Entre 2009 y 2013 la Nación se quedó con $10 mil millones que le corresponden a Misiones

15/12/2013 El modelo económico se destartala como un castillo de naipes. El gasto público crece más rápido que la recaudación real, para cubrirlo la Nación emite cada vez más billetes, pero esto a la vez dispara más y más inflación. Pero como tampoco le alcanza a la Nación, en los últimos años fue recortando el porcentaje de dinero que distribuye a las provincias, para cubrir su propio déficit. Esta situación complica a las provincias a la hora de enfrentar los reclamos salariales de sus empleados estatales. Sólo este año, la provincia de Misiones resignó 3.500 millones de pesos que le corresponden y que quedaron en poder de la Nación. En los últimos cuatro años fueron un total de 10.000 millones y si se contabiliza desde la llegada del kirchnerismo al gobierno, el poder central le debe a Misiones más de 14.000 millones de pesos (ver recuadro). Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) las provincias reciben de manera automática un 25% del total recaudado a nivel nacional, subiendo al 26% si se computa el Fondo Federal Solidario. Antes del año 2000 recibían en promedio un 30%. Esta diferencia de 4 puntos representará, sólo en 2013, unos $35 mil millones para el global de las provincias. En el caso puntual de Misiones, la resignación será de 3.500 millones este año, es equivalente a la deuda total que tiene nuestra provincia con el gobierno nacional. Según el IARAF los principales conceptos que dan lugar a resignaciones de fondos provinciales por la creciente concentración de recursos en cabeza de la nación son: financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos. En el período 2003-2013 las resignaciones de fondos provinciales llegaron a los $457 mil millones medidos a valores corrientes de cada año. Un 79% se debe al financiamiento tributario total de Anses, un 15% a la no coparticipación de IDCB con el esquema actual de IVA, y un 6% es causado por el desplazamiento de base imponible del impuesto a las Ganancias. En síntesis, como las resignaciones de recursos tienen varios años de vida, las provincias fueron acomodando sus cuentas a esta situación. Claramente, las provincias no sólo tienen una baja autonomía por la estructura histórica de ingresos sino que incluso vienen resignando fondos automáticos que son reemplazados por gastos y transferencias discrecionales o por incrementos de impuestos. Con este escenario se logran provincias empobrecidas, dependientes de la billetera del poder central y con baja posibilidad de crecimiento económico debido a tener altos impuestos, lo que dificulta el desarrollo de empleo. Para colmo, las provincias no tienen acceso a fuentes de ingreso diferenciales como la emisión de dinero, el Banco Central o la Anses, que se convirtieron en los últimos años en fuentes de financiamiento muy relevantes para la Nación. El economista Nicolás Dujovne detectó que, según el Indec, desde octubre de 2010 los sueldos privados aumentaron 111%. En cambio, los sueldos públicos sólo subieron un 60%. Si se arbitran esas cifras con la inflación verdadera mensual, los empleados privados mejoraron su salario real un 36% y los estatales perdieron un 15% aproximadamente. Cuando la comparación se extiende a los últimos 10 años, la suba del salario real privado fue del 51%. Y la caída del público, del 7%. La década ganada pasó de largo para los trabajadores del Estado, entre los que están los policías. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115198/entre-2009-y-2013-la-nacion-se-quedo-con-$10-mil-millones-.html)

Acuartelamiento: ¿justo reclamo o extorsión?

15-12-2013 Además de portar armas en su labor cotidiana, la Policía es la única institución del Estado que tiene frecuente relación con el mundo del delito. Estos dos condimentos hacen que la situación sea muy especial y diferente a la de otros reclamos salariales. La fuerza es la única encargada de brindar seguridad civil a los ciudadanos y ante su ausencia, arreciaron saqueos y violencia en la mitad de las provincias del país, con un número de muertos todavía incierto. No es casualidad que el Gobierno nacional haya hablado de hechos organizados y coordinados, sugiriendo una complicidad entre policías y saqueadores. Por un lado se habló de extorsión policial; mientras que la oposición sostiene que el Gobierno debe atender los reclamos justos de mejores salarios para los miembros de la fuerza. En el medio, la población. Comerciantes y vecinos se mostraron impotentes por los momentos de tensión e inseguridad que padecieron, en medio de saqueos, sin nadie a quien acudir. En Tucumán la reacción social fue ir en contra de la Policía. Después del acuerdo salarial que lleva el sueldo inicial a 8.700 pesos, la sociedad le dio la espalda. Hubo escaramuzas y protestas de vecinos contra los efectivos cuando retomaron sus puestos de guardia en las calles y los medios reflejaron una foto que recorrió el país, de un cartel situado frente a un comercio, que señalaba: “En este comercio no se vende mercaderías a personal policial”. La gente no perdonó a la policía, que dejó sin seguridad a la ciudad durante varias horas. “Recordá policía que tus 8.500 ahora llevan sangre”, fue otro de los mensajes que pareció representar parte de la bronca que quedó en Tucumán, una de las provincias que más sufrió los saqueos, con al menos dos muertos y decenas de locales destruidos y robados. Ahora es la Policía la que quedó en el ojo de la tormenta, en la mira de todos, ahora son ellos los empleados públicos que mejores sueldos reciben en casi todas las provincias del país; y son producto de análisis de periodistas, especialistas, abogados, funcionarios, entre otros. • Para el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, penalista que hace años que estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial, las protestas de las fuerzas provinciales y los saqueos asociados a esos episodios, “no son manifestaciones espontáneas”, pero el problema de fondo es que hay que repensar el modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos (gremio) y que las fuerzas de seguridad que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca de los ciudadanos (es decir en los municipios). • El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Vervitsky, también apoya la creación de gremios policiales y sostiene al respecto que “los gobernadores están firmando condiciones salariales que no van a poder pagar y que van a tener que depender del gobierno nacional”. En un comunicado el CELS “rechaza las acciones extorsivas de funcionarios policiales” y agrega que “las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos”, indica. • El abogado misionero Pablo Isaac Lenaguaza opinó que “no hay que tenerle miedo a debatir sobre la sindicalización de la Policía. Todos los sindicatos son distintos, cuando empezamos a analizar cuál es la actividad, la reglamentación debe ser distinta. No hay que tenerle miedo a debatir y buscar las alternativas”, insistió. Ante el argumento de la legalidad, Lenguaza invocó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dispone que “las leyes deben garantizar el pleno goce de los derechos laborales a todos los trabajadores, y los uniformados son trabajadores. En España hay varios sindicatos de las fuerzas de seguridad, también en Uruguay”. • Los bajos salarios son, para Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, uno de los problemas estructurales de la Policía que favorecen la corrupción. “El predominio de condiciones laborales altamente precarizadas derivadas de la vigencia de salarios nominales y reales muy bajos, lleva a que los estratos medios y bajos de la institución se vean obligados al doble empleo”, precisó. Y agregó Saín que: “a ello se suma la existencia de medios materiales e infraestructurales de trabajo altamente deteriorados, en el marco de un contexto organizacional signado por la pobreza o la indigencia institucional, y el desarrollo de una educación profesional deficiente enmarcada en una institucionalidad altamente militarizada”. • Leonardo Amarilla, licenciado en Ciencia Política misionero, señaló al respecto que “Si el servicio de seguridad no cumple con sus funciones siempre va a haber alguien dispuesto a romper con la paz social”. “Nadie puede estar en contra de una mejora salarial para los trabajadores de las Fuerzas de Seguridad. El problema es la metodología que se utilizó para reclamar mejoras. Extorsionar con la seguridad del pueblo no es digno de una Fuerza de Seguridad; tener en vilo a los comerciantes y mantener el miedo de aquellos a los cuales deberían preservar tampoco es digno. Las Fuerzas de Seguridad deben tener su propio proceso de sindicalización para que no vuelvan a ocurrir estos episodios de extorsión”, finalizó. Policías: ¿una amenaza? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich fueron algunos de los dirigentes oficialistas que sostuvieron ante la prensa y las redes sociales, sus sospechas y acusaciones hacia algunos integrantes de las policias por los hechos vandálicos ocurridos. En Misiones, en los pasillos de la Rosadita, aun se escuchan comentarios de todo tipo sobre lo que habría dicho el gobernador Maurice Closs a sus colaboradores tras el anuncio de mejoras salariales y la protesta policial, en la misma linea. “Muchachos tenemos que replantear todo el esquema de seguridad, porque las policías de provincias ahora son la mas importante amenaza que tiene la democracia, han desplazado de ese lugar a las fuerzas armadas” se le atribuye al mandatario. Se evidencia que desde la Nación están impulsando el “corte de cabezas” en las policías y que Closs se mostró de acuerdo con esta decisión política que ya empezo a trasmitir a sus funcionarios.

