Entre 2009 y 2013 la Nación se quedó con $10 mil millones que le corresponden a Misiones

15/12/2013 El modelo económico se destartala como un castillo de naipes. El gasto público crece más rápido que la recaudación real, para cubrirlo la Nación emite cada vez más billetes, pero esto a la vez dispara más y más inflación. Pero como tampoco le alcanza a la Nación, en los últimos años fue recortando el porcentaje de dinero que distribuye a las provincias, para cubrir su propio déficit. Esta situación complica a las provincias a la hora de enfrentar los reclamos salariales de sus empleados estatales. Sólo este año, la provincia de Misiones resignó 3.500 millones de pesos que le corresponden y que quedaron en poder de la Nación. En los últimos cuatro años fueron un total de 10.000 millones y si se contabiliza desde la llegada del kirchnerismo al gobierno, el poder central le debe a Misiones más de 14.000 millones de pesos (ver recuadro). Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) las provincias reciben de manera automática un 25% del total recaudado a nivel nacional, subiendo al 26% si se computa el Fondo Federal Solidario. Antes del año 2000 recibían en promedio un 30%. Esta diferencia de 4 puntos representará, sólo en 2013, unos $35 mil millones para el global de las provincias. En el caso puntual de Misiones, la resignación será de 3.500 millones este año, es equivalente a la deuda total que tiene nuestra provincia con el gobierno nacional. Según el IARAF los principales conceptos que dan lugar a resignaciones de fondos provinciales por la creciente concentración de recursos en cabeza de la nación son: financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos. En el período 2003-2013 las resignaciones de fondos provinciales llegaron a los $457 mil millones medidos a valores corrientes de cada año. Un 79% se debe al financiamiento tributario total de Anses, un 15% a la no coparticipación de IDCB con el esquema actual de IVA, y un 6% es causado por el desplazamiento de base imponible del impuesto a las Ganancias. En síntesis, como las resignaciones de recursos tienen varios años de vida, las provincias fueron acomodando sus cuentas a esta situación. Claramente, las provincias no sólo tienen una baja autonomía por la estructura histórica de ingresos sino que incluso vienen resignando fondos automáticos que son reemplazados por gastos y transferencias discrecionales o por incrementos de impuestos. Con este escenario se logran provincias empobrecidas, dependientes de la billetera del poder central y con baja posibilidad de crecimiento económico debido a tener altos impuestos, lo que dificulta el desarrollo de empleo. Para colmo, las provincias no tienen acceso a fuentes de ingreso diferenciales como la emisión de dinero, el Banco Central o la Anses, que se convirtieron en los últimos años en fuentes de financiamiento muy relevantes para la Nación. El economista Nicolás Dujovne detectó que, según el Indec, desde octubre de 2010 los sueldos privados aumentaron 111%. En cambio, los sueldos públicos sólo subieron un 60%. Si se arbitran esas cifras con la inflación verdadera mensual, los empleados privados mejoraron su salario real un 36% y los estatales perdieron un 15% aproximadamente. Cuando la comparación se extiende a los últimos 10 años, la suba del salario real privado fue del 51%. Y la caída del público, del 7%. La década ganada pasó de largo para los trabajadores del Estado, entre los que están los policías. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115198/entre-2009-y-2013-la-nacion-se-quedo-con-$10-mil-millones-.html)

Acuartelamiento: ¿justo reclamo o extorsión?

15-12-2013 Además de portar armas en su labor cotidiana, la Policía es la única institución del Estado que tiene frecuente relación con el mundo del delito. Estos dos condimentos hacen que la situación sea muy especial y diferente a la de otros reclamos salariales. La fuerza es la única encargada de brindar seguridad civil a los ciudadanos y ante su ausencia, arreciaron saqueos y violencia en la mitad de las provincias del país, con un número de muertos todavía incierto. No es casualidad que el Gobierno nacional haya hablado de hechos organizados y coordinados, sugiriendo una complicidad entre policías y saqueadores. Por un lado se habló de extorsión policial; mientras que la oposición sostiene que el Gobierno debe atender los reclamos justos de mejores salarios para los miembros de la fuerza. En el medio, la población. Comerciantes y vecinos se mostraron impotentes por los momentos de tensión e inseguridad que padecieron, en medio de saqueos, sin nadie a quien acudir. En Tucumán la reacción social fue ir en contra de la Policía. Después del acuerdo salarial que lleva el sueldo inicial a 8.700 pesos, la sociedad le dio la espalda. Hubo escaramuzas y protestas de vecinos contra los efectivos cuando retomaron sus