------------------- Desempeño de Misiones El Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Libertad calificó a Misiones en el Índice de Desempeño Provincial como una provincia “de nivel de desempeño medio”. “En cuanto a los gastos corrientes de esta jurisdicción, representan el 20,7% de su producto estando muy por debajo del promedio provincial (26,1%)”, indica. Agrega que “el cociente que mide la recaudación tributaria provincial respecto a los ingresos corrientes posiciona a la provincia en el décimo segundo lugar con un porcentaje del 17%. En cuanto a la variable que mensura el nivel de endeudamiento en relación al producto, la misma alcanza un valor del 12,1%, por encima del promedio de 10,2% que detenta el conjunto provincial”. “Por otro lado, tiene una presión fiscal del 4,3% (cercana al promedio) mientras que evidencia un déficit del 0,4% en relación al producto, también próximo al promedio”, sintetiza. Por último, respecto al mercado laboral, el informe establece que “la proporción de empleados públicos sobre población ocupada es del 12,4% ubicándose en el décimo puesto” y finaliza en lo que atañe al vínculo entre el salario medio del sector público y el ingreso por individuo, “alcanza un cociente de 16,7%, con el cual se ubica en el puesto doce del ranking de esta variable”. En las conclusiones generales de las provincias, el índice indica que crecieron el tamaño del sector público y la presión fiscal, sigue siendo elevada la presencia de empleados públicos mientras que se registró un deterioro en el resultado fiscal para el consolidado de provincias. Por el contrario, se incrementó la recaudación en relación a los ingresos corrientes y disminuyó el stock de deuda en términos del producto. Se observa una alta dependencia de los recursos nacionales. Los ingresos tributarios propios equivalen, en promedio, a tan sólo el 20,1% del total de recursos corrientes. El stock de deuda de las provincias en relación al PBG es del 10,2%, consolidándose una tendencia decreciente en este indicador. En el caso de Misiones es mayor, llegando al 12% del PBG. El promedio provincial indica que el 15,9% de la población ocupada trabaja en el sector público subnacional. Este guarismo es 1,7 puntos porcentuales superior al registrado en el IDP 2005. ¿Qué mide el IPD? Se estudian siete variables agrupadas en tres áreas de análisis a saber: tamaño del sector público, financiamiento del gasto público y mercado laboral. El análisis de estas variables da como resultado un valor entre cero y diez para cada jurisdicción y donde un mayor puntaje es reflejo de un desempeño más elevado para la economía bajo estudio. En otras palabras, un mayor puntaje, implica un mayor grado de libertad económica para el distrito en cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paritarias complicadas En 2013 terminaba sin sobresaltos económicos, mejor de lo que muchos presagiaron al principio del año, pero la rebelión policial cambió totalmente el escenario de cara al 2014 en todas las provincias. Hay algo cierto en la preocupación que manifestó el gobernador Maurice Closs. Se vienen tiempos complicados en los próximos dos meses: las paritarias con los docentes y con los empleados de salud pública, además del resto. Juntos, estos dos sectores, superan la mitad de todos los empleados públicos de la provincia. En Misiones, los policías y penitenciarios solo representan el 10% del total de empleados públicos, pero recibieron 35% de aumento y esto generó un efecto contagio en las otras áreas, que también reclaman un incremento similar para este año. En Salud Pública la situación está muy caldeaba debido a que poco antes del aumento a la Policía, el Gobierno le negó un incremento salarial a este sector, con el argumento de la falta de presupuesto. Los docentes ya anticiparon un pedido de 35% para la apertura de las paritarias. El resto de la administración pública no aceptará menos que los policías. Seguramente el 2014 será un año turbulento y de fuerte agitación social. La inflación, que no parece detenerse, será un condimento adicional a la tensión social. Si el incremento a los policías le demandará unos 220 millones de pesos más por año al Gobierno, pasando de 620 a 840 millones; se estima que un aumento de 35% al resto de la administración pública le costaría cerca de 1200 millones de pesos; con lo cual pasaría de 5.000 millones a unos 6.500 millones de pesos el gasto salarial anual. Esto le restaría libertad económica y le achicaría la caja al gobierno renovador, que en los últimos años se ha acostumbrado a manejarse con holgura. publicado en PRIMERA EDICION: http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/116187/2388/misiones-es-una-de-las-que-menos-gasta-en-sueldos-un-39-de-su-presupuesto.html

Vuelve a tomar impulso la idea de conformar gremios policiales

29/12/2013 POSADAS. Envalentonados por sus logros salariales en las coordinadas revueltas, los policías de cada provincia reactivan una movida que fue abortada pocos años atrás por los gobernadores provinciales: la constitución de gremios policiales. En la Argentina se trata de una posibilidad que está vedada a las fuerzas policiales, a pesar de ser un derecho internacional de los trabajadores de cualquier rubro poder agremiarse (incluso de la Constitución Nacional). Pero, ahora, la justicia de Córdoba abrió una posibilidad -y el resto de los policías de las provincias piensan utilizar este antecedente- para forzar la habilitación legal en todo el país. Dos semanas después de que la policía de Córdoba se autoacuartelara para reclamar al gobierno de José Manuel de la Sota mejoras salariales, la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoció el derecho de esos efectivos a formar un sindicato. La decisión judicial aclara que la policía puede crear una asociación gremial en iguales condiciones que otros trabajadores y, aunque expresamente aclara que la simple inscripción no alcanza para que ese sindicato negocie convenios colectivos, en la práctica los policías sindicalizados pasarán a tener una voz única para negociar. El fallo, histórico para el país, fue dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -doctores Graciela González y Miguel Ángel Pirolo- y le ordena al Ministerio de Trabajo inscribir como asociación gremial a la Unión de Policías Penitenciarios Argentina-Córdoba (UPAC). El fiscal de la cámara, Eduardo Álvarez, había opinado en ese mismo sentido. Los jueces dejaron sin efecto la resolución 662/2007 del Ministerio de Trabajo que rechazaba la inscripción gremial. Ahora se descuenta que las fuerzas policiales de otras provincias tratarán de obtener el mismo beneficio. En todo el país habría, según dijo la presidenta Cristina