Ley pareja: ahora todos piden 35% y el Gobierno dice que no alcanzan los fondos

15/12/2013 POSADAS. El aumento salarial otorgado a los policías misioneros generó un efecto dominó en otras áreas de la administración pública, que también salieron a reclamar 35%; situación que pone en graves aprietos al Gobierno provincial, porque no cuenta con recursos para darles el mismo incremento a todos, según admitió el gobernador Maurice Closs. La decisión del Poder Ejecutivo cumplió el primer objetivo: frenar lo que pudo ser un nuevo acuartelamiento (en marzo de 2012 se acuartelaron 10 días y lograron 64% de aumento), pero implica gastos adicionales por 218 millones de pesos en el año. El presupuesto anual del salario policial y penitenciario se elevó de 624 a unos 850 millones de pesos anuales, alrededor de 70 millones por mes. De hecho, los policías y agentes penitenciarios son ahora los empleados oficiales mejor pagos en Misiones. Pero el efecto dominó se extendió a otras áreas de la administración pública, que se sienten discriminados y ahora descreen de la palabra del Gobierno, que hace pocas semanas les negó aumentos por falta de presupuesto pero cedió ante la presión policial. Empleados de Vialidad Provincial fueron los primeros en reclamar 35% de incremento salarial, además de declararse en estado de movilización y alerta. Desde el gremio presentaron un pedido de adecuación salarial, similar a la otorgada a las fuerzas de seguridad, y solicitaron abrir una mesa de diálogo para tratar diferentes temas, otorgando “un plazo de 48 horas para recibir una respuesta favorable, caso contrario se tomarán medidas de acción directa”, aseguraron. En la misma línea se manifestaron empleados de Salud, cuyo punto neurálgico de protesta fue el SAMIC de Eldorado. “Este verso de que no hay plata ya lo escuchamos muchas veces”, manifestó la trabajadora Marisa Dering. “Ya no tenemos más tolerancia, ni consideración con ellos”, agregó. Y luego explicó que “los médicos no están ganando mucho más. Un médico de planta gana entre cuatro mil y cinco mil, 2.600 gana un residente que trabaja mañana, tarde y noche, con medio sueldo en negro. Es vergonzoso”. El ministro de Salud Herrera Ahuad respondió: “No podemos prometer dar ni un centavo si no tenemos los fondos. Estamos tratando de conseguirlos. Les pedimos paciencia”, aseveró. Y agregó que “el 35% de aumento no se puede bajo ningún punto de vista, ni el 25%. Hace un mes atrás pusimos tres millones de pesos mensuales”, remarcó. La chispa también se encendió en el Poder Judicial, donde un grupo de 50 empleados autoconvocados se declaró en asamblea en reclamo de mejoras y blanqueamiento salarial. Además, señalaron que no responden al gremio Unión Judicial Misiones (UJM) que encabeza Arcadio Lewin, porque sólo consigue “beneficios para unos pocos”. “El principal planteo es el blanqueo porque nuestro salario básico es inferior a los 270 pesos”, plantearon. El reclamo más fuerte a nivel municipal, por ahora, se desarrolla en Iguazú y Apóstoles, donde los trabajadores tomaron el corralón y mantienen la protesta desde hace varias semanas, en reclamo de una serie de adicionales, blanqueos y pases a planta permanente del personal. En el municipio de Montecarlo también los números están complicados. El intendente Julio “Chun” Barreto explicó que “llegamos un poco justos y, si bien hicimos las previsiones para pagar aguinaldo y sueldos de diciembre, no es lo que habíamos planeado y no estamos en una situación holgada”. En línea con lo que dijo el Gobernador, Barreto señaló que “estamos tomando los recaudos necesarios y vamos a parar algunas obras. Los fondos de la soja y la coparticipación las vamos a seguir aplicando a obras menores, pero vamos a tener que tomar previsiones ya que en febrero y marzo va a haber un parate en la economía” explicó. En la visión del jefe comunal “el pago de los salarios va a complicar muchísimo a las administraciones municipales, provinciales y la nación, es algo muy sensible”. En los próximas días se escucharán planteos parecidos entre los gremios docentes; los legislativos; los trabajadores de Luz y Fuerza y otros municipios. Ante esto, las palabras del gobernador Closs plantean una realidad preocupante: “Aquí carecemos de recursos, por lo que nos veremos obligados a incrementar la presión tributaria” e, incluso, crear nuevos impuestos. “En el actual contexto, las provincias argentinas marchan hacia la inviabilidad económica”, señaló. “Para que se entienda la situación, la recaudación aumenta 21% y nosotros soportamos aumentos salariales del 25 o 30%. Tenemos que quitar los recursos de un lugar para ponerlo en otro, en este caso, al reclamo policial”, sentenció. “Asumimos que estamos en un tiempo difícil, pero si cada uno quiere resolver lo suyo, sin pensar en el resto, tendremos un 2014 durísimo. Si condicionas el futuro del Gobierno, cuando uno no tiene los recursos, no puede decidir”, argumentó. Al mismo tiempo, aseguró que el Estado provincial ya está haciendo un esfuerzo sustancial para mantener el ritmo de crecimiento y obras públicas. “Ya he recortado bastante el ritmo de obra pública, las grandes especialmente, y hay que atender además las deudas con proveedores, con empresas constructoras”, contó. Más de 40% a sueldos Al revisar los números globales del presupuesto anual y la proyección de gastos se encuentra un escenario complejo de cara al futuro, sobre todo si la Nación no incrementa el flujo de recursos que envía a Misiones. Del gasto total de la provincia más del 40% se destina al pago de salarios. De un total de alrededor de 1.100 o 1.200 millones de pesos por mes que gasta la provincia, alrededor de 470 millones se destinan directamente a sueldos, alrededor del 45%. Para el año que viene el gobierno tiene aprobado un total de 16 mil millones y si la masa salarial se incrementa en 30%, alcanzará los 650 o 700 millones de pesos mensuales, totalizando 8.400 millones anuales; y estaría superando el 50% del presupuesto total anual. Teniendo en cuenta este 40% actual para sueldos, además de otro 40% para obras públicas que prevé el presupuesto 2014, solamente queda un 20% para el funcionamiento de la administración pública, el pago de proveedores, servicios, el desarrollo de la economía, los subsidios al transporte, la energía, planes sociales y programas de gobierno. Necesidad de financiamiento El Gobierno del Frente Renovador contempla un presupuesto de 16 mil millones de pesos para 2014, pero una recaudación solamente de 11 mil millones, y para llegar a esa cifra entre ingresos y egreso necesitará un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos. Según los datos del proyecto de presupuesto, casi la totalidad de estos recursos, está previsto que salgan de las arcas del gobierno nacional, principalmente de áreas como Planificación Federal y Obras Públicas. Si la Nación, por cualquier razón, decide no enviar estos fondos, la provincia debería achicar su presupuesto o suspender trabajos debido a que no contaría con los recursos propios para hacerlo. Estos fondos se movilizan por un camino paralelo al de la coparticipación, que es automática y se deposita todos los meses en la cuenta de la provincia, de acuerdo a la recaudación de impuestos. La disponibilidad de estos recursos se habilita de acuerdo a convenios políticos e institucionales entre las provincias y el Gobierno central y muchas veces queda inmerso en la discrecionalidad política o el amiguismo entre los gobernantes. En este marco quedan preguntas pendientes sin respuesta definitiva como por ejemplo, ¿qué pasa si el Gobierno Nacional considera que sería mejor destinar esos recursos a otras obras u otras provincias? ¿Cuál es el porcentaje máximo aconsejable que debería calcular una provincia como necesidad de financiamiento? ¿No es demasiado riesgoso tener un tercio de los gastos dependiendo de la voluntad política de terceros? ¿Cuál sería el plan B en caso de que los recursos no lleguen? ¿Ajustes? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de salarios? ¿Suspensión de obras o trabajos públicos? Dependencia de Nación A pesar de pregonar permanentemente la consigna de vivir con lo nuestro, la dependencia económica de Misiones respecto a los fondos provenientes de la coparticipación nacional es muy alta: de cada 100 pesos que gasta el Estado, 78 provienen de la Nación y sólo 22 corresponden a la recaudación propia. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte sobre el alto grado de dependencia que tienen las provincias de la coparticipación federal, lo que condiciona su autonomía financiera primero y política después. El menor crecimiento de la coparticipación, sumado al aumento del gasto público, ha generado preocupación en los gobiernos provinciales y la respuesta ha sido el aumento de impuestos, principalmente Ingresos Brutos, que es uno de los peores tributos de la estructura impositiva argentina. Precisamente de eso habló el gobernador Closs, de aumentar los impuestos o modificar la base tributaria provincial, el día que anunció el incremento salarial para los policías. Si el resto de la administración pública persiste, no quedará otra alternativa. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115195/ley-pareja-ahora-todos-piden-35-y-el-gobierno-dice-que-no-alcanzan-los-fondos.html)

El crecimiento patrimonial que le adjudican a un funcionario clossista genera sospechas

08/12/2013 POSADAS Y ANDRESITO. La entrega en tiempo récord de 30 hectáreas fiscales a un empleado del Estado vinculado al subsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk, como publicó PRIMERA EDICIÓN el lunes pasado, no sería un caso aislado ya que existen numerosas denuncias por maniobras similares en el departamento General Belgrano. La mayor parte de los casos ocurrieron desde 2008 en adelante, en la zona de Andresito, de donde es oriundo el Subsecretario. Varias familias de agricultores denunciaron que repentinamente caducó el permiso de ocupación que tenían y aparecieron nuevos “ocupantes” con permisos firmados por funcionarios del Gobierno. Además de Syniuk y algunos secretarios que trabajan con él y podrían ser “presta nombres” algunas familias damnificadas señalan que hubo un funcionario clave que firmó permisos nuevos, se trata de Raúl Bonelli, director de Tierras Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de Tierras. Caso Queiroz Un caso muy conocido hace algunos años fue el de la familia Queiroz, propietarios de un aserradero en Andresito. Esta familia poseía desde 1967 el permiso de ocupación de 47 hectáreas en el lote 27 sección II del paraje Cabureí. El cuidador de esta parcela relató a FM San Martín que en 2008 “sin ningún aviso ni motivo alguno la Subsecretaría de Tierras hizo caducar el permiso de ocupación. Y ya en noviembre de 2008 le entregan el permiso de ocupación a dos personas vinculadas (a Syniuk), Alfredo Acuña y Flavio Varela. Como no queríamos dejar la chacra ante esta maniobra, rápidamente sale una orden de desalojo del Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú”, relató. Luego de reiteradas averiguaciones en Andresito, se pudo confirmar que tanto Varela como Acuña trabajan para Syniuk y se sospecha que alguno de ellos habría recibido otros permisos de ocupación. La familia Queiroz habría tenido contactos con altos funcionarios del gobierno pero lo único que pudo lograr fue retirar los pinos del predio, pero el terreno no pudo mantener. Siguiendo la pista de las denuncias por casos similares al de Queiroz, se halló a otros damnificados que relataron situaciones idénticas: sorpresivos vencimientos de permisos de ocupación, desalojos y otorgamiento de permisos nuevos a nombre de presuntos testaferros. “Teníamos tabaco, galpón, casa, familia, ganadería, el año pasado vino un desalojo porque nos dijeron que el permiso de ocupación había vencido, y nos desalojaron”, contó un tabacalero que al igual que la mayoría y por temor a las amenazas, solicitó el anonimato. El caso de 30 hectáreas Este diario publicó el lunes un informe donde reveló que un empleado público, que tiene una vivienda del Iprodha en Garupá y trabaja en Gobernación como secretario de Syniuk y Alejandro “Chiquitín” Damus, obtuvo 30 hectáreas fiscales en Andresito, sobre la ruta 101, en tiempo récord. Se trata de José Alfredo Acuña (sería el mismo del Caso Queiroz), quien presentó un formulario de “compra - permiso de ocupación” el 27 de noviembre de 2008 ante la Dirección de Tierras Fiscales solicitando el inmueble denominado “Lote 27-B -subdivisión del Lote 27 - sección II - Colonia Manuel Belgrano”. Curiosamente, menos de diez días después, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli (depende de la subsecretaría de Tierras y Colonización que conduce Jaime Ledesma) firmó la disposición 26 por la cual otorgó el permiso de ocupación por dos años sobre el mencionado inmueble. El documento lleva la fecha 5 de diciembre de 2008, en tiempo récord. Un funcionario cercano a esta oficina, conocedor de los trámites en Tierras Fiscales, señaló que “ningún trámite en Tierras Fiscales puede ser aprobado tan rápido sin la influencia del poder político. Hay productores que esperan años para que salgan aprobados”. Con el mencionado permiso, el ocupante puede tramitar el contrato de adjudicación y llegar a ser el legítimo propietario del inmueble, que en un futuro podría transferir o utilizar para las actividades que desee. Otro dato curioso es que en el expediente de solicitud del terreno figura como concubina del beneficiario una mujer que nunca estuvo en relación de pareja ni concubinato con el funcionario, por lo cual se cree que los datos fueron colocados en forma errónea o falsificados. Cuatro días después de firmar el permiso de ocupación provisorio, el 9 de diciembre de 2008, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli, otorga el Permiso de Ocupación formal, mediante el Expediente Nº 60/67 DT, por el término de dos años. La pregunta en este caso sería: ¿cómo puede ser que un funcionario que trabaja en Gobernación y el Concejo Deliberante puede acceder a ocupar una tierra fiscal a 300 kilómetros de distancia y dedicarse a producción ganadera, forestal y agrícola? Un dirigente político de la oposición, radicado en el Norte de la provincia, anticipó que presentará un pedido de Acceso a la Información Pública para saber si ese terreno recibió créditos o subsidios del Gobierno en el marco del programa Pro Alimentos. “Si esto es una maniobra armada, es posible que nos encontremos con subsidios para este inmueble”, señaló. Próspero empresario En las últimas semanas trascendió que el subsecretario o personas vinculadas a su entorno adquirieron una enorme chacra en límite fronterizo con Brasil, donde se está instalando una antena que sería para transmitir la señal de una radio nueva. Además, se cree que el subsecretario o allegados serían propietarios de un edificio que se podría alquilar al Estado en las próximas semanas. Se menciona la posible instalación de una oficina de Rentas de la provincia. Asimismo, un predio que pertenecía al Banco Provincia de Misiones en el municipio, también habría quedado en manos de personas que integran el círculo estrecho del funcionario. Ahí se encuentra funcionando actualmente una agencia de quinielas. El intendente de Andresito, Bruno Beck, tiene muy buena relación con Syniuk y habrían realizado algunos emprendimientos en conjunto. Un comercio que pertenecería a allegados al subsecretario sería un importante proveedor de repuestos del municipio. Y los vecinos sospechan que tiene otras chacras en el noroeste provincial, donde habría tajamares y plantines especiales de yerba, diseñados genéticamente en la Biofábrica, similares a los que muchos productores esperan recibir hace años. Los manejos del funcionario llaman la atención de los vecinos y transeúntes del lugar, por la imponente vivienda que posee, con un muro perimetral de dos metros de altura, cámaras de seguridad y la custodia personal que lo acompaña siempre. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/114825/el-crecimiento-patrimonial-que-le-adjudican-a-un-funcionario-clossista-genera-sospechas.html)