puestos de guardia en las calles y los medios reflejaron una foto que recorrió el país, de un cartel situado frente a un comercio, que señalaba: “En este comercio no se vende mercaderías a personal policial”. La gente no perdonó a la policía, que dejó sin seguridad a la ciudad durante varias horas. “Recordá policía que tus 8.500 ahora llevan sangre”, fue otro de los mensajes que pareció representar parte de la bronca que quedó en Tucumán, una de las provincias que más sufrió los saqueos, con al menos dos muertos y decenas de locales destruidos y robados. Ahora es la Policía la que quedó en el ojo de la tormenta, en la mira de todos, ahora son ellos los empleados públicos que mejores sueldos reciben en casi todas las provincias del país; y son producto de análisis de periodistas, especialistas, abogados, funcionarios, entre otros. • Para el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, penalista que hace años que estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial, las protestas de las fuerzas provinciales y los saqueos asociados a esos episodios, “no son manifestaciones espontáneas”, pero el problema de fondo es que hay que repensar el modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos (gremio) y que las fuerzas de seguridad que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca de los ciudadanos (es decir en los municipios). • El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Vervitsky, también apoya la creación de gremios policiales y sostiene al respecto que “los gobernadores están firmando condiciones salariales que no van a poder pagar y que van a tener que depender del gobierno nacional”. En un comunicado el CELS “rechaza las acciones extorsivas de funcionarios policiales” y agrega que “las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos”, indica. • El abogado misionero Pablo Isaac Lenaguaza opinó que “no hay que tenerle miedo a debatir sobre la sindicalización de la Policía. Todos los sindicatos son distintos, cuando empezamos a analizar cuál es la actividad, la reglamentación debe ser distinta. No hay que tenerle miedo a debatir y buscar las alternativas”, insistió. Ante el argumento de la legalidad, Lenguaza invocó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dispone que “las leyes deben garantizar el pleno goce de los derechos laborales a todos los trabajadores, y los uniformados son trabajadores. En España hay varios sindicatos de las fuerzas de seguridad, también en Uruguay”. • Los bajos salarios son, para Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, uno de los problemas estructurales de la Policía que favorecen la corrupción. “El predominio de condiciones laborales altamente precarizadas derivadas de la vigencia de salarios nominales y reales muy bajos, lleva a que los estratos medios y bajos de la institución se vean obligados al doble empleo”, precisó. Y agregó Saín que: “a ello se suma la existencia de medios materiales e infraestructurales de trabajo altamente deteriorados, en el marco de un contexto organizacional signado por la pobreza o la indigencia institucional, y el desarrollo de una educación profesional deficiente enmarcada en una institucionalidad altamente militarizada”. • Leonardo Amarilla, licenciado en Ciencia Política misionero, señaló al respecto que “Si el servicio de seguridad no cumple con sus funciones siempre va a haber alguien dispuesto a romper con la paz social”. “Nadie puede estar en contra de una mejora salarial para los trabajadores de las Fuerzas de Seguridad. El problema es la metodología que se utilizó para reclamar mejoras. Extorsionar con la seguridad del pueblo no es digno de una Fuerza de Seguridad; tener en vilo a los comerciantes y mantener el miedo de aquellos a los cuales deberían preservar tampoco es digno. Las Fuerzas de Seguridad deben tener su propio proceso de sindicalización para que no vuelvan a ocurrir estos episodios de extorsión”, finalizó. Policías: ¿una amenaza? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich fueron algunos de los dirigentes oficialistas que sostuvieron ante la prensa y las redes sociales, sus sospechas y acusaciones hacia algunos integrantes de las policias por los hechos vandálicos ocurridos. En Misiones, en los pasillos de la Rosadita, aun se escuchan comentarios de todo tipo sobre lo que habría dicho el gobernador Maurice Closs a sus colaboradores tras el anuncio de mejoras salariales y la protesta policial, en la misma linea. “Muchachos tenemos que replantear todo el esquema de seguridad, porque las policías de provincias ahora son la mas importante amenaza que tiene la democracia, han desplazado de ese lugar a las fuerzas armadas” se le atribuye al mandatario. Se evidencia que desde la Nación están impulsando el “corte de cabezas” en las policías y que Closs se mostró de acuerdo con esta decisión política que ya empezo a trasmitir a sus funcionarios.