Kirchner, 200.000 efectivos provinciales que podrían agruparse por provincia e, incluso, por jerarquías. Pero seguramente la sentencia será apelada por los gobernadores y la controversia continuará hasta que sea resuelta por la Corte Suprema de la Nación. -- -- -- Efecto Misiones “Si nosotros tomamos como base lo que se hizo en Misiones ante esta ola de acuartelamientos, nos da una pauta de que esto es muy positivo, no se si tener un gremio o un organismo que represente los reclamos policiales; pero hay que tener un mecanismo para transmitir los pedidos y las inquietudes”, explicó a PRIMERA EDICIÓN Joaquín Kapko, integrante por los retirados de la fuerza misionera, de la Mesa de Enlace Policial y uno de los voceros de los reclamos en esta provincia, donde los policías lograron 64% el año pasado (luego de nueve días de acuartelamiento) y 35% de aumento este año. Kapko consideró positivo poder crear un gremio policial: “nosotros no hemos descartado esa posibilidad; pero entendemos que un gremio, si se arma, tendrá algunas limitaciones que otros gremios no tienen”. Explicó que las ventajas serían “la posibilidad de dialogar, reunirse y plantear los problemas a las autoridades antes que el malestar crezca. Hoy en día, la única posibilidad de reclamo que encontró el policía en todo el país es el acuartelamiento; por eso Misiones este año dio el ejemplo, las demás provincias deberían imitar lo que hizo Misiones, con una mesa de dialogo solucionó el problema antes que crezca”, aseguró Kapko. “No es sólo por la cuestión salarial, porque ahí todos los políticos se van a oponer, hay muchos otros problemas en la institución policial que se fueron solucionando por intermedio de la Mesa de Enlace, problemas que no se conocen pero que todos los días estamos gestionando, por ejemplo un traslado, un vehículo, una mala relación entre un jefe y su subalterno, todas pequeñas cosas que se solucionan y ayudan a mejorar la convivencia policial”, enfatizó. Opinó que “los políticos creen que vamos a perder el respeto y la obediencia si armamos un gremio, pero no es así porque el policía lleva eso en su conducta, vamos a seguir igual que siempre, solamente que vamos a tener la representatividad”. Además reconoció que hoy en día la Mesa de Enlace está funcionando “prácticamente igual que un gremio, solamente que no tenemos la posibilidad de recaudar el dinero necesario para funcionar y cubrir los gastos”, y anticipó que “si nosotros conformamos un gremio, primero se va a preguntar al policía si quiere afiliarse y después recién se harán los descuentos, no como en otras ONG que se arman en la Policía donde te inscriben y te descuentan sin consultar y después podes desafiliarte”, recordó. Kapko se animó a decir que el funcionamiento de la Mesa de Enlace Policial, en el último año, “incluso superó las facultades que puede tener un gremio, porque un gremio tiene limitaciones y mira las cosas grandes, hoy la Mesa es una mediadora que recibe todo tipo de planteos y traslada a las autoridades para buscar solución”. Por último dijo que en la más reciente negociación, a principio de diciembre, no se trató la posibilidad de agremiación entre la policía y el Gobierno. Pero que la intención no se descarta, de hecho hay organizaciones como la Fasipp a nivel nacional y la Apropol en Entre Ríos que están funcionando como gremios, sin tener la personería jurídica. “La idea es elevar todas las actuaciones administrativas que se realizaron en las provincias y en la justicia al Ministerio de Trabajo de la Nación en 2014, esa es una deuda, un trámite que está pendiente para principio de 2014, con la intención de continuar trabajando en favor” de consolidar un espacio gremial para todos los policías, culminó el vocero Joaquín Kapko. ------------------------------------ En análisis de la justicia La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya viene estudiando el tema porque allí circulan varios expedientes, el de Córdoba que llegó hace pocos días y otro promovido por el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del planteo de la policía bonaerense y, desde que ocurrieron los levantamientos policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y todos los funcionarios políticos también se manifestaron en contra de la agremiación. La Procuradora, haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio”. Otra causa que se encuentra en manos de la Corte Suprema llegó en agosto de este año, a raíz de una presentación del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SIMNPOPE). Emparentada con la CGT de Hugo Moyano -el hijo de este Hugo Antonio Moyano (Jr) es su representante legal y quien llevó la causa al máximo tribunal-; este grupo intentó inscribirse como gremio y el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido en diciembre del año pasado. Luego, la Cámara del Trabajo confirmó el rechazo y ahora la causa está en la Corte El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zafanoni opinó a favor de la agremiación policial. Los otros ministros están analizando el tema con la feria iniciada. El fallo de González y Pirolo en Córdoba señala que “la organización sindical propende a encauzar el conflicto, a mejorar el diálogo, a lograr mayores niveles de compromiso de los agentes policiales con la institución empleadora y a erigirse como interlocutora, para actuar de manera preventiva, pudiendo de tal modo evitar reacciones injustificadas que puedan llevar a privar de adecuada protección a la ciudadanía o a las personas a quienes deben tutelar”. Para fundamentar su decisión, la Cámara se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a la “organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial”, y en el Convenio 87 de la OIT, que también reconoce ese derecho a todos los trabajadores “sin ninguna distinción”. Si la Corte Suprema sigue sus propios antecedentes de garantizar la libertad sindical, es probable que confirme el fallo de la Cámara, aunque sea con algunas restricciones. Pero no podría descartarse que el Gobierno decida avanzar con un proyecto que limite el poder de los gremios policiales. En Misiones, en el año 2010, el ex jefe de la Policía castigó con pase a disponibilidad a siete policías que habían asistido a una reunión en Rosario (Santa Fe) donde se coordinaron acciones con efectivos de otras provincias para impulsar un gremio nacional. Desde aquel entonces, incluso antes, policías de varias provincias vienen trabajando silenciosamente pero con paso firme para torcerle el brazo a los gobiernos provinciales y el nacional en este tema. Debido a esa coordinación y comunicación entre las agrupaciones de cada provincia es que la Inteligencia del Gobierno nacional sostiene