Radiografía del empleo público misionero, una gran deuda del Frente Renovador

23/06/2013 • Los salarios provinciales están entre los más bajos del país, hay ministerios con $268 de básico • Uno de cada tres empleados municipales no tiene estabilidad • Los municipios chicos están peor • POSADAS. Una década después de llegar al poder, la precariedad laboral y salarial de los empleados públicos misioneros sigue siendo una de las deudas más importantes que aún debe saldar el Frente Renovador. A pesar de tener niveles extraordinarios de crecimiento y expansión económica durante todo este período, el gobierno priorizó la obra pública y soslayó los reclamos gremiales. Los pocos sectores que lograron algunas reivindicaciones lo hicieron a fuerza de rebelión y duras protestas, por ejemplo, la Policía, los docentes y trabajadores de la Salud. Estos tres grupos se ubican entre los empleados públicos mejores pagos del Estado provincial, a pesar que el promedio de sus salarios oscila en los cinco mil pesos de bolsillo o menos, muy por debajo de lo que ganan empleados con la misma tarea en otras provincias. Incluso por debajo de la canasta básica familiar. El básico de estos tres sectores se ubica entre 700 y dos mil pesos, menos de la mitad del neto. La carrera laboral, el estatuto y los concursos brillan por su ausencia. Tampoco se implementan recategorizaciones. La antigüedad estuvo toda la década congelada y debido a la imposibilidad de la emergencia económica, hubo pocos pases a planta (decididos en forma arbitraria) y proliferaron contratos basura de todo tipo: con relación de dependencia, sin relación y monotributistas. Los trabajadores de la Administración Central, Casa de Gobierno y los Ministerios son los más retrasados: muchos de ellos todavía tienen el ingreso básico de 268 pesos y de bolsillo reciben menos de cuatro mil pesos por mes en todo concepto. En total, existe un universo de casi 50 mil trabajadores estatales provinciales, de los cuales, casi el 10% se encuentra con contratos basura, precarizados, sin estabilidad y muchos ni aportes previsionales ni jubilatorios. “El gobernador debería ir ajustando esta realidad. Es cierto que las ultimas recomposiciones vienen siendo remunerativos, pero tenemos diez u once decretos en negro que deberían ir al básico. Tenemos compañeros que no se pueden jubilar porque cobrarán la mitad de lo que ganan hoy y con eso no pueden vivir. Otro tema es la asignación universal, a nivel nacional se incrementó dos veces en el último año y la provincia todavía viene desactualizada”, enfatizó Juan Antúnez, referente de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Por su parte, Antonio “Toto” Martínez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó que “tenemos aproximadamente mil compañeros contratados que tienen más de 15 años de antigüedad y el Estado sigue violentando sus derechos sin pasarlos a planta permanente, violando la ley laboral, que establece que con dos años contratados deben pasar a planta”. Los jubilados representan otro sector de la administración pública que ha sido resignado en la década de gobierno del Frente Renovador. La única medida que se tomó en dirección hacia ellos fue para beneficiar a los que mejores ingresos tienen, inyectando dinero levantar los topes y salir paulatinamente de la emergencia previsional. “Tenemos 17 mil jubilados que cobran aproximadamente el 60% de los activos, y reclaman el 82% móvil, como estableció la Corte Suprema de Justicia. La mitad de ellos no puede vivir con su salario y tiene que hacer otras actividades para llegar a fin de mes”, agregó Toto Martínez, adjunto de ATE. Municipios, con realidad dispar Entre los 75 municipios misioneros emplean aproximadamente a once mil trabajadores con realidades laborales y salariales muy dispares dependiendo de donde se analice. Los municipios más grandes, con mayor número de empleados y buena porción de la coparticipación, son los que responden de mejor manera ante las exigencias gremiales. Por ejemplo, este año, Iguazú otorgó 500 pesos al básico a las categorías 12 a la 22 elevando a 1.623 el básico de la categoría 12; en Apóstoles hubo un aumento en blanco de 450 pesos; en Oberá entre 550 y 600 pesos también al básico (casi no tienen adicionales en negro); y en San Vicente lograron 25% de aumento. La excepción en este caso es Posadas donde hubo un incremento no remunerativo de menos de 500 pesos. Por otra parte, en el otro extremo, hay alrededor de entre 25 a 30 municipios que prácticamente no tocaron el sueldo básico durante los 10 años de Gobierno del Frente Renovador y sus empleados están en condiciones totalmente precarias, según el secretario adjunto de ATE. Son los municipios más pequeños, ubicados en la Zona Centro de la provincia la mayoría. El básico en la mayoría de estas comunas todavía no se movió de los 168 pesos y los salarios totales que perciben de bolsillo andan en los 2.500 pesos, “son condiciones prácticamente de esclavitud”, añadió Toto Martínez. No llegan a lo establecido por el decreto provincial 411/12 que establece un salario mínimo de 2.825 pesos y más abajo todavía de lo que fijó como mínimo para todo el país el Consejo del Salario, que se ubica en 3.300 pesos. “De los once mil trabajadores que tienen los 75 municipios misioneros, nuestros cálculos estiman que el 35% está contratado y precarizado, totalizan alrededor de 3.500 trabajadores. Por este motivo estamos impulsando el Estatuto Unificado para municipales, que pretendemos que se apruebe en todos los concejos deliberantes para que los compañeros municipales dejen de ser los peones del patrón de estancia y se los dignifique sin importar en qué Municipalidad trabajen”, añadió. Similitudes con los estatales nacionales Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, quiere decir que no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones. Los datos surgen de un informe encomendado por decreto 312/10) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que determinó el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados. De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria. Aunque podrían ser más teniendo en cuenta que 23 de las 183 jurisdicciones se negaron dar información. Por otra parte, la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), estima que suman 571.713 los trabajadores estatales nacionales, según publicó el diario La Nación. Esa misma fuente estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012 y que en Misiones serían 63 mil los trabajadores estatales, entre provinciales y municipales. En tanto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Al igual que la provincia, el Estado nacional precariza a los trabajadores de diferentes maneras: no existen concursos para ingresar a planta permanente sino que se decide arbitrariamente; también proliferan contratos con y sin relación de dependencia y los conocidos casos de monotributo. Como conclusión, algunos gremialistas nacionales consultados afirman que los gobiernos utilizan la precarización laboral como herramienta de disciplinamiento político y de esta manera se evitan dos problemas: reclamos salariales y que los empleados participen en política para otras fuerzas. No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse a causa de la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que publicó días atrás este diario, el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6.000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2.850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $2.875. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/105931/2187/radiografia-del-empleo-publico-misionero-una-gran-deuda-del-frente-renovador.html

Tensión en la renovación por la disminución en las encuestas

16/06/2013 POSADAS. Mientras algunos en el Gobierno empujan con todo su aparato la campaña de los candidatos legislativos, otros miran distantes el desenvolvimiento de los hechos políticos. Dentro del mismo Gobierno hay recriminaciones internas hacia algunos sectores que no estarían dando su máximo esfuerzo. Los motivos serían principalmente dos: la disconformidad con quienes encabezan las listas de diputados y concejales, y el poco financiamiento económico con el que cuentan para esta campaña. El aporte económico para las listas no es menor, incluso es mucho más de lo que cuentan los partidos de la oposición, pero a diferencia de años anteriores cuando la renovación tiraba manteca al techo, en estas legislativas, la “austeridad” pasó a ser una actitud central. La queja parte principalmente desde las segundas líneas del peronismo renovador que encabeza Carlos Rovira hacia los radicales renovadores, a quienes acusan de “hacer la plancha”. Lo cierto es que esta situación de tensión e incertidumbre se percibe con más fuerza en los en los municipios donde hay elecciones de concejales (Posadas, Apóstoles, Leandro N. Alem, Puerto Iguazú, Montecarlo, Puerto Rico y El Soberbio). Desde el radicalismo renovador se defienden argumentando que los candidatos que encabezan las listas, sobre todo de concejales en Posadas y de diputados (Julio Vivero y Roberto Chas Robineau) no son representativos de la Renovación. Vivero obtuvo el quinto lugar en el año 2011 en Posadas y Robineau siempre ocupó espacios de segunda línea en el Gobierno, con perfil bajo y funciones sin alta exposición. Por otra parte, los peronistas renovadores señalan que además de “hacer la plancha” los “RR” están prestando colaboración con sus ex correligionarios de la Unión Cívica Radical, o con algunos candidatos. Esto se observa, o al menos se sospecha, en varios municipios donde hay algunos vínculos entre “RR” y candidatos de la UCR. Para colmo, las últimas encuestas realizadas por el consultor político Gustavo Córdoba, que se conocieron esta semana, levantaron las señales de preocupación en el Gobierno, teniendo en cuenta que según los datos del especialista, el Frente Renovador caería alrededor de 30 puntos porcentuales respecto a la elección del año 2011, cuando obtuvo el 75%; ubicándose cerca del 45%, resultado similar al que obtuvo en el año 2009 cuando también hubo elecciones legislativas. La cúpula estaría al tanto, desde un principio, que el resultado final sería en torno al 45%, pero las segundas líneas del peronismo renovador se habían entusiasmado. Vínculos RR con algunos UCR A nivel provincial desde siempre se habló de la presunta relación que existe entre dirigentes del clossismo con el concejal y ex diputado Hernán Damiani. Dirigentes que actualmente trabajan en la campaña de diputados del radicalismo reconocen que reciben alguna “colaboración” de los radicales renovadores. Asimismo, nunca se negó la relación entre los Losada, el ministro de Desarrollo Social y su hermana María, que es candidata a diputada en la lista del centenario partido. En ocasiones se pudo ver a militantes que habitualmente trabajan para el Gobierno militando para la candidata radical. Además, allegados al “losadismo” gestionaron colaboración económica en Capital Federal para fuerzas políticas que no son precisamente del Frente Renovador ni aliados. En Alem los lectores de la política comentan con fuerza la vinculación entre el sector que encabeza el diputado Carlos Pereira con el radicalismo, principalmente el sector que lidera el ex diputado Pablo Andersen. Hasta se menciona que una alianza entre éstos podría desplazar de la presidencia del Concejo Deliberante al candidato del intendente, Diego Sartori, cuando se renueven las bancas en diciembre próximo. El sector de Pereira y el radicalismo colocaron un concejal cada uno en 2011; y podrían volver a hacerlo el 30 de junio, con lo cual en diciembre, cuando se renueven las bancas, sumarían cuatro concejales; superando en número a los tres que tendría el intendente Sartori. Esta posibilidad se tomaría como una fuerte traición al proyecto renovador, y Pereira la niega rotundamente, pero se comenta cada vez con más fuerza entre los dirigentes y militantes del municipio. En Irigoyen dirigentes del radicalismo confirmaron que “existe un apoyo encubierto” y que desde la renovación le pidieron votos de los candidatos radicales a diputados. El argumento sería la disconformidad con los candidatos del gobierno, y otros se acercan a la UCR porque quedaron afuera del reparto de cargos. “En este municipio hay peronistas que también apoyan abiertamente al radicalismo; nos han abierto las puertas de muchas escuelas para que podamos hablar del querellante, es un hecho histórico que nunca había ocurrido” confió un dirigente local. En Puerto Iguazú está la particularidad de que Salvador “Pili” Morel es un ex renovador, que ahora volvió arrepentido a la Unión Cívica Radical y en algunos actos de su campaña se pudo ver a militantes de la Renovación. Además se habla de que militantes y dirigentes de su espacio tendrían un acuerdo con los sectores que responden al ex intendente renovador Claudio Filippa, los dos en su rol de opositores al intendente actual, Marcelo Sánchez. El dato que fortalece esta teoría es que Morel conformó el interbloque opositor en el Concejo Deliberante junto a dos concejales renovadores; Marcela González y Roberto Arévalo. La UCR lleva a otros tres sublemas y es tanta la sospecha de que varios cuenta con apoyo renovador que uno de ellos, patrocinado por el diputado Horacio Spallanzani, usa como slogan que su candidato es “el único radical verdadero”, sugiriendo que los otros no lo son. En tanto, en Apóstoles, las sospechas de connivencia entre el intendente Mario Vialey y los radicales fue tan fuerte que el mismo diputado radical Walter Molina tuvo que salir a desmentir la existencia de un acuerdo, pero para esa altura la versión circulaba entre la militancia y los medios de comunicación locales. La versión se instaló por los contactos entre un concejal radical con sus pares renovadores en plena campaña. Y finalmente en Eldorado también se repite la misma situación que en otros municipios. Se observó a un importante grupo de renovadores trabajando para el radicalismo; al parecer por disconformidad con los candidatos y las directivas de campaña. Incluso empleados municipales cercanos al intendente Aguirre y de la Cooperativa Eléctrica, que habitualmente trabajan en política para la renovación, ahora estarían con los candidatos UCR, principalmente con Abelardo Giavotto. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/105571/2180/tension-en-la-renovacion-por-la-disminucion-en-las-encuestas.html