Ley pareja: ahora todos piden 35% y el Gobierno dice que no alcanzan los fondos

15/12/2013 POSADAS. El aumento salarial otorgado a los policías misioneros generó un efecto dominó en otras áreas de la administración pública, que también salieron a reclamar 35%; situación que pone en graves aprietos al Gobierno provincial, porque no cuenta con recursos para darles el mismo incremento a todos, según admitió el gobernador Maurice Closs. La decisión del Poder Ejecutivo cumplió el primer objetivo: frenar lo que pudo ser un nuevo acuartelamiento (en marzo de 2012 se acuartelaron 10 días y lograron 64% de aumento), pero implica gastos adicionales por 218 millones de pesos en el año. El presupuesto anual del salario policial y penitenciario se elevó de 624 a unos 850 millones de pesos anuales, alrededor de 70 millones por mes. De hecho, los policías y agentes penitenciarios son ahora los empleados oficiales mejor pagos en Misiones. Pero el efecto dominó se extendió a otras áreas de la administración pública, que se sienten discriminados y ahora descreen de la palabra del Gobierno, que hace pocas semanas les negó aumentos por falta de presupuesto pero cedió ante la presión policial. Empleados de Vialidad Provincial fueron los primeros en reclamar 35% de incremento salarial, además de declararse en estado de movilización y alerta. Desde el gremio presentaron un pedido de adecuación salarial, similar a la otorgada a las fuerzas de seguridad, y solicitaron abrir una mesa de diálogo para tratar diferentes temas, otorgando “un plazo de 48 horas para recibir una respuesta favorable, caso contrario se tomarán medidas de acción directa”, aseguraron. En la misma línea se manifestaron empleados de Salud, cuyo punto neurálgico de protesta fue el SAMIC de Eldorado. “Este verso de que no hay plata ya lo escuchamos muchas veces”, manifestó la trabajadora Marisa Dering. “Ya no tenemos más tolerancia, ni consideración con ellos”, agregó. Y luego explicó que “los médicos no están ganando mucho más. Un médico de planta gana entre cuatro mil y cinco mil, 2.600 gana un residente que trabaja mañana, tarde y noche, con medio sueldo en negro. Es vergonzoso”. El ministro de Salud Herrera Ahuad respondió: “No podemos prometer dar ni un centavo si no tenemos los fondos. Estamos tratando de conseguirlos. Les pedimos paciencia”, aseveró. Y agregó que “el 35% de aumento no se puede bajo ningún punto de vista, ni el 25%. Hace un mes atrás pusimos tres millones de pesos mensuales”, remarcó. La chispa también se encendió en el Poder Judicial, donde un grupo de 50 empleados autoconvocados se declaró en asamblea en reclamo de mejoras y blanqueamiento salarial. Además, señalaron que no responden al gremio Unión Judicial Misiones (UJM) que encabeza Arcadio Lewin, porque sólo consigue “beneficios para unos pocos”. “El principal planteo es el blanqueo porque nuestro salario básico es inferior a los 270 pesos”, plantearon. El reclamo más fuerte a nivel municipal, por ahora, se desarrolla en Iguazú y Apóstoles, donde los trabajadores tomaron el corralón y mantienen la protesta desde hace varias semanas, en reclamo de una serie de adicionales, blanqueos y pases a planta permanente del personal. En el municipio de Montecarlo también los números están complicados. El intendente Julio “Chun” Barreto explicó que “llegamos un poco justos y, si bien hicimos las previsiones para pagar aguinaldo y sueldos de diciembre, no es lo que habíamos planeado y no estamos en una situación holgada”. En línea con lo que dijo el Gobernador, Barreto señaló que “estamos tomando los recaudos necesarios y vamos a parar algunas obras. Los fondos de la soja y la coparticipación las vamos a seguir aplicando a obras menores, pero vamos a tener que tomar previsiones ya que en febrero y marzo va a haber un parate en la economía” explicó. En la visión del jefe comunal “el pago de los salarios va a complicar muchísimo a las administraciones municipales, provinciales y la nación, es algo muy sensible”. En los próximas días se escucharán planteos parecidos entre los gremios docentes; los legislativos; los trabajadores de Luz y Fuerza y otros municipios. Ante esto, las palabras del gobernador Closs plantean una realidad preocupante: “Aquí carecemos de recursos, por lo que nos veremos obligados a incrementar la presión tributaria” e, incluso, crear nuevos impuestos. “En el actual contexto, las provincias argentinas marchan hacia la inviabilidad económica”, señaló. “Para que se entienda la situación, la recaudación aumenta 21% y nosotros soportamos aumentos salariales del 25 o 30%. Tenemos que quitar los recursos de un lugar para ponerlo en otro, en este caso, al reclamo policial”, sentenció. “Asumimos que estamos en un tiempo difícil, pero si cada uno quiere resolver lo suyo, sin pensar en el resto, tendremos un 2014 durísimo. Si condicionas el futuro del Gobierno, cuando uno no tiene los recursos, no puede decidir”, argumentó. Al mismo tiempo, aseguró que el Estado provincial ya está haciendo un esfuerzo sustancial para mantener el ritmo de crecimiento y obras públicas. “Ya he recortado bastante el ritmo de obra pública, las grandes especialmente, y hay que atender además las deudas con proveedores, con empresas constructoras”, contó. Más de 40% a sueldos Al revisar los números globales del presupuesto anual y la proyección de gastos se encuentra un escenario complejo de cara al futuro, sobre todo si la Nación no incrementa el flujo de recursos que envía a Misiones. Del gasto total de la provincia más del 40% se destina al pago de salarios. De un total de alrededor de 1.100 o 1.200 millones