que los acuartelamientos, reclamos y saqueos estuvieron coordinados por los propios efectivos en todas las provincias, para “apurar” respuestas positivas a sus reclamos salariales. ----------------------------------- Acupol en Misiones, 22 en todo el país Si bien no tiene la formalidad de un gremio, luego de la primera revuelta policial en marzo de 2012 el Gobierno de Misiones cedió a la conformación de una Asociación Civil Unión Policial Misiones, que encabezan entre otros Germán Palaveccino y Luis Bucek, dos de los siete policías que fueron sancionados y pasados a disponibilidad en 2010 por participar de una reunión de policías de varias provincias con el objetivo de armar un gremio. Los dos también son representantes en Misiones de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp), la organización madre que impulsa la sindicalización en todo el país. Palaveccino es secretario de Acción Social, Cooperativa y Vivienda de la FASIPP; mientras que Bucek es subsecretario de la Juventud. En el sitio de la Fasipp se encuentra un mapa de los sindicatos policiales, donde se observan 22 organizaciones policiales y penitenciarias que ya operan casi como si estuvieran constituidos en gremios. Esta entidad tiene estatuto, actas, autoridades y viene funcionando desde hace casi una década como un verdadero sindicato, que agrupa y asesora con abogados y especialistas a los policías de provincias que impulsan su gremio local. Incluso presentaron proyectos de ley en el congreso nacional que no prosperaron. Luego del acuartelamiento en Misiones, en marzo de 2012, y los acuartelamientos en la mitad del país este mes, cabe preguntarse ¿Acaso no están funcionando como si estuvieran agremiados los policías? En Misiones no existe un gremio pero negociaron “paritarias” con el Gobierno y lograron 35% de aumento. De esta forma el Gobierno de Misiones y el resto de los gobiernos ¿No están legalizando lo ilegal, negociando paritarias con gremios ilegítimos? ¿No sería mejor blanquear de una vez y darle forma jurídica y legal a las negociaciones salariales de los policías? ¿O prefieren los gobiernos continuar negociando al margen de la ley; legitimando acuerdos salariales con gremios ilegítimos? --------------------------------- Argumentos del Gobierno para negar la sindicalización Las distintas resoluciones adoptadas por el gobierno se basan en las siguientes: 1º) “Que la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo “. 2º) Que dicha tarea, “se dificultaría considerablemente, a partir de la constitución de un sindicato”. 3º) “Que nuestro país no se ha dictado legislación alguna que recepte la posibilidad de sindicación de las fuerzas armadas o policiales, coordinando armónicamente los derechos que se derivan del ejercicio de la libertad sindical y las obligaciones propias de estos trabajadores”. 4º) “Que conforme el art. 9 del convenio 87 de la OIT los estados miembros podrán determinar a través de su legislación nacional, hasta que punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales, las garantías de libertad sindical” 5º) “Que la excepción señalada “ permite excluir totalmente o bien limitar los derechos de sindicación a esta categoría de trabajadores, habiendo señalado el Comité de Libertad Sindical, que esta posibilidad ha sido dejada claramente a la apreciación de los estados miembros”. 6º) “Que, por otro lado, no se han reunido los requisitos legales establecidos en los artículos 19 y 21 de la ley 23.551 para obtener la inscripción gremial”. 7º) “Que establece que la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical” ------------------------------------- Números económicos Los últimos acuerdos salariales que se firmaron con las fuerzas policiales contribuyeron a agravar el frágil panorama fiscal en las provincias. La consultora ACM estima que los aumentos otorgados a las policías provinciales aumentan en $ 10.000 millones el gasto salarial en las fuerzas de seguridad por encima del que se preveía inicialmente con una pauta de incremento del 25%. “Así, nuestro escenario original de un déficit fiscal cercano a los $ 15.000 millones se ampliaría a cerca de $ 25.000 millones”, dice ACM. En el caso de Misiones, el incremento es de 220 millones de pesos en un año, llevando de 625 a unos 845 millones de pesos el gasto en salario policial, entre 2013 y 2014. Por otra parte, anticipándose al malestar en las fuerzas de seguridad federales, el Gobierno nacional oficializó el lunes el aumento a las fuerzas de seguridad, con una suba promedio neto del 40% que hará, por ejemplo, que en el caso de un policía federal el piso mínimo de sueldo de bolsillo esté por encima de los 10.000 pesos. La Policía Federal quedará prácticamente igualada con la Policía Metropolitana, mientras que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se ubicarán por encima del acuerdo logrado por la Policía Bonaerense, por encima de los 10 mil pesos. --------------------------------------- Sanciones y prisión para policías que paren Desde el primer momento de los acuartelamientos se conoció la decisión del kirchnerismo de pasarle factura a las policías “rebeldes” que consiguieron históricos aumentos salariales y uno de esos mecanismos se conoció esta semana. El senador ultra kirchnerista Aníbal Fernández propuso sancionar a agentes de las fuerzas de seguridad que dejen de prestar servicio de manera injustificada. El proyecto de ley, que será debatido el año próximo, establece sanciones económicas y hasta penas de prisión. La iniciativa llegó a manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e inmediatamente la mandataria decidió incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias, que comenzarían en febrero, informaron diarios nacionales. El proyecto consta de apenas un artículo (más otro de forma) en el que el senador propone modificar el Código Penal para fijar penas a los miembros de fuerzas de seguridad que abandonen injustificadamente el servicio. En principio, quienes así actúen podrán sufrir prisión de uno a tres años e inhabilitación para cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Pero además, si como consecuencia de sus actos se producen daños materiales o muertes, la pena de prisión podrá extenderse a los ocho años. En caso de que sea un militar el que abandone “su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe”, la pena será prisión de uno a seis años; con posibilidad de duplicarse si “como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe”. ------(http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115869/2382/vuelve-a-tomar-impulso-la-idea-de-conformar-gremios-policiales.html)

Entre 2009 y 2013 la Nación se quedó con $10 mil millones que le corresponden a Misiones