Publicidad oficial: gobierno de Closs paga $1,5 millones a medios de Cristóbal López

30/06/2013 • Aparecieron nuevos decretos de gastos sin licitación para el pago de millonaria suma en medios de comunicación que no lideran las audiencias porteñas ni en el país • Se viene el millonario SIAP II • POSADAS. A la hora de promocionar el turismo en los medios nacionales, el Gobierno provincial sigue desconociendo la austeridad que tanto pidió a los intendentes cumplir. A los millonarios pagos a Show Match, por casi 600 mil pesos por mes, conocidos en los últimos meses, ahora se suma otro desembolso millonario para medios amigos. En este caso, a través del decreto N° 356/13 se habilitó el pago de un millón y medio de pesos para la empresa “Comunicaciones Sudamericanas SA”, supuestamente para promocionar la provincia y sus “políticas de Estado” en medios porteños vinculados entre otros al grupo Indalo, propiedad del empresario K, Cristóbal López. El mencionado decreto ordena emitir publicidad en Radio 10 AM y FM; La Red; FM POP 101.5; 95.9 Rock and Pop y LS4 Radio Continental durante los meses de mayo, junio y primera quincena de julio de 2013. En el detalle del decreto se indica: “Frecuencia AM, franja horaria de 7 a 14 horas, por $ 600.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos. Frecuencia AM, franja horaria de 14 a 21 horas, por $ 300.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos”. Luego agrega: “Frecuencia FM, franja horaria de 8 a 20, por $ 600.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos”. El artículo 2 autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Gobernación, Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y Fiscalía de Estado a proceder a la liquidación y pago de la suma total de $ 1.500.000, en pagos parciales del importe certificado en forma mensual por Subsecretaría de Prensa, a favor de la firma Comunicaciones Sudamericanas SA, CUIT N° 30-71050977-7, con imputación a la partida: 02-01-0-1-90-1-01-012-01220 Código SCD 0-03 Divulgación de Políticas de Estado”. En el decreto no se detallan los criterios utilizados ni tampoco si el gobierno convocó a una licitación para saber en qué medios era más conveniente la promoción, teniendo en cuenta la sideral suma destinada. Ocho millones por el SIAP II Por otra parte, PRIMERA EDICIÓN accedió al decreto Nº 533 del 27 de mayo por el cual se le pagaron ocho millones de pesos a una consultora vinculada al gobierno por la elaboración de un proyecto de administración del sector público denominado SIAP II (Sistema Integrado de Administración de Personal). “Se hace necesario llevar adelante la implementación del mencionado programa SIAP II, y debido a su magnitud es necesario contar con asesoramiento calificado para el desarrollo de cada una de ellas, tratando de lograr con ello un óptimo uso, desarrollo, eficiencia e integración capacitada de las partes integrantes del Estado en el Proyecto” señala el decreto y beneficia mediante contratación directa a la firma Decisiones Empresariales SRL/Nomade Soft SRL Unión Transitoria de Empresas. La implementación se realiza con una primera etapa de doce meses con doce cuotas iguales y consecutivas de $ 242.000 y la segunda etapa de 24 meses por 24 cuotas iguales y consecutivas de $ 218.000; totalizando $ 8.136.000. El convenio fue firmado por el ministro de Gabinete Ricardo “Pelito” Escobar por parte del gobierno y el señor Carlos Alfonso Baigorría como apoderado por la firma. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/106313/2194/publicidad-oficial-gobierno-de-closs-paga-$1-5-millones-a-medios-de-cristobal-lopez.html

En la previa electoral, el Gobierno repartió 17 millones en subsidios

07/07/2013 En la previa electoral, el Gobierno repartió 17 millones en subsidios POSADAS. El Gobierno del Frente Renovador repartió en los últimos meses previos a las elecciones más de 17 millones de pesos en subsidios y aportes no reintegrables a cooperativas, pequeñas asociaciones civiles, clubes y entidades de toda la provincia. Casi 40 decretos en total se firmaron, originados por pedidos provenientes de diversos ministerios y organismos del Gobierno, para beneficiar con semejante suma de dinero en un año donde el gobernador dijo que había que tener austeridad y que las cuentas estaban complicadas luego de aprobar el aumento para los estatales. Llama poderosamente la atención que todo este paquete de subsidios, muchos de ellos a entidades amigas del gobierno, no se reparten en cualquier período, sino justamente a pocas semanas de las elecciones. Los meses donde se firmaron la mayor cantidad de decretos fueron abril y mayo de este año. El año pasado, por ejemplo, en el primer semestre se habían repartido menos de la mitad de los subsidios entregados este año. Quiere decir que, casualidad o no, en el año electoral el gobierno ablanda la billetera para repartir recursos de todo tipo y color, y con múltiples finalidades, muchas de ellas poco claras en la redacción de los documentos. PRIMERA EDICIÓN accedió a un gran número de decretos, gracias a informantes oficiales que facilitaron documentación, a través de lo cual se puede demostrar con precisión los montos exactos y las entidades beneficiadas. Muchas de ellas han cumplido al pié de la letra con el objetivo para el cual se les otorgó el beneficio, pero otros entes que recibieron fondos al día de la fecha no pueden demostrar con exactitud que los dineros fueron en la misma dirección en la que señala el decreto oficial. Los beneficiados Uno de los casos que más suspicacias levanta es un subsidio de 350 mil pesos, firmado el 8 de abril, para la Asociación Civil Agencia para el Desarrollo Juvenil, cercana al ministro Ricardo “Pelito” Escobar para todos los gastos que demande “la Muestra fotográfica interactiva y audiovisual y el film “Néstor Kirchner, la Película” que se realizó el 18 de abril en el Centro del Conocimiento y Convenciones de Posadas. El 18 de abril se entregó $ 300.000 a la Asociación Civil de Mujeres Emprendedoras, cercana a la subsecretaria de Cultura Griselda Martínez, para los gastos que demandaron el “lanzamiento y concreción de los Programas “Mujer, Arte”, “Participación de la Provincia de Misiones en el Mercado de Industrias Culturales Argentina 2013” y otros Programas Culturales desarrolladas por la mencionada Asociación”. Asimismo, el IFAI le entregó un millón y medio de pesos a la Cooperativa de la Industria de la Madera y Afines de Aristóbulo del Valle para “la terminación de la fábrica de tableros tipo Finger Joint”. Esta entidad ya recibió varios subsidios del gobierno en años anteriores y está radicada en el municipio del cual es oriundo el gobernador Closs. El 10 de mayo se le otorgó 195.000 pesos a la Asociación Civil Inclusión Solidaria para que se compre una camioneta Chevrolet S-10 “para uso exclusivo de la mencionada Asociación”. Otros 950.000 pesos fueron el 10 de mayo a manos de la Asociación Civil Manos a la Obra Comunidad Sana y Feliz para “traslados, comida, insumos, medicamentos, educación, mobiliarios y refacciones, que demanden los talleres y eventos culturales para niños, adolescentes y adultos que se desarrollan en la mencionada Entidad”. La Cooperativa de Oberá fue beneficiada el 13 de mayo con un millón de pesos (enésimo subsidio) para “concretar la 2da. etapa de perforación al Acuífero Guaraní - Oberá II- y adquirir equipos electromecánicos”. Y finalmente la Asociación Civil Pro Desarrollo Humano recibió en tres ocasiones 280 mil, 190 mil y 490 mil pesos, mediante dos decretos firmados el mismo día, el 27 de diciembre pasado, y un tercero firmado en abril de este año; todos para el mismo objetivo: “adquisición de materiales de construcción, combustible, movilidad, lubricantes, ayuda económica y gastos administrativos, que demande el apoyo de la mencionada Asociación al Programa Provincial de Recuperación Nutricional Hambre Cero”. Otros beneficiados Otros beneficiados fueron: $361.837 a favor de la Asociación Civil Armonía; $150.000 para la Asociación Civil Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Madera de San Vicente; $120.000 para la Federación Misionera de Basquetbol; $20.000 a la Asociación Civil Mesopotámica Encuentro con la Naturaleza; $248.800 dirigidos a la Asociación Civil Levántate, Camina, Sé Feliz; y $250.000 Asociación Civil “Escuela de la Familia Agrícola de Aristóbulo del Valle”. También recibió $250.000 el Aero Club Posadas; $ 200.000 para la Comisión Fiesta Nacional del Té; $1.500.000 para la Fundación Ipesmi; $1.500.000 para la Federación Argentina de Municipios para realizar el encuentro de intendentes en Iguazú; $20.000 para el Centro de Retirados y Pensionados de Gendarmería de Oberá y $50.000 en beneficio de la Asociación Civil Comisión Organizadora de la Fiesta del Agricultor. El Gobierno entregó además $75.000 a la Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe; $300.000 a la Asociación Civil Esperanza Social; $2.500.000 para la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día; $35.000 destinados a la Asociación Civil Centro de Combatientes Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas; $300.000 para la Asociación Ganadera Zona Centro; otros $2.000.000 para la Cooperativa Agrícola Limitada de Picada Libertad; $15.765 a la Asociación Civil Belgraniana; $500.000 para el Club Tokio Deportivo y Social; $301.844 para el Club de Pesca y Caza de Aristóbulo del Valle; $175.000 para Asociación Civil Pro Desarrollo Humano para tareas en Corpus; $30.000 para Templo Evangélico Asamblea de Dios y $100.000 para la Unión Cultural y Deportiva de Eldorado. Puede ocurrir que muchos de estos beneficios todavía no fueron entregados a las respectivas entidades destinadas, pero los decretos ya fueron aprobados, publicados en el Boletín Oficial y están en camino de concretarse, siguiendo los respectivos caminos administrativos y burocráticos del Estado. ONG vinculada a Griselda Martínez Mediante el decreto Nº 323, del 18 de abril de este año, una ONG vinculada a la ex subsecretaria de Cultura de la provincia recibió 300 mil pesos para realizar eventos culturales. Si bien, el gobierno suele otorgar este tipo de aportes para distintos tipos de actividades, es llamativo que la entidad que recibe este beneficio se encuentre estrechamente vinculada a una funcionaria de alto cargo. En este caso se beneficio a la Asociación Civil de Mujeres Emprendedoras, con personería jurídica A-3439, con domicilio legal en la calle 135 N° 8668 - Barrio Terrazas - Posadas, Misiones, que es la misma dirección donde habita en Posadas, junto a su familia, la subsecretaria de Cultura de la provincia, Griselda Martínez, quien presentó la renuncia al cargo el miércoles pasado. La Dirección de Griselda Martínez es la misma de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y es la misma que tiene su hija, Cinthya Salas Mora, según figura en el sitio digital del Tribunal Electoral. Salas Mora fue candidata a concejal de Eldorado pero tiene dirección en Posadas en la casa de sus padres, la subsecretaria y el vicepresidente del IPS, Luis Coco Gómez. Los dos funcionarios integran el nucleo cercano del ministro de Gabinete, Ricardo “Pelito” Escobar y la agrupación política Centro de Apoyo. En la imagen, tomada del sitio digital del tribunal electoral se observa que la dirección de Salas Mora es la misma de la ONG, según figura en el decreto. Supuestamente el subsidio es para “solventar los gastos de traslado, combustible, peaje, alojamiento, comida, cachet de artistas, honorarios profesionales, publicidad, folletería, impuestos, merchandising, impresiones, gastos de vestuario, material de librería, sonido, filmaciones, alquileres, traslados de obras, que demanden el lanzamiento y concreción de los Programas “Mujer, Arte”, “Participación de la Provincia de Misiones en el Mercado de Industrias Culturales Argentina 2013” y otros Programas Culturales desarrolladas por la mencionada Asociación”. El artículo 2° autoriza a la Dirección del Servicio Administrativo de Gobernación, Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y Fiscalía de Estado a proceder a la liquidación y pago de la suma de $ 300.000 a favor de la Institución mencionada, haciéndose el cargo al Presupuesto vigente, codificación: 02-01-0-4-90-1-03-031-03160 Aportes a Actividades no Lucrativas Código S.C.D. 0-01 Transferencias de la Unidad. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/106704/2201/en-la-previa-electoral-el-gobierno-repartio-17-millones-en-subsidios.html