de pesos por mes que gasta la provincia, alrededor de 470 millones se destinan directamente a sueldos, alrededor del 45%. Para el año que viene el gobierno tiene aprobado un total de 16 mil millones y si la masa salarial se incrementa en 30%, alcanzará los 650 o 700 millones de pesos mensuales, totalizando 8.400 millones anuales; y estaría superando el 50% del presupuesto total anual. Teniendo en cuenta este 40% actual para sueldos, además de otro 40% para obras públicas que prevé el presupuesto 2014, solamente queda un 20% para el funcionamiento de la administración pública, el pago de proveedores, servicios, el desarrollo de la economía, los subsidios al transporte, la energía, planes sociales y programas de gobierno. Necesidad de financiamiento El Gobierno del Frente Renovador contempla un presupuesto de 16 mil millones de pesos para 2014, pero una recaudación solamente de 11 mil millones, y para llegar a esa cifra entre ingresos y egreso necesitará un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos. Según los datos del proyecto de presupuesto, casi la totalidad de estos recursos, está previsto que salgan de las arcas del gobierno nacional, principalmente de áreas como Planificación Federal y Obras Públicas. Si la Nación, por cualquier razón, decide no enviar estos fondos, la provincia debería achicar su presupuesto o suspender trabajos debido a que no contaría con los recursos propios para hacerlo. Estos fondos se movilizan por un camino paralelo al de la coparticipación, que es automática y se deposita todos los meses en la cuenta de la provincia, de acuerdo a la recaudación de impuestos. La disponibilidad de estos recursos se habilita de acuerdo a convenios políticos e institucionales entre las provincias y el Gobierno central y muchas veces queda inmerso en la discrecionalidad política o el amiguismo entre los gobernantes. En este marco quedan preguntas pendientes sin respuesta definitiva como por ejemplo, ¿qué pasa si el Gobierno Nacional considera que sería mejor destinar esos recursos a otras obras u otras provincias? ¿Cuál es el porcentaje máximo aconsejable que debería calcular una provincia como necesidad de financiamiento? ¿No es demasiado riesgoso tener un tercio de los gastos dependiendo de la voluntad política de terceros? ¿Cuál sería el plan B en caso de que los recursos no lleguen? ¿Ajustes? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de salarios? ¿Suspensión de obras o trabajos públicos? Dependencia de Nación A pesar de pregonar permanentemente la consigna de vivir con lo nuestro, la dependencia económica de Misiones respecto a los fondos provenientes de la coparticipación nacional es muy alta: de cada 100 pesos que gasta el Estado, 78 provienen de la Nación y sólo 22 corresponden a la recaudación propia. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte sobre el alto grado de dependencia que tienen las provincias de la coparticipación federal, lo que condiciona su autonomía financiera primero y política después. El menor crecimiento de la coparticipación, sumado al aumento del gasto público, ha generado preocupación en los gobiernos provinciales y la respuesta ha sido el aumento de impuestos, principalmente Ingresos Brutos, que es uno de los peores tributos de la estructura impositiva argentina. Precisamente de eso habló el gobernador Closs, de aumentar los impuestos o modificar la base tributaria provincial, el día que anunció el incremento salarial para los policías. Si el resto de la administración pública persiste, no quedará otra alternativa. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/115195/ley-pareja-ahora-todos-piden-35-y-el-gobierno-dice-que-no-alcanzan-los-fondos.html)

El crecimiento patrimonial que le adjudican a un funcionario clossista genera sospechas

08/12/2013 POSADAS Y ANDRESITO. La entrega en tiempo récord de 30 hectáreas fiscales a un empleado del Estado vinculado al subsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk, como publicó PRIMERA EDICIÓN el lunes pasado, no sería un caso aislado ya que existen numerosas denuncias por maniobras similares en el departamento General Belgrano. La mayor parte de los casos ocurrieron desde 2008 en adelante, en la zona de Andresito, de donde es oriundo el Subsecretario. Varias familias de agricultores denunciaron que repentinamente caducó el permiso de ocupación que tenían y aparecieron nuevos “ocupantes” con permisos firmados por funcionarios del Gobierno. Además de Syniuk y algunos secretarios que trabajan con él y podrían ser “presta nombres” algunas familias damnificadas señalan que hubo un funcionario clave que firmó permisos nuevos, se trata de Raúl Bonelli, director de Tierras Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de Tierras. Caso Queiroz Un caso muy conocido hace algunos años fue el de la familia Queiroz, propietarios de un aserradero en Andresito. Esta familia poseía desde 1967 el permiso de ocupación de 47 hectáreas en el lote 27 sección II del paraje Cabureí. El cuidador de esta parcela relató a FM San Martín que en 2008 “sin ningún aviso ni motivo alguno la Subsecretaría de Tierras hizo caducar el permiso de ocupación. Y ya en noviembre de 2008 le entregan el permiso de ocupación a dos personas vinculadas (a Syniuk), Alfredo Acuña y Flavio Varela. Como no queríamos dejar la chacra ante esta maniobra, rápidamente sale una orden de desalojo del Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú”, relató. Luego de reiteradas averiguaciones en Andresito, se pudo confirmar que tanto Varela como Acuña trabajan para Syniuk y se sospecha que alguno de ellos habría recibido