15/12/2013 El modelo económico se destartala como un castillo de naipes. El gasto público crece más rápido que la recaudación real, para cubrirlo la Nación emite cada vez más billetes, pero esto a la vez dispara más y más inflación. Pero como tampoco le alcanza a la Nación, en los últimos años fue recortando el porcentaje de dinero que distribuye a las provincias, para cubrir su propio déficit. Esta situación complica a las provincias a la hora de enfrentar los reclamos salariales de sus empleados estatales. Sólo este año, la provincia de Misiones resignó 3.500 millones de pesos que le corresponden y que quedaron en poder de la Nación. En los últimos cuatro años fueron un total de 10.000 millones y si se contabiliza desde la llegada del kirchnerismo al gobierno, el poder central le debe a Misiones más de 14.000 millones de pesos (ver recuadro). Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) las provincias reciben de manera automática un 25% del total recaudado a nivel nacional, subiendo al 26% si se computa el Fondo Federal Solidario. Antes del año 2000 recibían en promedio un 30%. Esta diferencia de 4 puntos representará, sólo en 2013, unos $35 mil millones para el global de las provincias. En el caso puntual de Misiones, la resignación será de 3.500 millones este año, es equivalente a la deuda total que tiene nuestra provincia con el gobierno nacional. Según el IARAF los principales conceptos que dan lugar a resignaciones de fondos provinciales por la creciente concentración de recursos en cabeza de la nación son: financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos. En el período 2003-2013 las resignaciones de fondos provinciales llegaron a los $457 mil millones medidos a valores corrientes de cada año. Un 79% se debe al financiamiento tributario total de Anses, un 15% a la no coparticipación de IDCB con el esquema actual de IVA, y un 6% es causado por el desplazamiento de base imponible del impuesto a las Ganancias. En síntesis, como las resignaciones de recursos tienen varios años de vida, las provincias fueron acomodando sus cuentas a esta situación. Claramente, las provincias no sólo tienen una baja autonomía por la estructura histórica de ingresos sino que incluso vienen resignando fondos automáticos que son reemplazados por gastos y transferencias discrecionales o por incrementos de impuestos. Con este escenario se logran provincias empobrecidas, dependientes de la billetera del poder central y con baja posibilidad de crecimiento económico debido a tener altos impuestos, lo que dificulta el desarrollo de empleo. Para colmo, las provincias no tienen acceso a fuentes de ingreso diferenciales como la emisión de dinero, el Banco Central o la Anses, que se convirtieron en los últimos años en fuentes de financiamiento muy relevantes para la Nación. El economista Nicolás Dujovne detectó que, según el Indec, desde octubre de 2010 los sueldos privados aumentaron 111%. En cambio, los sueldos públicos sólo subieron un 60%. Si se arbitran esas cifras con la inflación verdadera mensual, los empleados privados mejoraron su salario real un 36% y los estatales perdieron un 15% aproximadamente. Cuando la comparación se extiende a los últimos 10 años, la suba del salario real privado fue del 51%. Y la caída del público, del 7%. La década ganada pasó de largo para los trabajadores del Estado, entre los que están los policías. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115198/entre-2009-y-2013-la-nacion-se-quedo-con-$10-mil-millones-.html)

Acuartelamiento: ¿justo reclamo o extorsión?

15-12-2013 Además de portar armas en su labor cotidiana, la Policía es la única institución del Estado que tiene frecuente relación con el mundo del delito. Estos dos condimentos hacen que la situación sea muy especial y diferente a la de otros reclamos salariales. La fuerza es la única encargada de brindar seguridad civil a los ciudadanos y ante su ausencia, arreciaron saqueos y violencia en la mitad de las provincias del país, con un número de muertos todavía incierto. No es casualidad que el Gobierno nacional haya hablado de hechos organizados y coordinados, sugiriendo una complicidad entre policías y saqueadores. Por un lado se habló de extorsión policial; mientras que la oposición sostiene que el Gobierno debe atender los reclamos justos de mejores salarios para los miembros de la fuerza. En el medio, la población. Comerciantes y vecinos se mostraron impotentes por los momentos de tensión e inseguridad que padecieron, en medio de saqueos, sin nadie a quien acudir. En Tucumán la reacción social fue ir en contra de la Policía. Después del acuerdo salarial que lleva el sueldo inicial a 8.700 pesos, la sociedad le dio la espalda. Hubo escaramuzas y protestas de vecinos contra los efectivos cuando retomaron sus puestos de guardia en las calles y los medios reflejaron una foto que recorrió el país, de un cartel situado frente a un comercio, que señalaba: “En este comercio no se vende mercaderías a personal policial”. La gente no perdonó a la policía, que dejó sin seguridad a la ciudad durante varias horas. “Recordá policía que tus 8.500 ahora llevan sangre”, fue otro de los mensajes que pareció representar parte de la bronca que quedó en Tucumán, una de las provincias que más sufrió los saqueos, con al menos dos muertos y decenas de locales destruidos y robados. Ahora es la Policía la que quedó en el ojo de la tormenta, en la mira de todos, ahora son ellos los empleados públicos que mejores sueldos reciben en casi todas las provincias del país; y son producto de análisis de periodistas, especialistas, abogados, funcionarios, entre otros. • Para el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, penalista que hace años que estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial, las protestas de las fuerzas provinciales y los saqueos asociados a esos episodios, “no son manifestaciones espontáneas”, pero el problema de fondo es que hay que repensar el modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos (gremio) y que las fuerzas de seguridad que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca de los ciudadanos (es decir en los municipios). • El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Vervitsky, también apoya la creación de gremios policiales y sostiene al respecto que “los gobernadores están firmando condiciones salariales que no van a poder pagar y que van a tener que depender del gobierno nacional”. En un comunicado el CELS “rechaza las acciones extorsivas de funcionarios policiales” y agrega que “las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos”, indica. • El abogado misionero Pablo Isaac Lenaguaza opinó que “no hay que tenerle