Presupuesto 2014: el Gobierno necesitará financiamiento por 5.000 millones de pesos

18/08/2013 POSADAS. El Gobierno del Frente Renovador contempla un presupuesto de 16 mil millones de pesos para 2014, pero una recaudación solamente de 11 mil millones, y para llegar a esa cifra entre ingresos y egreso necesitará un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos, prácticamente un tercio del total previsto. Según los datos del proyecto de presupuesto, casi la totalidad de estos recursos, está previsto que salgan de las arcas del gobierno nacional de Cristina Fernández, principalmente de áreas como Planificación Federal y Obras Públicas, mayormente bajo la conducción del arquitecto Julio de Vido. Según palabras del propio gobernador Closs, estos recursos están previstos para obras en la provincia de Misiones como la continuidad de la autovía, la continuidad de la ruta 8, los planes de viviendas, y otras obras viales y de infraestructura, como así también el tendido de la red de fibra óptica. Si la Nación, por cualquier razón, decide no enviar estos fondos, la provincia debería achicar su presupuesto o suspender estos trabajos debido a que no contaría con los recursos propios para hacerlo. Estos fondos se movilizan por un camino paralelo al de la coparticipación, que es automática y se deposita todos los días en la cuenta de la provincia, de acuerdo a la recaudación de impuestos de la jornada anterior. La disponibilidad de estos recursos se habilita de acuerdo a convenios políticos e institucionales entre las provincias y el Gobierno central y muchas veces queda inmerso en la discrecionalidad política o el amiguismo entre los gobernantes. En este escenario, es difícil dejar de lado el hecho de que Misiones armó “rancho aparte” en el Congreso de la Nación, desprendiéndose del grupo del Frente para la Victoria (el partido de CFK) para consolidar dos bloques propios, uno de dos senadores en la Cámara alta y otro de cinco diputados en la baja. Esta separación se produjo después de las elecciones del 30 de junio y al parecer, por un enojo del Gobierno misionero con dos actitudes de la Nación: por un lado la demora en desembolsar los recursos del Fondo Especial del Tabaco y por otro, el apoyo de un aliado de Cristina como Martín Sabatella (titular del Afsca) al Partido Agrario y Social de Misiones, que es opositor al Frente Renovador. Tampoco se puede ignorar que la Presidenta necesitará los votos de los misioneros “aliados” en el Congreso, para aprobar determinadas leyes o definiciones claves, más ahora que los resultados electorales no le fueron favorables en la mitad de las provincias. En este marco quedan preguntas pendientes sin respuesta definitiva como por ejemplo ¿qué pasa si el Gobierno Nacional considera que sería mejor destinar esos recursos a otras obras u otras provincias? ¿Cuál es el porcentaje máximo aconsejable que debería calcular una provincia como necesidad de financiamiento? ¿No es demasiado riesgoso tener un tercio de los gastos dependiendo de la voluntad política de terceros? ¿Cuál sería el plan B en caso de que los recursos no lleguen? ¿Ajustes? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de salarios? ¿Suspensión de obras o trabajos públicos? Si bien es cierto que la provincia nunca presentó demasiados inconvenientes en la relación con el Gobierno nacional, y en cierta medida han cumplido en los últimos años con la necesidad de financiamiento, también hubo casos donde los fondos no llegaron o se demoraron demasiado, teniendo la provincia que suspender lo previsto o utilizar fondos propios para después gestionar el reintegro. La dependencia de la Nación A pesar de pregonar permanentemente la consigna de vivir con lo nuestro, la dependencia económica de Misiones respecto a los fondos provenientes de la coparticipación nacional es muy alta: de cada 100 pesos que gasta el Estado, 78 provienen de la Nación y sólo 22 corresponden a la recaudación propia. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte sobre el alto grado de dependencia que tienen las provincias de la coparticipación federal, lo que condiciona su autonomía financiera primero y política después. El menor crecimiento de la coparticipación, sumado al aumento del gasto público, ha generado preocupación en los gobiernos provinciales y la respuesta ha sido el aumento de impuestos, principalmente Ingresos Brutos, que es uno de los peores tributos de la estructura impositiva argentina. Misiones se adapta perfectamente a las conclusiones del informe, ya que el Gobierno elevó entre 0,5 y 1% el Impuesto a los Ingresos Brutos a varias actividades, a través de una resolución del gobernador Closs, a solicitud del director de Rentas Miguel Thomas. Otros organismos provinciales y municipios también han incrementado sus tasas, tarifas e impuestos este año (Emsa, Impuesto Inmobiliario, Iprodha, cartelería, etc) buscando resguardar la permanencia de sus cajas ante la merma de los envíos nacionales. Iaraf remarca que los recursos extra que esperan generar con la suba de impuestos (Misiones y otras provincias) no logrará compensar la desaceleración que están teniendo de coparticipación. Recursos Los recursos de la Administración Pública provienen: de la Nación, a través de la Coparticipación Federal de Impuestos; y de la Provincia, por los ingresos provinciales. Los recursos de origen Nacional han sido estimados en base a proyecciones, a la fecha de elaboración del Proyecto de Presupuesto. Estos recursos incluyen los provenientes del Régimen de Coparticipación Federal, Coparticipación Vial, Regalías y Otros. Los recursos de Origen Provincial, han sido estimados por la Dirección General de Rentas de la Provincia, conforme a los que se espera recaudar en función de la normativa vigente. Estos recursos comprenden a los ingresos tributarios, conformados por los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, Impuestos sobre el Patrimonio y Otros Impuestos; y a los No Tributarios, que son Tasas y Tarifas, Rentas y Utilidades y Otros. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/109006/2243/presupuesto-2014-el-gobierno-necesitara-financiamiento-por-5-000-millones-de-pesos-.html

Al menos dos firmas proveedoras del IPS están bajo sospecha

25/08/2013 • Las sedes fiscales que registraron en la AFIP no coinciden con las que estas empresas presentaron en el IPS • En esos lugares sólo hay viviendas particulares • POSADAS. La situación, por lo menos, aparenta ser extraña. Resulta que hay dos empresas proveedoras que le venden prótesis y otros insumos al Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones y que se encuentran radicadas en la misma dirección, en Posadas, pero tienen propietarios diferentes. PRIMERA EDICIÓN investigó el caso y accedió a varios documentos que corroboran la situación. Se trata de algunas “proformas” (presupuestos) presentadas por las dos firmas en cuestión, para participar de licitaciones o de ventas directas al Instituto. También se logró, gracias a una fuente anónima del organismo, un documento firmado por la presidenta del IPS, Sandra Montiel, por medio del cual autoriza “la cobertura del presupuesto” de una de las empresas por la suma de 135.200 pesos “por la provisión de materiales varios para afiliados” pero además le paga por adelantado. Se trata de una resolución del año pasado que en el segundo artículo autoriza a las “Direcciones de Administración a liquidar y de Tesorería a ´adelantar´ la suma mencionada en el artículo anterior”. En este caso, la empresa beneficiada es Insumos Pampa, y la dirección que figura en la proforma es Calle 60 Nº 7165. La otra proveedora en cuestión es Implamed, que también presentó ante el IPS un presupuesto con dirección en Calle 60 Nº 7165. En los dos casos aparece el mismo número de teléfono fijo. Si bien no es ilegal y no constituye ninguna irregularidad que dos o más empresas compartan la misma dirección, es por lo menos extraño que ocurra con dos empresas que se dedican a actividades relacionadas o similares, es decir, que pueden llegar a competir entre ellas y que en los dos casos le ofrecen productos a un organismo del Estado como el IPS. Otro dato curioso es que las dos empresas, ante la AFIP, presentaron diferentes direcciones fiscales. De acuerdo al formulario de inscripción ante el organismo recaudador, Implamed tiene domicilio fiscal en Catamarca Nº 1375 de Posadas, mientras que Insumos Pampa se inscribió en Calle 135 Nº 3145. Quiere decir que en los presupuestos oficiales que se entregan al IPS tienen una dirección y cuando se inscribieron en la AFIP otorgaron otra como domicilio fiscal. Este diario se acercó hasta la Calle 60, en inmediaciones de Villa Cabello, pero en la cuadra solo se observan domicilios particulares y nada hace pensar que en una de esas viviendas funcione una empresa proveedora de prótesis; aunque parecer no sea una condición necesaria. En las otras dos direcciones fiscales (Catamarca Nº 1375 y Calle 135 Nº 3145) tampoco hay indicios que permitan confirmar ahí el funcionamiento de una empresa proveedora del Estado. No hay cartelería ni publicidad ni tampoco oficinas comerciales. En todos los casos se observan viviendas particulares. Dos informantes con oficinas en el Instituto, que suelen ver expedientes de estas empresas entre los expedientes que pasan por sus manos, comentaron a este diario que es frecuente su participación en licitaciones o ventas al IPS. Pero suelen aparecer en forma alternada, compitiendo en precios con otra tercera empresa, radicada en Capital Federal, que también provee insumos al IPS. En varios expedientes se encontró que Insumos Pampa e Implamed comparan o cotizan precios con Vasculart o con Osteolife. Puede ser producto de la casualidad, pero las dos que tienen la misma dirección no compiten entre ellas, sino siempre con una tercera. Aunque a simple vista no hay ninguna irregularidad comprobada, algunos empleados del Instituto consideran que la situación merece, por lo menos, una investigación y aclaración debido a que -desde que llegó Sandra Montiel a la presidencia-, comenzaron a correr rumores, nunca comprobados, sobre negociados con algunas proveedoras “preferidas”, mientras que otras denuncian sentirse discriminadas y al margen de los negocios. Incluso dejaron trascender que sería irregular el hecho de que el auditor que firma y autoriza la compra de todos los implantes, prótesis, etc, es un doctor que está en pareja con la presidenta del organismo. Algunos recuerdan y comparan con una situación similar en la que la senadora Sandra Giménez, cuando era diputada provincial, tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacer porque su marido, Germán Bezus, era el subsecretario a cargo del programa. Creen que en el IPS se produciría la misma “incompatibilidad”. Entre la documentación a la que tuvo acceso este diario, figuran dos ofertas de estas dos empresas que son muy llamativas, ya que los productos que ofrecen son casi los mismos; por precios similares y las propuestas fueron presentadas en la misma fecha: el 6 de junio de 2012. En los dos casos están selladas por el IPS. El primer presupuesto, de Implamed, con fecha 6 de junio de 2012, por 36 mil pesos es para comercializar microplacas en L para metatarsiano, set de placas en diferentes medidas y set de micro tornillos, todo en titanio y set de instrumental específico asistencia técnica en cirugia. Por su parte, un presupuesto de Insumos Pampa ofrece el mismo día (6-6-2012) sistema de microplacas de titanio rectas, L, T y curvas, para metatarsiano; set de placas en diferentes medidas alternativas, set de micro tornillos titanio y autoperforantes clavijas, set instrumental para colocación, asistencia técnica en cirugía; por un monto 33.800 pesos. Algunos favoritos, otros discriminados Un grupo de proveedores del Instituto de Previsión Social hizo conocer su malestar por el modo en que la presidenta del organismo, Sandra Montiel, decide las compras, según dijeron a este diario. Puntualmente, enfatizaron su reclamo en que por un lado hay droguerías y empresas “amigas”, que son beneficiadas con las compras más importantes, y por otro lado algunas que se sienten discriminadas del reparto o solo les toca las ventas menores. Ya el año pasado hubo un grupo que manifestó a este diario sus reclamos por esta situación, que habría cambiado muy poco. Entre las droguerías “amigas” apuntaron especialmente a una que fue inaugurada hace sólo dos años, pero a pesar de su corta vida, se queda con una importante tajada del negocio, desplazando a otras con mayor trayectoria, dijeron, como proveedora del IPS pero también del Ministerio de Salud. La firma señalada aparece a nombre de un joven abogado, ex funcionario provincial hasta el año 2009, muy vinculado a una empresa monopólica de la provincia. Este abogado fue director en el Ministerio de Desarrollo Social de donde habría sido echado por el gobernador Closs. En el ministerio comentan que luego siguió vinculado al ministro Joaquín Losada en algunos negocios privados. Los presuntos discriminados explicaron que la provisión de medicamentos al IPS encierra un negocio de más de seis millones de pesos por mes. Hay preocupación en el grupo porque dice que las perspectivas no son buenas si la presidenta del organismo mantiene el criterio de compras. El Instituto de Previsión Social tuvo en 2012 un presupuesto cercano a los 896 millones de pesos, lo que significa un incremento de aproximadamente 20 por ciento. El área previsional demandará aproximadamente el 58 por ciento de esa suma, mientras que los gastos para la obra social representan otro 32 por ciento. “Estamos hablando de más de 250 millones de pesos para la obra social en 2012, una importante parte de eso es para pagar a las droguerías que abastecen medicamentos. Estamos preocupados ante la posibilidad de que todo el negocio quede en pocas manos”, advirtieron. El IPS atiende a unas 233.000 personas, de las cuales 66.000 son beneficiarias del seguro provincial de salud y otros 167.000 son afiliados directos a la obra social. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/109407/2250/al-menos-dos-firmas-proveedoras-del-ips-estan-bajo-sospecha.html