otros permisos de ocupación. La familia Queiroz habría tenido contactos con altos funcionarios del gobierno pero lo único que pudo lograr fue retirar los pinos del predio, pero el terreno no pudo mantener. Siguiendo la pista de las denuncias por casos similares al de Queiroz, se halló a otros damnificados que relataron situaciones idénticas: sorpresivos vencimientos de permisos de ocupación, desalojos y otorgamiento de permisos nuevos a nombre de presuntos testaferros. “Teníamos tabaco, galpón, casa, familia, ganadería, el año pasado vino un desalojo porque nos dijeron que el permiso de ocupación había vencido, y nos desalojaron”, contó un tabacalero que al igual que la mayoría y por temor a las amenazas, solicitó el anonimato. El caso de 30 hectáreas Este diario publicó el lunes un informe donde reveló que un empleado público, que tiene una vivienda del Iprodha en Garupá y trabaja en Gobernación como secretario de Syniuk y Alejandro “Chiquitín” Damus, obtuvo 30 hectáreas fiscales en Andresito, sobre la ruta 101, en tiempo récord. Se trata de José Alfredo Acuña (sería el mismo del Caso Queiroz), quien presentó un formulario de “compra - permiso de ocupación” el 27 de noviembre de 2008 ante la Dirección de Tierras Fiscales solicitando el inmueble denominado “Lote 27-B -subdivisión del Lote 27 - sección II - Colonia Manuel Belgrano”. Curiosamente, menos de diez días después, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli (depende de la subsecretaría de Tierras y Colonización que conduce Jaime Ledesma) firmó la disposición 26 por la cual otorgó el permiso de ocupación por dos años sobre el mencionado inmueble. El documento lleva la fecha 5 de diciembre de 2008, en tiempo récord. Un funcionario cercano a esta oficina, conocedor de los trámites en Tierras Fiscales, señaló que “ningún trámite en Tierras Fiscales puede ser aprobado tan rápido sin la influencia del poder político. Hay productores que esperan años para que salgan aprobados”. Con el mencionado permiso, el ocupante puede tramitar el contrato de adjudicación y llegar a ser el legítimo propietario del inmueble, que en un futuro podría transferir o utilizar para las actividades que desee. Otro dato curioso es que en el expediente de solicitud del terreno figura como concubina del beneficiario una mujer que nunca estuvo en relación de pareja ni concubinato con el funcionario, por lo cual se cree que los datos fueron colocados en forma errónea o falsificados. Cuatro días después de firmar el permiso de ocupación provisorio, el 9 de diciembre de 2008, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli, otorga el Permiso de Ocupación formal, mediante el Expediente Nº 60/67 DT, por el término de dos años. La pregunta en este caso sería: ¿cómo puede ser que un funcionario que trabaja en Gobernación y el Concejo Deliberante puede acceder a ocupar una tierra fiscal a 300 kilómetros de distancia y dedicarse a producción ganadera, forestal y agrícola? Un dirigente político de la oposición, radicado en el Norte de la provincia, anticipó que presentará un pedido de Acceso a la Información Pública para saber si ese terreno recibió créditos o subsidios del Gobierno en el marco del programa Pro Alimentos. “Si esto es una maniobra armada, es posible que nos encontremos con subsidios para este inmueble”, señaló. Próspero empresario En las últimas semanas trascendió que el subsecretario o personas vinculadas a su entorno adquirieron una enorme chacra en límite fronterizo con Brasil, donde se está instalando una antena que sería para transmitir la señal de una radio nueva. Además, se cree que el subsecretario o allegados serían propietarios de un edificio que se podría alquilar al Estado en las próximas semanas. Se menciona la posible instalación de una oficina de Rentas de la provincia. Asimismo, un predio que pertenecía al Banco Provincia de Misiones en el municipio, también habría quedado en manos de personas que integran el círculo estrecho del funcionario. Ahí se encuentra funcionando actualmente una agencia de quinielas. El intendente de Andresito, Bruno Beck, tiene muy buena relación con Syniuk y habrían realizado algunos emprendimientos en conjunto. Un comercio que pertenecería a allegados al subsecretario sería un importante proveedor de repuestos del municipio. Y los vecinos sospechan que tiene otras chacras en el noroeste provincial, donde habría tajamares y plantines especiales de yerba, diseñados genéticamente en la Biofábrica, similares a los que muchos productores esperan recibir hace años. Los manejos del funcionario llaman la atención de los vecinos y transeúntes del lugar, por la imponente vivienda que posee, con un muro perimetral de dos metros de altura, cámaras de seguridad y la custodia personal que lo acompaña siempre. (http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/114825/el-crecimiento-patrimonial-que-le-adjudican-a-un-funcionario-clossista-genera-sospechas.html)

Radiografía del empleo público misionero, una gran deuda del Frente Renovador