miedo a debatir sobre la sindicalización de la Policía. Todos los sindicatos son distintos, cuando empezamos a analizar cuál es la actividad, la reglamentación debe ser distinta. No hay que tenerle miedo a debatir y buscar las alternativas”, insistió. Ante el argumento de la legalidad, Lenguaza invocó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dispone que “las leyes deben garantizar el pleno goce de los derechos laborales a todos los trabajadores, y los uniformados son trabajadores. En España hay varios sindicatos de las fuerzas de seguridad, también en Uruguay”. • Los bajos salarios son, para Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, uno de los problemas estructurales de la Policía que favorecen la corrupción. “El predominio de condiciones laborales altamente precarizadas derivadas de la vigencia de salarios nominales y reales muy bajos, lleva a que los estratos medios y bajos de la institución se vean obligados al doble empleo”, precisó. Y agregó Saín que: “a ello se suma la existencia de medios materiales e infraestructurales de trabajo altamente deteriorados, en el marco de un contexto organizacional signado por la pobreza o la indigencia institucional, y el desarrollo de una educación profesional deficiente enmarcada en una institucionalidad altamente militarizada”. • Leonardo Amarilla, licenciado en Ciencia Política misionero, señaló al respecto que “Si el servicio de seguridad no cumple con sus funciones siempre va a haber alguien dispuesto a romper con la paz social”. “Nadie puede estar en contra de una mejora salarial para los trabajadores de las Fuerzas de Seguridad. El problema es la metodología que se utilizó para reclamar mejoras. Extorsionar con la seguridad del pueblo no es digno de una Fuerza de Seguridad; tener en vilo a los comerciantes y mantener el miedo de aquellos a los cuales deberían preservar tampoco es digno. Las Fuerzas de Seguridad deben tener su propio proceso de sindicalización para que no vuelvan a ocurrir estos episodios de extorsión”, finalizó. Policías: ¿una amenaza? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich fueron algunos de los dirigentes oficialistas que sostuvieron ante la prensa y las redes sociales, sus sospechas y acusaciones hacia algunos integrantes de las policias por los hechos vandálicos ocurridos. En Misiones, en los pasillos de la Rosadita, aun se escuchan comentarios de todo tipo sobre lo que habría dicho el gobernador Maurice Closs a sus colaboradores tras el anuncio de mejoras salariales y la protesta policial, en la misma linea. “Muchachos tenemos que replantear todo el esquema de seguridad, porque las policías de provincias ahora son la mas importante amenaza que tiene la democracia, han desplazado de ese lugar a las fuerzas armadas” se le atribuye al mandatario. Se evidencia que desde la Nación están impulsando el “corte de cabezas” en las policías y que Closs se mostró de acuerdo con esta decisión política que ya empezo a trasmitir a sus funcionarios.

Ley pareja: ahora todos piden 35% y el Gobierno dice que no alcanzan los fondos

15/12/2013 POSADAS. El aumento salarial otorgado a los policías misioneros generó un efecto dominó en otras áreas de la administración pública, que también salieron a reclamar 35%; situación que pone en graves aprietos al Gobierno provincial, porque no cuenta con recursos para darles el mismo incremento a todos, según admitió el gobernador Maurice Closs. La decisión del Poder Ejecutivo cumplió el primer objetivo: frenar lo que pudo ser un nuevo acuartelamiento (en marzo de 2012 se acuartelaron 10 días y lograron 64% de aumento), pero implica gastos adicionales por 218 millones de pesos en el año. El presupuesto anual del salario policial y penitenciario se elevó de 624 a unos 850 millones de pesos anuales, alrededor de 70 millones por mes. De hecho, los policías y agentes penitenciarios son ahora los empleados oficiales mejor pagos en Misiones. Pero el efecto dominó se extendió a otras áreas de la administración pública, que se sienten discriminados y ahora descreen de la palabra del Gobierno, que hace pocas semanas les negó aumentos por falta de presupuesto pero cedió ante la presión policial. Empleados de Vialidad Provincial fueron los primeros en reclamar 35% de incremento salarial, además de declararse en estado de movilización y alerta. Desde el gremio presentaron un pedido de adecuación salarial, similar a la otorgada a las fuerzas de seguridad, y solicitaron abrir una mesa de diálogo para tratar diferentes temas, otorgando “un plazo de 48 horas para recibir una respuesta favorable, caso contrario se tomarán medidas de acción directa”, aseguraron. En la misma línea se manifestaron empleados de Salud, cuyo punto neurálgico de protesta fue el SAMIC de Eldorado. “Este verso de que no hay plata ya lo escuchamos muchas veces”, manifestó la trabajadora Marisa Dering. “Ya no tenemos más tolerancia, ni consideración con ellos”, agregó. Y luego explicó que “los médicos no están ganando mucho más. Un médico de planta gana entre cuatro mil y cinco mil, 2.600 gana un residente que trabaja mañana, tarde y noche, con medio sueldo en negro. Es vergonzoso”. El ministro de Salud Herrera Ahuad respondió: “No podemos prometer dar ni un centavo si no tenemos los fondos. Estamos tratando de conseguirlos. Les pedimos paciencia”, aseveró. Y agregó que “el 35% de aumento no se puede bajo ningún punto de vista, ni el 25%. Hace un mes atrás pusimos tres millones de pesos mensuales”, remarcó. La chispa también se encendió en el Poder Judicial, donde un grupo de 50 empleados autoconvocados se declaró en asamblea en reclamo de mejoras y blanqueamiento salarial. Además, señalaron que no responden al gremio Unión Judicial Misiones (UJM) que encabeza Arcadio Lewin, porque sólo consigue “beneficios para unos pocos”. “El principal planteo es el blanqueo porque nuestro salario básico es inferior a los 270 pesos”, plantearon. El reclamo más fuerte a nivel municipal, por ahora, se desarrolla en Iguazú y Apóstoles, donde los trabajadores tomaron el corralón y mantienen la protesta desde hace varias semanas, en reclamo de una serie de adicionales, blanqueos y pases a planta permanente del personal. En el municipio de Montecarlo también los números están complicados. El intendente Julio “Chun” Barreto explicó que “llegamos un poco justos y, si bien hicimos las previsiones para pagar aguinaldo y sueldos de diciembre, no es lo que habíamos planeado y no estamos en una situación holgada”. En línea con lo que dijo el Gobernador, Barreto señaló que “estamos tomando los recaudos necesarios y vamos a parar algunas obras. Los fondos de la soja y la coparticipación las vamos a seguir aplicando a obras menores, pero