El Soberbio: declina el “reinado” de un caudillo pintoresco

01/09/2013 EN LA CUERDA FLOJA. Alberto “Coleco” Krysvzuk, sumido en serias dificultades tras diez años en el poder. • Fue suspendido y podría ser destituido en su tercer mandato • Pocas obras, sospechas de corrupción son parte de su gestión • EL SOBERBIO. “A ‘Coleco’ es más fácil encontrarlo en la radio o en una fiesta del pueblo que en la Municipalidad”, comentan los vecinos con tono jocoso y sonrisa burlona. Para algunos puede ser una exageración pero para otros, que vivieron experiencias propias, es parte de la realidad del municipio de El Soberbio, donde el intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk lleva las riendas de mando desde hace 10 años. No hay duda que le puso impronta propia a su gestión. Alrededor de las 6, se lo puede escuchar en la radio, todos los días, donde le habla a quienes fueron su alianza para permanecer 10 años en el poder: los productores de las colonias de alrededores del pueblo, que a esa hora se preparan para comenzar su jornada laboral en las chacras; luego pasa un rato por la Municipalidad a ocuparse de algunas cuestiones y el resto de la jornada pasa entre reuniones y cuestiones personales. El jueves fue suspendido por el voto de cinco de los siete concejales. No es un dato menor que cuatro renovadores votaron a favor de crear una comisión investigadora. Si hay pruebas suficientes, en menos de dos meses podría ser destituido definitivamente. En el pueblo hubo festejos por un lado y desazón por el otro. Así como muchos lo detestan por los manejos desprolijos de los recursos municipales y los ineficientes servicios que presta, otros lo aprecian por su carácter popular y carismático. Por ejemplo, es común para los vecinos verlo convocar a “grandes” reuniones en un quincho que sería propio, donde se comparte buena carne y abundante bebida, en jornadas que se extienden desde la media mañana hasta la tardecita, que transcurren charlando y oyendo música regional con sus seguidores políticos. Manejos turbios y desprolijos En sus diez años al frente del Municipio de El Soberbio, Krysvzuk casi nunca presentó al Concejo Deliberante la información que está obligado a presentar por indicación de la Carta Orgánica. Demasiada paciencia tuvieron los concejales, aunque algunas veces, según comentan los vecinos, pudieron haber mediado favores políticos o de otro tipo, entre las partes. Al parecer la cuerda se tensó al límite y algo en la relación de “Coleco” con los ediles se quebró. En 10 años su forma de manejarse siempre fue la misma, pero el jueves algo cambió. Según datos del Ministerio de Hacienda, recibe cerca de 400 mil pesos por mes sólo por coparticipación, pero los sueldos municipales se pagan cerca de la mitad de esos recursos. Además, el municipio se beneficia con fondos de planes nacionales como “Más Cerca” y el “Fondo de la Soja” pero nadie pudo saber nunca a dónde fueron esos dineros, como tampoco se conoce en qué gasta el resto de la coparticipación que no va a sueldos. En reiteradas oportunidades los concejales y vecinos pidieron conocer cuáles son los bienes municipales, debido a que todos los camiones que realizan la recolección de residuos tienen pintado su identificación popular: “Coleco”. En un reclamo anterior, tuvo que reconocer, pero solo verbalmente, que la mitad de los camiones le pertenecen a su esposa (o sea, también a él) y que son alquilados al municipio, admitiendo una grave “incompatibilidad”. Tampoco se conoce la planta de empleados municipales, dentro de la cual hay personal que está en planta, otros contratados con o sin relación de dependencia y algunos trabajadores que aseguran hacer “changas” para el intendente, que les paga “de su bolsillo” lo que él considera que vale el trabajo solicitado, algunos días a la semana. “Tener un trabajo fijo en nuestro pueblo es ser un ´privilegiado´ por eso, al manejar la caja, “Coleco” maneja las voluntades y las necesidades de la gente a su antojo”, contó un técnico del Ministerio del Agro que asesora a cooperativas de la zona y conoce los manejos y desmanejos municipales por tener que oír todos los días, desde hace años, las quejas de los colonos sobre la administración. Además saca una importante ventaja política con los programas y planes nacionales, de Anses o Desarrollo Social, que llegan al bolsillo de los vecinos y productores pero a través de gestiones municipales donde él se presenta como el principal impulsor. Por lo menos el 30% de la población recibe dinero por pensiones por vejez, invalidez, discapacidad, por familia numerosa, asignaciones familiares, jubilaciones sin aportes, u otros beneficios. Muchos de ellos creen y juran que fue el intendente “Coleco” quien les dio ese aporte, sin conocer que son derechos adquiridos por decisiones nacionales y la Municipalidad solamente hace de intermediaria. “Son votos cautivos y clientelares”, se quejan en la oposición. El concejal Héctor “Neco” Schwart consideró que “este intendente ha tenido la suerte de que le tocó gobernar en una etapa de crecimiento del país. Antes, la coparticipación más todo lo que se recaudaba iba para sueldos, pero en esta última década los sueldos se pagan con la mitad de la coparticipación, la otra mitad sobra pero en 10 años tengo entendido que la inversión sólo fueron tres retroexcavadoras, dos camiones usados, aunque no tenemos datos si se compraron o no porque hay otros que son alquilados, y algunas obras mínimas en la plaza”. Muy poco para 10 años de intendencia. Por otra parte, llama la atención y genera sospechas en gran parte de la población el nivel de vida que lleva el intendente, quien pasó de ser un humilde comerciante a llevar una vida muy costosa, llena de lujos. Los que lo conocen de cerca afirman que posee numerosas propiedades con muchas construcciones y emprendimientos privados, comerciales y turísticos. Si así fuera, algunos concejales creen que difícilmente pueda comprobar de dónde obtuvo los recursos propios. Cero en gestión y servicios La Municipalidad no tiene personal en actividades vinculadas a la Planificación, no tiene control de Bromatología y nadie actúa en cuanto a recaudación de impuestos. Solamente un par de agentes para el tránsito y la recolección de residuos, es todo. Los vecinos construyen donde mejor le parece, bloquean las veredas, de un día para otro aparecen casas en medio de donde era una calle y casi la mitad del pueblo carece de títulos de propiedad. El distrito de Emsa lo consiguieron los vecinos por gestiones propias y las cooperativas se encargan de muchas obligaciones que debería cumplir el Municipio. Incluso los Bomberos subsisten y se las “arreglan” sin ayuda de la comuna. La salida laboral es mínima y los jóvenes no tienen donde continuar una carrera terciaria, muchos jóvenes deben trasladarse todos los días a San Vicente para estudiar y cuando le pidieron ayuda al intendente, les negó. En los últimos años “Coleco” quebró la alianza más fuerte que tenía con un sector de la población que lo acompañó en las dos primeras elecciones: los productores de las colonias. El voto de éstos fue fundamental en sus triunfos electorales, pero la falta de mantenimiento y renovación del Parque Vial lo alejó de este sector. “Los caminos se encuentran en pésimo estado, hace un año fue la última vez que arregló y ahora no podemos sacar los camiones con producción de las chacras. El intendente le cobra el combustible a los consorcios (comisión vecinal) pero después resulta que las máquinas viales no funcionan porque no tienen mantenimiento, no se compraron nuevas máquinas, entonces no se arreglan pero tampoco se reintegra el combustible”, apuntó el concejal del Partido Agrario y Social “Neco” Schwart, quien vive en Colonia el Fisco, a 30 km del pueblo por camino de tierra. Por su parte, Mauri Gall, un productor esenciero de Fisco, domiciliado en Ruta 15 km 18, se quejó porque “hace un año le entregamos 600 litros de combustible y solamente arreglaron un tramo del camino, luego se fueron a otra colonia con 360 litros que eran nuestros”. “En otra ocasión nos pasó lo mismo, el tractor se fue con 160 litros que era un remanente, los productores queremos que nos devuelva el combustible pero no el líquido, queremos que nos devuelva en arreglos de camino. La última vez que arregló fue hace un año, nosotros juntamos firmas y ahora le vamos a llevar al Concejo Deliberante”, agregó. Por último brindó su razonamiento político: “Nosotros no queremos este intendente si no nos va a apoyar. No queremos tener una persona en El Soberbio que no nos da resultado. Hoy, vaya a la colonia que vaya, todo el mundo se va a quejar de la misma manera. Si no nos respalda queremos que se vaya”, sentenció. Rosa “Eliani” Emilia, concejal electa por el Frente “Luche y Vuelve”, que asumirá el 10 de diciembre, dijo a PRIMERA EDICIÓN, “en gestión yo le pondría nota cero al intendente”. “Los primeros años hubo un trabajo importante de “Coleco” pero después se implementó la cultura únicamente de las pensiones, dejando al costado otros temas. Nunca se pensó en traer una industria para generar trabajo. Con las pensiones se sujeta un margen de votos pero no se puede ofrecer una pensión a los jóvenes ni a la gente que está en condiciones de trabajar, con eso no hay futuro”, evaluó la edil electa. Por último “Eliani” reclamó que “ojalá esta comisión ponga a la luz del día todos los hechos de la gestión, así sabemos qué tiene el municipio y qué no tiene, qué falta hacer y qué se hizo, que los concejales tengan el coraje de hacer lo que pide la población y que la próxima gestión, sea el intendente que sea, maneje las cosas con más transparencia”. Otro problema trascendental que tiene el municipio y no se solucionó en 10 años es la falta de agua potable. “La planta potabilizadora municipal no tiene depósito para almacenar agua, tienen que procesar el agua e inmediatamente enviarlo. La población creció, la plata es la misma, esto se podría resolver con un depósito de agua cisterna, pero no se hizo nada”, reveló un técnico agrario que prefirió el anonimato por temor a represalias. El informante reveló que “el agua, después de pasar por los filtros de planta potabilizadora, debería permanecer 72 horas con cloro para el tratamiento de microorganismos, pero el agua se larga cada siete u ocho horas sin el tratamiento adecuado porque no da abasto, si esperan 72 horas todo el pueblo se queda sin agua”. Otro dirigente local, vinculado laboralmente a la Municipalidad, contó que “se está construyendo una nueva planta potabilizadora pero va a quedar chica para el pueblo. Antes de terminar la obra ya sabemos que va a quedar chica y no va a dar abasto; en lugar de proyectar para 20 años a futuro ya estamos atrasados”, se quejó. Asfalto, primero por casa “Lo único que pudimos observar que se hizo fue un arreglo de mil metros en la plaza y el mástil en la esquina del centro, es una inversión mínima, después no tenemos conocimiento de ninguna otra obra con los fondos de la soja”, explicó el concejal Schwart. Agregó que “ahora vimos que comenzó un par de cuadras de empedrado, pero sólo hubo movimiento unos días antes de las elecciones, después quedó todo parado, es demasiado poco”. Otro vecino y empresario del centro de la ciudad, que fue candidato a intendente en años anteriores, consultado por este diario relató que “casi las únicas cuadras de asfalto que hizo la Municipalidad empezaron a ser construidas cerca de su propiedad, fueron una de las pocas que se hicieron en toda su gestión”. Y remarcó que “la licitación de la terminal del pueblo y de la terminal de San Pedro tuvieron montos similares de presupuesto, pero resulta que la terminal de San Pedro es cuatro veces más grande, entonces no entendemos este tipo de cuestiones”. Los caminos del municipio están totalmente abandonados, muchas veces se arreglan por la voluntad de los vecinos, mientras las máquinas retroexcavadoras se oxidan a la intemperie en un predio municipal. Además, le niega a los bomberos los fondos que le debe transferir, obligado por ordenanza, para la construcción de la obra del cuartel y el mantenimiento del camión. “Es una lástima que perdimos diez años de crecimiento económico y como pueblo no crecimos nada, El Soberbio no creció en nada, mientras otros municipios crecieron a pasos agigantados, con obras, asfalto, nosotros seguimos igual, es por la falta de transparencia que nunca hubo”, remató un vecino de la misma manzana de la Municipalidad. Bomberos, sin apoyo municipal José Pires, presidente de la Comisión de Bomberos y empleado municipal, se quejó porque hace meses la Municipalidad les retiene los fondos para la construcción del cuartel y les niega cualquier tipo de apoyo. “Hoy nos está faltando material, lo que tenemos fue donado por los vecinos, despacito estamos haciendo la obra, hace dos meses está todo parado porque no tenemos los recursos, nos movemos cuando un vecino trae una bolsa de cemento, otro un poco de piedra, otro arena, y así estamos. Muchas veces hicimos fiestas, venta de pollo para juntar dinero pero no nos alcanza”, enfatizó el bombero voluntario. Relató que “tenemos un camión que trajimos del Cuartel de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que nos dieron totalmente fiado y le estamos pagando como podemos”. “También tenemos muchos gastos para capacitar a los muchachos, por suerte tenemos siete bomberos voluntarios que viajaron a capacitarse y ya están recibidos, todo eso sale plata y muchas veces tenemos que poner de nuestro bolsillo, a pesar que el intendente debe transferirnos una suma mensual”, agregó Pires. El voluntario contó que “existe una ordenanza municipal de los concejales para hacer fondo para los bomberos que sale del impuesto a la propiedad de la tierra, la Municipalidad debe trasferir pero no lo hace, el año pasado le intimamos y solo nos depositó la mitad de un trimestre, cada trimestre recaudó mas o menos 35 mil pesos que nos debía transferir y en todo el año nos transfirió 15 mil pesos; y este año nada”. “Así hay veces que dan ganas de abandonar todo, no tenemos otro tipo de ayuda, solo unos días de mano de obra de los compañeros empleados municipales, pero no se entiende que el gobierno municipal ni provincial no apoye a los bomberos, que prestamos un servicio para toda la comunidad, somos los primeros ante cada incendio o accidente”, añadió. Y por último se quejó porque “tampoco el gobierno provincial nos ayuda, le pedimos y el secretario privado del gobernador nos prometió un subsidio pero anduvimos meses atrás y no recibimos nada, no entendemos porque es una ciudad turística, todos los días hay accidentes en la ruta costera y nosotros trabajamos sin tener respaldo de nadie, solos de los vecinos, comerciantes y empresarios que aportan lo que pueden”. Por otra parte, un grupo de estudiantes de magisterio se entrevistó con este diario y contó las odiseas que tuvieron que pasar para seguir estudiando. Durante los primeros meses del año utilizaron para viajar todos los días a San Vicente, un colectivo perteneciente a una escuela local pero que estaba a cargo de la Municipalidad de El Soberbio. Ellos tenían que pagar el combustible y en julio el chofer, un empleado municipal, le empezó a pedir el viático. Luego le pidió el dinero para el combustible que se negaron a dárselo. El incidente llegó a oídos de “Coleco” quien sacó al chofer y entregó el colectivo para que los jóvenes manejen, solamente firmando un papel de autorización. En tres días de viajes tuvieron múltiples problemas de frenos, luces, asientos, roturas en el motor, finalmente el micro dejó de funcionar. Cuando le pidieron mantenimiento “Coleco” se negó. Entonces bloquearon la calle del centro de la ciudad el 27 de julio para llamar la atención sobre su problema. Finalmente, y luego de mucha presión, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza obligando al Municipio a ayudar con la mitad del costo, mientras que los estudiantes deberían cargar con la otra mitad. Son 32 estudiantes que cada mes deben abonar seis mil pesos a una empresa privada que los traslada, mientras que el municipio pone otros seis mil, pero solamente hasta fin de año. Temen que el año próximo no tengan como moverse y muchos de ellos no cuentan con los recursos para viajar en micros de linea todos los días. El conflicto de la soja Uno de los detonantes de la decisión de avanzar con la comisión investigadora habría sido el descubrimiento de la AFIP de un cargamento de soja donde quedó detenido un sobrino de un concejal que no votó por la comisión investigadora. Para ese entonces Coleco ya tenía inconvenientes con el Concejo. Justo unos días antes del operativo policial, bolsas similares de soja fueron fotografiadas en un quincho municipal donde se toman los exámenes viales a los conductores que quieren recibir el carné de conducir. El quincho podría ser del intendente y la soja incautada estaba en bolsas similares a las que había en el quincho. Muchos sospechan que “Coleco” o uno de sus funcionarios más cercanos tendría relación. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/109763/2257/el-soberbio-declina-el-%E2%80%9Creinado%E2%80%9D-de-un-caudillo-pintoresco.html