23/06/2013 • Los salarios provinciales están entre los más bajos del país, hay ministerios con $268 de básico • Uno de cada tres empleados municipales no tiene estabilidad • Los municipios chicos están peor • POSADAS. Una década después de llegar al poder, la precariedad laboral y salarial de los empleados públicos misioneros sigue siendo una de las deudas más importantes que aún debe saldar el Frente Renovador. A pesar de tener niveles extraordinarios de crecimiento y expansión económica durante todo este período, el gobierno priorizó la obra pública y soslayó los reclamos gremiales. Los pocos sectores que lograron algunas reivindicaciones lo hicieron a fuerza de rebelión y duras protestas, por ejemplo, la Policía, los docentes y trabajadores de la Salud. Estos tres grupos se ubican entre los empleados públicos mejores pagos del Estado provincial, a pesar que el promedio de sus salarios oscila en los cinco mil pesos de bolsillo o menos, muy por debajo de lo que ganan empleados con la misma tarea en otras provincias. Incluso por debajo de la canasta básica familiar. El básico de estos tres sectores se ubica entre 700 y dos mil pesos, menos de la mitad del neto. La carrera laboral, el estatuto y los concursos brillan por su ausencia. Tampoco se implementan recategorizaciones. La antigüedad estuvo toda la década congelada y debido a la imposibilidad de la emergencia económica, hubo pocos pases a planta (decididos en forma arbitraria) y proliferaron contratos basura de todo tipo: con relación de dependencia, sin relación y monotributistas. Los trabajadores de la Administración Central, Casa de Gobierno y los Ministerios son los más retrasados: muchos de ellos todavía tienen el ingreso básico de 268 pesos y de bolsillo reciben menos de cuatro mil pesos por mes en todo concepto. En total, existe un universo de casi 50 mil trabajadores estatales provinciales, de los cuales, casi el 10% se encuentra con contratos basura, precarizados, sin estabilidad y muchos ni aportes previsionales ni jubilatorios. “El gobernador debería ir ajustando esta realidad. Es cierto que las ultimas recomposiciones vienen siendo remunerativos, pero tenemos diez u once decretos en negro que deberían ir al básico. Tenemos compañeros que no se pueden jubilar porque cobrarán la mitad de lo que ganan hoy y con eso no pueden vivir. Otro tema es la asignación universal, a nivel nacional se incrementó dos veces en el último año y la provincia todavía viene desactualizada”, enfatizó Juan Antúnez, referente de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Por su parte, Antonio “Toto” Martínez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó que “tenemos aproximadamente mil compañeros contratados que tienen más de 15 años de antigüedad y el Estado sigue violentando sus derechos sin pasarlos a planta permanente, violando la ley laboral, que establece que con dos años contratados deben pasar a planta”. Los jubilados representan otro sector de la administración pública que ha sido resignado en la década de gobierno del Frente Renovador. La única medida que se tomó en dirección hacia ellos fue para beneficiar a los que mejores ingresos tienen, inyectando dinero levantar los topes y salir paulatinamente de la emergencia previsional. “Tenemos 17 mil jubilados que cobran aproximadamente el 60% de los activos, y reclaman el 82% móvil, como estableció la Corte Suprema de Justicia. La mitad de ellos no puede vivir con su salario y tiene que hacer otras actividades para llegar a fin de mes”, agregó Toto Martínez, adjunto de ATE. Municipios, con realidad dispar Entre los 75 municipios misioneros emplean aproximadamente a once mil trabajadores con realidades laborales y salariales muy dispares dependiendo de donde se analice. Los municipios más grandes, con mayor número de empleados y buena porción de la coparticipación, son los que responden de mejor manera ante las exigencias gremiales. Por ejemplo, este año, Iguazú otorgó 500 pesos al básico a las categorías 12 a la 22 elevando a 1.623 el básico de la categoría 12; en Apóstoles hubo un aumento en blanco de 450 pesos; en Oberá entre 550 y 600 pesos también al básico (casi no tienen adicionales en negro); y en San Vicente lograron 25% de aumento. La excepción en este caso es Posadas donde hubo un incremento no remunerativo de menos de 500 pesos. Por otra parte, en el otro extremo, hay alrededor de entre 25 a 30 municipios que prácticamente no tocaron el sueldo básico durante los 10 años de Gobierno del Frente Renovador y sus empleados están en condiciones totalmente precarias, según el secretario adjunto de ATE. Son los municipios más pequeños, ubicados en la Zona Centro de la provincia la mayoría. El básico en la mayoría de estas comunas todavía no se movió de los 168 pesos y los salarios totales que perciben de bolsillo andan en los 2.500 pesos, “son condiciones prácticamente de esclavitud”, añadió Toto Martínez. No llegan a lo establecido por el decreto provincial 411/12 que establece un salario mínimo de 2.825 pesos y más abajo todavía de lo que fijó como mínimo para todo el país el Consejo del Salario, que se ubica en 3.300 pesos. “De los once mil trabajadores que tienen los 75 municipios misioneros, nuestros cálculos estiman que el 35% está contratado y precarizado, totalizan alrededor de 3.500 trabajadores. Por este motivo estamos impulsando el Estatuto Unificado para municipales, que pretendemos que se apruebe en todos los concejos deliberantes para que los compañeros municipales dejen de ser los peones del patrón de estancia y se los dignifique sin importar en qué Municipalidad trabajen”, añadió. Similitudes con los estatales nacionales Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, quiere decir que no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones. Los datos surgen de un informe encomendado por decreto 312/10) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que determinó el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados. De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria. Aunque podrían ser más teniendo en cuenta que 23 de las 183 jurisdicciones se negaron dar información. Por otra parte, la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), estima