vamos a tener que tomar previsiones ya que en febrero y marzo va a haber un parate en la economía” explicó. En la visión del jefe comunal “el pago de los salarios va a complicar muchísimo a las administraciones municipales, provinciales y la nación, es algo muy sensible”. En los próximas días se escucharán planteos parecidos entre los gremios docentes; los legislativos; los trabajadores de Luz y Fuerza y otros municipios. Ante esto, las palabras del gobernador Closs plantean una realidad preocupante: “Aquí carecemos de recursos, por lo que nos veremos obligados a incrementar la presión tributaria” e, incluso, crear nuevos impuestos. “En el actual contexto, las provincias argentinas marchan hacia la inviabilidad económica”, señaló. “Para que se entienda la situación, la recaudación aumenta 21% y nosotros soportamos aumentos salariales del 25 o 30%. Tenemos que quitar los recursos de un lugar para ponerlo en otro, en este caso, al reclamo policial”, sentenció. “Asumimos que estamos en un tiempo difícil, pero si cada uno quiere resolver lo suyo, sin pensar en el resto, tendremos un 2014 durísimo. Si condicionas el futuro del Gobierno, cuando uno no tiene los recursos, no puede decidir”, argumentó. Al mismo tiempo, aseguró que el Estado provincial ya está haciendo un esfuerzo sustancial para mantener el ritmo de crecimiento y obras públicas. “Ya he recortado bastante el ritmo de obra pública, las grandes especialmente, y hay que atender además las deudas con proveedores, con empresas constructoras”, contó. Más de 40% a sueldos Al revisar los números globales del presupuesto anual y la proyección de gastos se encuentra un escenario complejo de cara al futuro, sobre todo si la Nación no incrementa el flujo de recursos que envía a Misiones. Del gasto total de la provincia más del 40% se destina al pago de salarios. De un total de alrededor de 1.100 o 1.200 millones de pesos por mes que gasta la provincia, alrededor de 470 millones se destinan directamente a sueldos, alrededor del 45%. Para el año que viene el gobierno tiene aprobado un total de 16 mil millones y si la masa salarial se incrementa en 30%, alcanzará los 650 o 700 millones de pesos mensuales, totalizando 8.400 millones anuales; y estaría superando el 50% del presupuesto total anual. Teniendo en cuenta este 40% actual para sueldos, además de otro 40% para obras públicas que prevé el presupuesto 2014, solamente queda un 20% para el funcionamiento de la administración pública, el pago de proveedores, servicios, el desarrollo de la economía, los subsidios al transporte, la energía, planes sociales y programas de gobierno. Necesidad de financiamiento El Gobierno del Frente Renovador contempla un presupuesto de 16 mil millones de pesos para 2014, pero una recaudación solamente de 11 mil millones, y para llegar a esa cifra entre ingresos y egreso necesitará un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos. Según los datos del proyecto de presupuesto, casi la totalidad de estos recursos, está previsto que salgan de las arcas del gobierno nacional, principalmente de áreas como Planificación Federal y Obras Públicas. Si la Nación, por cualquier razón, decide no enviar estos fondos, la provincia debería achicar su presupuesto o suspender trabajos debido a que no contaría con los recursos propios para hacerlo. Estos fondos se movilizan por un camino paralelo al de la coparticipación, que es automática y se deposita todos los meses en la cuenta de la provincia, de acuerdo a la recaudación de impuestos. La disponibilidad de estos recursos se habilita de acuerdo a convenios políticos e institucionales entre las provincias y el Gobierno central y muchas veces queda inmerso en la discrecionalidad política o el amiguismo entre los gobernantes. En este marco quedan preguntas pendientes sin respuesta definitiva como por ejemplo, ¿qué pasa si el Gobierno Nacional considera que sería mejor destinar esos recursos a otras obras u otras provincias? ¿Cuál es el porcentaje máximo aconsejable que debería calcular una provincia como necesidad de financiamiento? ¿No es demasiado riesgoso tener un tercio de los gastos dependiendo de la voluntad política de terceros? ¿Cuál sería el plan B en caso de que los recursos no lleguen? ¿Ajustes? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de salarios? ¿Suspensión de obras o trabajos públicos? Dependencia de Nación A pesar de pregonar permanentemente la consigna de vivir con lo nuestro, la dependencia económica de Misiones respecto a los fondos provenientes de la coparticipación nacional es muy alta: de cada 100 pesos que gasta el Estado, 78 provienen de la Nación y sólo 22 corresponden a la recaudación propia. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte sobre el alto grado de dependencia que tienen las provincias de la coparticipación federal, lo que condiciona su autonomía financiera primero y política después. El menor crecimiento de la coparticipación, sumado al aumento del gasto público, ha generado preocupación en los gobiernos provinciales y la respuesta ha sido el aumento de impuestos, principalmente Ingresos Brutos, que es uno de los peores tributos de la estructura impositiva argentina. Precisamente de eso habló el gobernador Closs, de aumentar los impuestos o modificar la base tributaria provincial, el día que anunció el incremento salarial para los policías. Si el resto de la administración pública persiste, no quedará otra alternativa. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115195/ley-pareja-ahora-todos-piden-35-y-el-gobierno-dice-que-no-alcanzan-los-fondos.html)

El crecimiento patrimonial que le adjudican a un funcionario clossista genera sospechas

08/12/2013 POSADAS Y ANDRESITO. La entrega en tiempo récord de 30 hectáreas fiscales a un empleado del Estado vinculado al subsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk, como publicó PRIMERA EDICIÓN el lunes pasado, no sería un caso aislado ya que existen numerosas denuncias por maniobras similares en el departamento General Belgrano. La mayor parte de los casos ocurrieron desde 2008 en adelante, en la zona de Andresito, de donde es oriundo el Subsecretario. Varias familias de agricultores denunciaron que repentinamente caducó el permiso de ocupación que tenían y aparecieron nuevos “ocupantes” con permisos firmados por funcionarios del Gobierno. Además de Syniuk y algunos secretarios que trabajan con él y podrían ser “presta nombres” algunas familias damnificadas señalan que hubo un funcionario clave que firmó permisos nuevos, se trata de Raúl Bonelli, director de Tierras Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de Tierras. Caso Queiroz Un caso muy conocido hace algunos años fue el de la familia