Candelaria, el pueblo donde mandan el miedo y el autoritarismo

08/09/2013 • El gobierno renovador de Carlos Flores presenta cada vez más hechos polémicos • Un Concejo que no controla y que hasta fue capaz de regalarle el terreno fiscal al jefe comunal donde era ocupante • CANDELARIA. Miedo, sospechas de corrupción y autoritarismo son características inocultables que se perciben entre la población de Candelaria, su gobierno y los hechos que han sucedido en los últimos años. Además de la pobreza en la que vive casi un tercio de su gente y las pensiones no contributivas, que se repartieron como caramelo y pasaron a ser un sostén económico elemental para el municipio, que tiene casi al 10% de sus habitantes como beneficiarios, siendo el porcentaje más alto de Misiones y del país para un poblado normal. La ex capital misionera tiene unas 23 mil personas, muchísimas en situación de pobreza. Mientras, se afirma, su intendente, Carlos Flores, y sus allegados más cercanos, se han enriquecido notablemente y mantienen una vida costosa, llena de lujos, a pesar que llevan solo la mitad de su segunda gestión en el cargo (seis años). Flores ganó su segunda intendencia en el año 2011 con sólo 2.400 votos, apenas el 10% de la población, gran parte de ellos fueron votos clientelares de personas humildes que reciben planes o ayuda del Estado y que fueron trasladados por los punteros municipales para votar. El otro 90% no acompañó su gestión con el voto pero gracias a la trampa de la ley de lemas un dirigente como él, con escasa representación, puede convertirse en intendente municipal. La gente tiene miedo, no se encuentra a nadie que se anime a denunciar ni comentar en público nada que sea crítico al gobierno municipal. Pero en voz baja tienen muchas cosas para contar y demuestran impotencia ante la marcha de los sucesos. “El intendente maneja todo, cualquier cosa donde circule dinero él tiene un pie metido ahí, no deja que nada crezca sin su presencia”, resumió un vecino a pocos pasos del municipio. El Concejo Deliberante funciona como un anexo administrativo del Ejecutivo, ya que cuatro de los cinco concejales (tres renovadores y una radical) votan a favor de todos los proyectos oficialistas. Pocas veces solicitan informes o explicaciones sobre los proyectos, salvo en los más polémicos. Las compras, licitaciones, acuerdos, contrataciones, entre otras cuestiones administrativas que realiza la Municipalidad, pocas veces pasan por el Concejo, y en los casos que llega el expediente, se aprueba sin debate de por medio. Son fuertes las sospechas de los vecinos de que Flores y sus allegados municipales utilizan los recursos municipales (personal, fondos y vehículos) para cuestiones personales. De hecho, hay una denuncia presentada en la Justicia por un caso de estos. Se trata del caso de Oscar Aníbal Monzón, un vecino histórico de Candelaria, conocido por todos, que vendió su casa en Buenos Aires para venir a trabajar -según su denuncia- en una panadería con el tesorero municipal Hugo Paiva. Según relató Monzón a PRIMERA EDICIÓN, “yo conozco a Paiva de chiquito, me comentó un día que quería poner una panadería y me ofreció trabajar con él. Yo vendí mi casa en Buenos Aires porque vivía cerca de una villa, pero cuando vine me encontré con otra realidad: me pagaba 500 pesos por semana y me trataba mal. Me ofreció una pensión como discapacidado pero yo no acepté. Cuando le reclamé que necesitaba trabajar en blanco me echó, me dejó en la calle sin nada”. “Yo hice la denuncia y me amenazaron de muerte, que iban a traer un sicario paraguayo, que me iban a hacer pegar por la patota de la UTA (el gremio de colectivos del cual el intendente Flores es tesorero), pasaban semanas que no podía dormir, entonces me tuve que ir de nuevo a Buenos Aires, pero hice la denuncia y le voy a reclamar hasta el final”. Monzón agregó además que “tengo facturas donde se compraban insumos para la panadería todo a nombre de la Municipalidad”. “Ahora Paiva dice que no me conoce pero cuando yo me fui a la Anses descubrí que tenía un contrato por más de tres mil pesos en la Municipalidad, firmado por Paiva, y esa plata yo nunca la vi, alguien se quedaba con la plata de mi contrato”. Monzón se anima a realizar la denuncia porque ya no tiene domicilio en Candelaria, pero asegura que “mi casa está ocupada, cuando yo me fui trajeron a una familia a vivir ahí. Yo en Buenos Aires estoy alquilando pero tengo diez chicos para mantener, por eso voy a continuar con ese juicio porque me quedé tirado”. “Hay mucho miedo en Candelaria, todos conocen los manejos de ese grupo, pero nadie dice nada porque enseguida te mandan la patota. Además la gente es muy pobre, muchos viven solo con las pensiones y otros no tienen nada”, finalizó. Un “terrenito” para Flores Es común escuchar a los vecinos hacer comentarios sorprendidos por el crecimiento patrimonial de los funcionarios municipales y la cantidad de propiedades que recorren, todas con construcciones en camino. En algunos casos, se observan empleados y maquinaria municipal trabajando. Hubo un caso que fue muy resonante, cuando el propio Ejecutivo (ejercido por Flores) envió un proyecto de ordenanza para otorgar títulos de propiedad a los ocupantes de una manzana fiscal determinada como manzana 252 solares A y H, entre los cuales estaba la vivienda del propio intendente. Ni siquiera tuvo la delicadeza de pedir a uno de sus estrechos concejales (incluso la edil radical) para no ser él mismo el beneficiado particular de su propia iniciativa gubernamental. A pesar de ser muy exagerada la “irregularidad” y del revuelo, con fecha 30 de abril, los concejales aprobaron la afectación de las tierras fiscales “al uso particular por parte de las familias que acreditan la tenencia y utilización con un plazo de 10 años”, entre los que aparece Carlos Omar Flores, Lidia Beatriz Cristaldo y Sixta Melgarejo Silva. Con fecha 17 de mayo, la ordenanza 25/13 fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia con lo cual, cerró el plazo legal para que el trámite siga adelante. Además, los que vieron alguna vez de cerca la contabilidad municipal se sorprenden porque existirían – dicen - compras de todo tipo que no tienen relación con el funcionamiento de un municipio, como equipos de discoteca, materiales de construcción, insumos de panadería, y otros productos que los municipales no conocen su destino. Emprendimientos bajo sospecha Muchos de los emprendimientos que impulsó la Municipalidad se encuentran bajo sospecha de la comunidad, que observa maniobras “raras”, escasas de transparencia, que le generan desconfianza. • Hipódromo: se construyó en plena calle, con recursos municipales y empleados municipales. Una vez terminada la obra y cuando comenzaron a realizarse las primeras carreras, el municipio decide entregar todo a una asociación civil, cercana al intendente, cuyo presidente fue candidato radical y figura como integrante de la Cooperativa de Servicios Públicos de Candelaria Limitada (Coscal), Juan Brunner. El Concejo Deliberante votó a favor sin chistar. Varias veces se vio a Flores cerca de la cantina en las carreras. A los pocos meses, con el avance de las obras de la EBY, el hipódromo quedó geográficamente en medio del plan de obras y la asociación civil habría recibido una millonaria indemnización en forma de subsidio por parte de Yacyretá, no se conoce el monto pero algunos hablan de siete cifras. • La Salada: los vecinos y compradores consideran que la Salada Misionera aún no llena las expectativas. A los que estacionan cerca se le cobra estacionamiento con precios elevados y no le dejan a los vendedores instalar puestos de venta de alimentos o bebidas en las inmediaciones, solamente allegados al municipio pudieron hacerlo. Algunos creen que el intendente tiene puestos en el lugar ya que por la tarde se lo pudo ver bajando bultos e introduciéndolos al galpón. • En la radio donde el intendente tenía un programa se puede observar a empleados municipales en horario de trabajo. Algunos creen que cumplen funciones en la radio. También habría un empleado municipal todos los días en una parrilla, junto a unas cabañas, instalada en la entrada al pueblo. • Pensiones: El director del hospital local, Ricardo Pereira, denunció que le falsificaron la firma para obtener pensiones truchas por discapacidad. Serían más de dos mil en todo el pueblo y 300 con firmas truchas, el 10% de la población sería discapacitada, pero se sospecha muchas podrían caer luego de la investigación que encamina la justicia. Se detectó a funcionarios municipales, algunos parientes del intendente y otras personas que no necesitarían ese beneficio. En los próximos días el juez Marcelo Cardozo citará a indagatoria a las personas que tendrían pensiones sin tener discapacidades. Los beneficios se acercan a los 1.800 pesos por persona y cada fin de mes se puede observar a cientos de personas amontonadas esperando el turno de cobrar. Desde que estalló la denuncia la Municipalidad dejó de tener el control de los trámites como ocurre en el resto del país. • La Coscal: la cooperativa está manejada también por gente cercana al intendente. Los vecinos se quejan porque el agua sale turbia y gastan mucho dinero en agua embotellada para tomar, debido a que sienten olor y mal gusto en el agua de red. Para colmo se quejan porque es cara. El servicio de recolección históricamente lo realizaba la cooperativa, pero en los últimos años sería una empresa privada contratada, pero lo raro es que la empresa en algunos casos tendría a empleados municipales en sus funciones. Como si fuera poco, el domingo pasado se robaron 50 mil pesos de la recaudación y los vecinos y policías sospechan que fueron sus propios integrantes. • Obras: en Candelaria pareciera que la inflación es muy superior a otros lugares, sobre todo en cuanto a materiales de construcción debido a que el municipio paga materiales al doble de precio que los que se consiguen en cualquier ferretería, según una factura a la que pudo acceder este diario. Por ejemplo: presupuestaron en una obra realizada el año pasado, 98 pesos por una bolsa de cemento, 385 por metro de piedra y 370 pesos por metro de arena. Con los fondos de la soja se realizaron muy pocas obras, una remodelación de la plaza, un depósito en el fondo del municipio y la compra de un camión pero sin conocer el monto ni el anterior propietario. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/110134/2264/candelaria-el-pueblo-donde-mandan-el-miedo-y-el-autoritarismo.html