que suman 571.713 los trabajadores estatales nacionales, según publicó el diario La Nación. Esa misma fuente estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012 y que en Misiones serían 63 mil los trabajadores estatales, entre provinciales y municipales. En tanto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Al igual que la provincia, el Estado nacional precariza a los trabajadores de diferentes maneras: no existen concursos para ingresar a planta permanente sino que se decide arbitrariamente; también proliferan contratos con y sin relación de dependencia y los conocidos casos de monotributo. Como conclusión, algunos gremialistas nacionales consultados afirman que los gobiernos utilizan la precarización laboral como herramienta de disciplinamiento político y de esta manera se evitan dos problemas: reclamos salariales y que los empleados participen en política para otras fuerzas. No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse a causa de la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que publicó días atrás este diario, el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6.000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2.850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $2.875. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/105931/2187/radiografia-del-empleo-publico-misionero-una-gran-deuda-del-frente-renovador.html

Tensión en la renovación por la disminución en las encuestas

16/06/2013 POSADAS. Mientras algunos en el Gobierno empujan con todo su aparato la campaña de los candidatos legislativos, otros miran distantes el desenvolvimiento de los hechos políticos. Dentro del mismo Gobierno hay recriminaciones internas hacia algunos sectores que no estarían dando su máximo esfuerzo. Los motivos serían principalmente dos: la disconformidad con quienes encabezan las listas de diputados y concejales, y el poco financiamiento económico con el que cuentan para esta campaña. El aporte económico para las listas no es menor, incluso es mucho más de lo que cuentan los partidos de la oposición, pero a diferencia de años anteriores cuando la renovación tiraba manteca al techo, en estas legislativas, la “austeridad” pasó a ser una actitud central. La queja parte principalmente desde las segundas líneas del peronismo renovador que encabeza Carlos Rovira hacia los radicales renovadores, a quienes acusan de “hacer la plancha”. Lo cierto es que esta situación de tensión e incertidumbre se percibe con más fuerza en los en los municipios donde hay elecciones de concejales (Posadas, Apóstoles, Leandro N. Alem, Puerto Iguazú, Montecarlo, Puerto Rico y El Soberbio). Desde el radicalismo renovador se defienden argumentando que los candidatos que encabezan las listas, sobre todo de concejales en Posadas y de diputados (Julio Vivero y Roberto Chas Robineau) no son representativos de la Renovación. Vivero obtuvo el quinto lugar en el año 2011 en Posadas y Robineau siempre ocupó espacios de segunda línea en el Gobierno, con perfil bajo y funciones sin alta exposición. Por otra parte, los peronistas renovadores señalan que además de “hacer la plancha” los “RR” están prestando colaboración con sus ex correligionarios de la Unión Cívica Radical, o con algunos candidatos. Esto se observa, o al menos se sospecha, en varios municipios donde hay algunos vínculos entre “RR” y candidatos de la UCR. Para colmo, las últimas encuestas realizadas por el consultor político Gustavo Córdoba, que se conocieron esta semana, levantaron las señales de preocupación en el Gobierno, teniendo en cuenta que según los datos del especialista, el Frente Renovador caería alrededor de 30 puntos porcentuales respecto a la elección del año 2011, cuando obtuvo el 75%; ubicándose cerca del 45%, resultado similar al que obtuvo en el año 2009 cuando también hubo elecciones legislativas. La cúpula estaría al tanto, desde un principio, que el resultado final sería en torno al 45%, pero las segundas líneas del peronismo renovador se habían entusiasmado. Vínculos RR con algunos UCR A nivel provincial desde siempre se habló de la presunta relación que existe entre dirigentes del clossismo con el concejal y ex diputado Hernán Damiani. Dirigentes que actualmente trabajan en la campaña de diputados del radicalismo reconocen que reciben alguna “colaboración” de los radicales renovadores. Asimismo, nunca se negó la relación entre los Losada, el ministro de Desarrollo Social y su hermana María, que es candidata a diputada en la lista del centenario partido. En ocasiones se pudo ver a militantes que habitualmente trabajan para el Gobierno militando para la candidata radical. Además, allegados al “losadismo” gestionaron colaboración económica en Capital Federal para fuerzas políticas que no son precisamente del Frente Renovador ni aliados. En Alem los lectores de la política comentan con fuerza la vinculación entre el sector que encabeza el diputado Carlos Pereira con el radicalismo, principalmente el sector que lidera el ex diputado Pablo Andersen. Hasta se menciona que una alianza entre éstos podría desplazar de la presidencia del Concejo Deliberante al candidato del intendente, Diego Sartori, cuando se renueven las bancas en diciembre próximo. El sector de Pereira y el radicalismo colocaron un concejal cada uno en 2011; y podrían volver a hacerlo el 30 de junio, con lo cual en diciembre, cuando se renueven las bancas, sumarían cuatro concejales; superando en número a los tres que tendría el intendente Sartori. Esta posibilidad se tomaría como una fuerte traición al proyecto renovador, y Pereira la niega rotundamente, pero