Queiroz, propietarios de un aserradero en Andresito. Esta familia poseía desde 1967 el permiso de ocupación de 47 hectáreas en el lote 27 sección II del paraje Cabureí. El cuidador de esta parcela relató a FM San Martín que en 2008 “sin ningún aviso ni motivo alguno la Subsecretaría de Tierras hizo caducar el permiso de ocupación. Y ya en noviembre de 2008 le entregan el permiso de ocupación a dos personas vinculadas (a Syniuk), Alfredo Acuña y Flavio Varela. Como no queríamos dejar la chacra ante esta maniobra, rápidamente sale una orden de desalojo del Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú”, relató. Luego de reiteradas averiguaciones en Andresito, se pudo confirmar que tanto Varela como Acuña trabajan para Syniuk y se sospecha que alguno de ellos habría recibido otros permisos de ocupación. La familia Queiroz habría tenido contactos con altos funcionarios del gobierno pero lo único que pudo lograr fue retirar los pinos del predio, pero el terreno no pudo mantener. Siguiendo la pista de las denuncias por casos similares al de Queiroz, se halló a otros damnificados que relataron situaciones idénticas: sorpresivos vencimientos de permisos de ocupación, desalojos y otorgamiento de permisos nuevos a nombre de presuntos testaferros. “Teníamos tabaco, galpón, casa, familia, ganadería, el año pasado vino un desalojo porque nos dijeron que el permiso de ocupación había vencido, y nos desalojaron”, contó un tabacalero que al igual que la mayoría y por temor a las amenazas, solicitó el anonimato. El caso de 30 hectáreas Este diario publicó el lunes un informe donde reveló que un empleado público, que tiene una vivienda del Iprodha en Garupá y trabaja en Gobernación como secretario de Syniuk y Alejandro “Chiquitín” Damus, obtuvo 30 hectáreas fiscales en Andresito, sobre la ruta 101, en tiempo récord. Se trata de José Alfredo Acuña (sería el mismo del Caso Queiroz), quien presentó un formulario de “compra - permiso de ocupación” el 27 de noviembre de 2008 ante la Dirección de Tierras Fiscales solicitando el inmueble denominado “Lote 27-B -subdivisión del Lote 27 - sección II - Colonia Manuel Belgrano”. Curiosamente, menos de diez días después, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli (depende de la subsecretaría de Tierras y Colonización que conduce Jaime Ledesma) firmó la disposición 26 por la cual otorgó el permiso de ocupación por dos años sobre el mencionado inmueble. El documento lleva la fecha 5 de diciembre de 2008, en tiempo récord. Un funcionario cercano a esta oficina, conocedor de los trámites en Tierras Fiscales, señaló que “ningún trámite en Tierras Fiscales puede ser aprobado tan rápido sin la influencia del poder político. Hay productores que esperan años para que salgan aprobados”. Con el mencionado permiso, el ocupante puede tramitar el contrato de adjudicación y llegar a ser el legítimo propietario del inmueble, que en un futuro podría transferir o utilizar para las actividades que desee. Otro dato curioso es que en el expediente de solicitud del terreno figura como concubina del beneficiario una mujer que nunca estuvo en relación de pareja ni concubinato con el funcionario, por lo cual se cree que los datos fueron colocados en forma errónea o falsificados. Cuatro días después de firmar el permiso de ocupación provisorio, el 9 de diciembre de 2008, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli, otorga el Permiso de Ocupación formal, mediante el Expediente Nº 60/67 DT, por el término de dos años. La pregunta en este caso sería: ¿cómo puede ser que un funcionario que trabaja en Gobernación y el Concejo Deliberante puede acceder a ocupar una tierra fiscal a 300 kilómetros de distancia y dedicarse a producción ganadera, forestal y agrícola? Un dirigente político de la oposición, radicado en el Norte de la provincia, anticipó que presentará un pedido de Acceso a la Información Pública para saber si ese terreno recibió créditos o subsidios del Gobierno en el marco del programa Pro Alimentos. “Si esto es una maniobra armada, es posible que nos encontremos con subsidios para este inmueble”, señaló. Próspero empresario En las últimas semanas trascendió que el subsecretario o personas vinculadas a su entorno adquirieron una enorme chacra en límite fronterizo con Brasil, donde se está instalando una antena que sería para transmitir la señal de una radio nueva. Además, se cree que el subsecretario o allegados serían propietarios de un edificio que se podría alquilar al Estado en las próximas semanas. Se menciona la posible instalación de una oficina de Rentas de la provincia. Asimismo, un predio que pertenecía al Banco Provincia de Misiones en el municipio, también habría quedado en manos de personas que integran el círculo estrecho del funcionario. Ahí se encuentra funcionando actualmente una agencia de quinielas. El intendente de Andresito, Bruno Beck, tiene muy buena relación con Syniuk y habrían realizado algunos emprendimientos en conjunto. Un comercio que pertenecería a allegados al subsecretario sería un importante proveedor de repuestos del municipio. Y los vecinos sospechan que tiene otras chacras en el noroeste provincial, donde habría tajamares y plantines especiales de yerba, diseñados genéticamente en la Biofábrica, similares a los que muchos productores esperan recibir hace años. Los manejos del funcionario llaman la atención de los vecinos y transeúntes del lugar, por la imponente vivienda que posee, con un muro perimetral de dos metros de altura, cámaras de seguridad y la custodia personal que lo acompaña siempre. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/114825/el-crecimiento-patrimonial-que-le-adjudican-a-un-funcionario-clossista-genera-sospechas.html)

Radiografía del empleo público misionero, una gran deuda del Frente Renovador