Proveedores del IPS bajo la lupa

15/09/2013 • Las empresas con la misma dirección tienen vinculación con otras proveedoras de salud pública • Montiel esquivó el tema en la Legislatura y el oficialismo la protegió • POSADAS. El manejo del Instituto de Previsión Social con sus proveedores sigue generando sospechas en el entorno de los empresarios que no participan del negociado y los empleados que observan pasar los expedientes repletos de pagos y liquidaciones. El circuito de contrataciones directas, licitaciones y liquidaciones es pequeño y está bien cercado por allegados e íntimos funcionarios ligados políticamente a la presidenta del organismo, la radical renovadora Sandra Montiel. Todo el manejo pasa por pocas manos, casi todos llegaron en 2009 o pocos meses después y fueron acomodados para cubrirle las espaldas y darle tranquilidad en las maniobras. “Hay negocios millonarios en cada centímetro del IPS. Con una estructura bien armada se puede sacar agua de cada ladrillo”, lanzó en voz baja un alto funcionario, apartado de los manejos gruesos desde la llegada de Montiel. “El negocio más común es con proveedores, hay que prestar atención a los diez que más venden, la mitad empezó a vender fuerte desde 2009, esos son los ´amigos de la casa´, los otros son empresas grandes que están desde siempre”, señaló el informante, profesional de la medicina. “Después, el otro tema complicado es la relación entre lo que se paga y lo que ingresa como medicamentos y prótesis, es muy difícil para cualquiera, encontrar la forma de comprobar que ingresó todo, eso lo maneja auditoria y es gente de ellos”, deslizó el médico. “Hay insumos que se compraron y nadie nunca los vio, pero eso no lo podes probar, es imposible”, finalizó. Para 2014 el IPS pidió un presupuesto de 1.500 millones de pesos, con un incremento del 25% con respecto a este año. El Instituto tiene actualmente unos 174.619 afiliados a quienes prestar servicio de obra social. En 2014, Montiel piensa gastar 480 millones en la obra social; gran parte de ese presupuesto se destinará a compra de medicamentos y prótesis. Se estima que serán más de cien millones de pesos. Lo otro que desemboca en sospecha por parte de las proveedoras competidoras es gran cantidad de compras que se realizan por adjudicación directa, sin abrir los procesos de licitación, dejando afuera a eventuales proveedores que podrían mejorar las ofertas y la calidad de los productos ofrecidos. El argumento rebuscado que se utiliza siempre es la urgencia temporal con la cual se debe realizar la compra. “Una obra social que atiende a 170 mil afiliados debe tener un mínimo de previsión, no puede comprar medicamentos a las apuradas, a último momento, eso no pasa en ningún lugar del mundo”, opinó un ex funcionario del IPS consultado para este informe. Silencio y nuevas vinculaciones Un mes atrás este diario publicó un informe donde se revelaron manejos por lo menos extraños con los proveedores. Resulta que dos empresas que proveen al IPS aparecen en la misma dirección, pero con diferentes propietarios. Pero cuando se inscribieron en la AFIP, cada una de ellas declaró tener otra dirección diferente. Los casos son Insumos Pampa e Implamed. En los presupuestos presentados ante IPS declararon la misma dirección: Calle 60 Nº 7165. Si bien, no es ilegal, es por lo menos llamativo que ocurra con dos firmas que podrían competir entre sí. Pero ante la Afip, Implamed declaró domicilio fiscal en Catamarca Nº 1375 de Posadas, mientras que Insumos Pampa se inscribió en Calle 135 Nº 3145. Aunque a simple vista no hay ninguna irregularidad comprobada, algunos empleados del Instituto consideran que la situación merece, por lo menos, una investigación y aclaración debido a que desde que llegó Sandra Montiel a la presidencia comenzaron a correr rumores, nunca comprobados, sobre negociados con algunas proveedoras “preferidas”, mientras que otras denuncian sentirse al margen. Incluso dejaron trascender que sería irregular el hecho de que el auditor que firma y autoriza la compra de todos los implantes, prótesis, etc, es un doctor que está en pareja con la presidenta del organismo. Sin embargo, desde la presidencia hubo un total silencio sobre la cuestión. Más aún llamó la atención la protección que recibió Montiel en la Legislatura, cuando fue a exponer sobre el presupuesto para el año próximo, donde la diputada Eugenia Safrán, presidenta de la Comisión de Presupuesto, no le permitió a los diputados oficialistas ni opositores abrir la habitual ronda de consultas. Todos los funcionarios que asistieron recibieron preguntas, principalmente de la oposición, pero en el caso de Montiel, el silencio fue total. “¿O tiene mucho para ocultar o no tiene explicación para muchas cosas?”, analizó un legislador de la oposición sorprendido por la maniobra oficialista. En tanto, un funcionario del IPS, cercano al despacho de la presidenta, contó que después de la publicación sobre las dos proveedoras en la misma dirección hubo un “importante revuelo en auditoría y en presidencia”. “Se revisaron papeles y expedientes como nunca antes, parece que estaban buscando algunos casos puntuales para revisar”, consideró el directivo. El hecho no quedó solo ahí, sino que aparecieron nuevas pistas sobre estos hechos extraños del mundo de los proveedores del IPS. Según revelaron varias fuentes a este diario, las dos firmas, casi desconocidas, que aparecen en una misma dirección, en la Zona Oeste de Posadas, tienen vinculaciones de parentesco con otros dos empresarios que están entre los principales proveedores del organismo estatal. “El titular de Insumos Pampa es el hermano menor de dos importantes proveedores de Salud Pública, que son los propietarios de las Farmacias Venus y Monserrat Norte”, indicó un empresario del ambiente. “Los tres hermanos son proveedores, además de una mujer que tendría una relación con el menor de los tres y sería la propietaria de la cuarta proveedora. ¡Un pequeño grupo familiar tiene cuatro proveedoras al mismo tiempo!” exclamó el informante que ofreció dar información sin que se mencione su nombre. Al revisar el archivo digital del boletín oficial de la provincia se encuentra más de una docena de decretos y resoluciones, a través de los cuales estas dos empresas, reconocidas e importantes en Misiones, abastecen al IPS y al Ministerio de Salud. Se observan adjudicaciones directas y licitaciones en las cuales resultaron beneficiadas desde hace por lo menos tres o cuatro años. Una de ellas creció tanto en los últimos tiempos que inauguró un moderno sistema de acondicionamiento para la preservación de insumos, un sistema muy costoso y poco común en la región. Desde la llegada de Montiel se escucharon quejas de proveedores por la presencia de empresas “amigas”, que son beneficiadas con las compras más importantes, y por otro lado algunas que se sienten discriminadas del reparto o solo les toca las ventas menores. Entre las “amigas” apuntaron especialmente a una, que fue inaugurada hace solo dos años pero a pesar de su corta vida se queda con una importante tajada del negocio. La firma señalada aparece a nombre de un joven abogado, ex funcionario provincial hasta el año 2009, cercano al ministro de Desarrollo Social. Los números Desde el año 2003 a esta fecha, el presupuesto anual del IPS fue disminuyendo porcentualmente en la participación total del presupuesto anual de la provincia. Por ejemplo: En el 2003 el IPS participaba con el 22,3% del presupuesto total de la provincia, mientras que en 2012 participó solo con el 8,7. Esto, según los afiliados, quiere decir menos prestaciones, menos calidad de los servicios, menos jubilación, menos blanqueo de sueldo, etc. Los estudiosos de sistemas previsionales señalan que deben haber tres trabajadores en actividad aportando por por cada jubilado para cubrir la necesidad de recursos. En el IPS esta situación es mucho más ventajosa ya que la proporción es 5 activos por cada pasivo: 66 mil activos y 13 mil pasivos. El IPS debería ser una caja previsional con superávit, sin embargo tiene déficit y millonarias deudas. “Para colmo la presidenta se ufana se tener un ahorro en la cuenta del IPS, pero en la salud pública no se debería ahorrar porque quiere decir que podes prestar mejores o más servicios”, se quejó un médico, director de un hospital. El principal inconvenientes que observan los trabajadores es un decreto del ex gobernador Ramón Puerta, del año 1994, por el cual se unificaron las cajas del Ejecutivo, de la obra social y de la jubilación. No hay claridad ni control y el Gobierno termina utilizando los recursos de los trabajadores como parte de su presupuesto, destinándolo a otros fines, relegando la obra social y la jubilación. El decreto le permite al gobernador no enviar al IPS todo el dinero que le descuenta a los trabajadores en concepto de aportes, utilizándolo en otros fines y enviando solo lo mínimo para el funcionamiento. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/110477/2271/proveedores-del-ips-bajo-la-lupa.html