23/06/2013 • Los salarios provinciales están entre los más bajos del país, hay ministerios con $268 de básico • Uno de cada tres empleados municipales no tiene estabilidad • Los municipios chicos están peor • POSADAS. Una década después de llegar al poder, la precariedad laboral y salarial de los empleados públicos misioneros sigue siendo una de las deudas más importantes que aún debe saldar el Frente Renovador. A pesar de tener niveles extraordinarios de crecimiento y expansión económica durante todo este período, el gobierno priorizó la obra pública y soslayó los reclamos gremiales. Los pocos sectores que lograron algunas reivindicaciones lo hicieron a fuerza de rebelión y duras protestas, por ejemplo, la Policía, los docentes y trabajadores de la Salud. Estos tres grupos se ubican entre los empleados públicos mejores pagos del Estado provincial, a pesar que el promedio de sus salarios oscila en los cinco mil pesos de bolsillo o menos, muy por debajo de lo que ganan empleados con la misma tarea en otras provincias. Incluso por debajo de la canasta básica familiar. El básico de estos tres sectores se ubica entre 700 y dos mil pesos, menos de la mitad del neto. La carrera laboral, el estatuto y los concursos brillan por su ausencia. Tampoco se implementan recategorizaciones. La antigüedad estuvo toda la década congelada y debido a la imposibilidad de la emergencia económica, hubo pocos pases a planta (decididos en forma arbitraria) y proliferaron contratos basura de todo tipo: con relación de dependencia, sin relación y monotributistas. Los trabajadores de la Administración Central, Casa de Gobierno y los Ministerios son los más retrasados: muchos de ellos todavía tienen el ingreso básico de 268 pesos y de bolsillo reciben menos de cuatro mil pesos por mes en todo concepto. En total, existe un universo de casi 50 mil trabajadores estatales provinciales, de los cuales, casi el 10% se encuentra con contratos basura, precarizados, sin estabilidad y muchos ni aportes previsionales ni jubilatorios. “El gobernador debería ir ajustando esta realidad. Es cierto que las ultimas recomposiciones vienen siendo remunerativos, pero tenemos diez u once decretos en negro que deberían ir al básico. Tenemos compañeros que no se pueden jubilar porque cobrarán la mitad de lo que ganan hoy y con eso no pueden vivir. Otro tema es la asignación universal, a nivel nacional se incrementó dos veces en el último año y la provincia todavía viene desactualizada”, enfatizó Juan Antúnez, referente de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Por su parte, Antonio “Toto” Martínez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó que “tenemos aproximadamente mil compañeros contratados que tienen más de 15 años de antigüedad y el Estado sigue violentando sus derechos sin pasarlos a planta permanente, violando la ley laboral, que establece que con dos años contratados deben pasar a planta”. Los jubilados representan otro sector de la administración pública que ha sido resignado en la década de gobierno del Frente Renovador. La única medida que se tomó en dirección hacia ellos fue para beneficiar a los que mejores ingresos tienen, inyectando dinero levantar los topes y salir paulatinamente de la emergencia previsional. “Tenemos 17 mil jubilados que cobran aproximadamente el 60% de los activos, y reclaman el 82% móvil, como estableció la Corte Suprema de Justicia. La mitad de ellos no puede vivir con su salario y tiene que hacer otras actividades para llegar a fin de mes”, agregó Toto Martínez, adjunto de ATE. Municipios, con realidad dispar Entre los 75 municipios misioneros emplean aproximadamente a once mil trabajadores con realidades laborales y salariales muy dispares dependiendo de donde se analice. Los municipios más grandes, con mayor número de empleados y buena porción de la coparticipación, son los que responden de mejor manera ante las exigencias gremiales. Por ejemplo, este año, Iguazú otorgó 500 pesos al básico a las categorías 12 a la 22 elevando a 1.623 el básico de la categoría 12; en Apóstoles hubo un aumento en blanco de 450 pesos; en Oberá entre 550 y 600 pesos también al básico (casi no tienen adicionales en negro); y en San Vicente lograron 25% de aumento. La excepción en este caso es Posadas donde hubo un incremento no remunerativo de menos de 500 pesos. Por otra parte, en el otro extremo, hay alrededor de entre 25 a 30 municipios que prácticamente no tocaron el sueldo básico durante los 10 años de Gobierno del Frente Renovador y sus empleados están en condiciones totalmente precarias, según el secretario adjunto de ATE. Son los municipios más pequeños, ubicados en la Zona Centro de la provincia la mayoría. El básico en la mayoría de estas comunas todavía no se movió de los 168 pesos y los salarios totales que perciben de bolsillo andan en los 2.500 pesos, “son condiciones prácticamente de esclavitud”, añadió Toto Martínez. No llegan a lo establecido por el decreto provincial 411/12 que establece un salario mínimo de 2.825 pesos y más abajo todavía de lo que fijó como mínimo para todo el país el Consejo del Salario, que se ubica en 3.300 pesos. “De los once mil trabajadores que tienen los 75 municipios misioneros, nuestros cálculos estiman que el 35% está contratado y precarizado, totalizan alrededor de 3.500 trabajadores. Por este motivo estamos impulsando el Estatuto Unificado para municipales, que pretendemos que se apruebe en todos los concejos deliberantes para que los compañeros municipales dejen de ser los peones del patrón de estancia y se los dignifique sin importar en qué Municipalidad trabajen”, añadió. Similitudes con los estatales nacionales Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, quiere decir que no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones. Los datos surgen de un informe encomendado por decreto 312/10) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que determinó el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados. De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria. Aunque podrían ser más teniendo en cuenta que 23 de las 183 jurisdicciones se negaron dar información. Por otra parte, la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), estima que suman 571.713 los trabajadores estatales nacionales, según publicó el diario La Nación. Esa misma fuente estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012 y que en Misiones serían 63 mil los trabajadores estatales, entre provinciales y municipales. En tanto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Al igual que la provincia, el Estado nacional precariza a los trabajadores de diferentes maneras: no existen concursos para ingresar a planta permanente sino que se decide arbitrariamente; también proliferan contratos con y sin relación de dependencia y los conocidos casos de monotributo. Como conclusión, algunos gremialistas nacionales consultados afirman que los gobiernos utilizan la precarización laboral como herramienta de disciplinamiento político y de esta manera se evitan dos problemas: reclamos salariales y que los empleados participen en política para otras fuerzas. No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse a causa de la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que publicó días atrás este diario, el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6.000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2.850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $2.875. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/105931/2187/radiografia-del-empleo-publico-misionero-una-gran-deuda-del-frente-renovador.html