se comenta cada vez con más fuerza entre los dirigentes y militantes del municipio. En Irigoyen dirigentes del radicalismo confirmaron que “existe un apoyo encubierto” y que desde la renovación le pidieron votos de los candidatos radicales a diputados. El argumento sería la disconformidad con los candidatos del gobierno, y otros se acercan a la UCR porque quedaron afuera del reparto de cargos. “En este municipio hay peronistas que también apoyan abiertamente al radicalismo; nos han abierto las puertas de muchas escuelas para que podamos hablar del querellante, es un hecho histórico que nunca había ocurrido” confió un dirigente local. En Puerto Iguazú está la particularidad de que Salvador “Pili” Morel es un ex renovador, que ahora volvió arrepentido a la Unión Cívica Radical y en algunos actos de su campaña se pudo ver a militantes de la Renovación. Además se habla de que militantes y dirigentes de su espacio tendrían un acuerdo con los sectores que responden al ex intendente renovador Claudio Filippa, los dos en su rol de opositores al intendente actual, Marcelo Sánchez. El dato que fortalece esta teoría es que Morel conformó el interbloque opositor en el Concejo Deliberante junto a dos concejales renovadores; Marcela González y Roberto Arévalo. La UCR lleva a otros tres sublemas y es tanta la sospecha de que varios cuenta con apoyo renovador que uno de ellos, patrocinado por el diputado Horacio Spallanzani, usa como slogan que su candidato es “el único radical verdadero”, sugiriendo que los otros no lo son. En tanto, en Apóstoles, las sospechas de connivencia entre el intendente Mario Vialey y los radicales fue tan fuerte que el mismo diputado radical Walter Molina tuvo que salir a desmentir la existencia de un acuerdo, pero para esa altura la versión circulaba entre la militancia y los medios de comunicación locales. La versión se instaló por los contactos entre un concejal radical con sus pares renovadores en plena campaña. Y finalmente en Eldorado también se repite la misma situación que en otros municipios. Se observó a un importante grupo de renovadores trabajando para el radicalismo; al parecer por disconformidad con los candidatos y las directivas de campaña. Incluso empleados municipales cercanos al intendente Aguirre y de la Cooperativa Eléctrica, que habitualmente trabajan en política para la renovación, ahora estarían con los candidatos UCR, principalmente con Abelardo Giavotto. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/105571/2180/tension-en-la-renovacion-por-la-disminucion-en-las-encuestas.html

Publicidad oficial: gobierno de Closs paga $1,5 millones a medios de Cristóbal López

30/06/2013 • Aparecieron nuevos decretos de gastos sin licitación para el pago de millonaria suma en medios de comunicación que no lideran las audiencias porteñas ni en el país • Se viene el millonario SIAP II • POSADAS. A la hora de promocionar el turismo en los medios nacionales, el Gobierno provincial sigue desconociendo la austeridad que tanto pidió a los intendentes cumplir. A los millonarios pagos a Show Match, por casi 600 mil pesos por mes, conocidos en los últimos meses, ahora se suma otro desembolso millonario para medios amigos. En este caso, a través del decreto N° 356/13 se habilitó el pago de un millón y medio de pesos para la empresa “Comunicaciones Sudamericanas SA”, supuestamente para promocionar la provincia y sus “políticas de Estado” en medios porteños vinculados entre otros al grupo Indalo, propiedad del empresario K, Cristóbal López. El mencionado decreto ordena emitir publicidad en Radio 10 AM y FM; La Red; FM POP 101.5; 95.9 Rock and Pop y LS4 Radio Continental durante los meses de mayo, junio y primera quincena de julio de 2013. En el detalle del decreto se indica: “Frecuencia AM, franja horaria de 7 a 14 horas, por $ 600.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos. Frecuencia AM, franja horaria de 14 a 21 horas, por $ 300.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos”. Luego agrega: “Frecuencia FM, franja horaria de 8 a 20, por $ 600.000, 15 spot diarios de hasta 30 segundos de lunes a domingos”. El artículo 2 autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Gobernación, Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y Fiscalía de Estado a proceder a la liquidación y pago de la suma total de $ 1.500.000, en pagos parciales del importe certificado en forma mensual por Subsecretaría de Prensa, a favor de la firma Comunicaciones Sudamericanas SA, CUIT N° 30-71050977-7, con imputación a la partida: 02-01-0-1-90-1-01-012-01220 Código SCD 0-03 Divulgación de Políticas de Estado”. En el decreto no se detallan los criterios utilizados ni tampoco si el gobierno convocó a una licitación para saber en qué medios era más conveniente la promoción, teniendo en cuenta la sideral suma destinada. Ocho millones por el SIAP II Por otra parte, PRIMERA EDICIÓN accedió al decreto Nº 533 del 27 de mayo por el cual se le pagaron ocho millones de pesos a una consultora vinculada al gobierno por la elaboración de un proyecto de administración del sector público denominado SIAP II (Sistema Integrado de Administración de Personal). “Se hace necesario llevar adelante la implementación del mencionado programa SIAP II, y debido a su magnitud es necesario contar con asesoramiento calificado para el desarrollo de cada una de ellas, tratando de lograr con ello un óptimo uso, desarrollo, eficiencia e integración capacitada de las partes integrantes del Estado en el Proyecto” señala el decreto y beneficia mediante contratación directa a la firma Decisiones Empresariales SRL/Nomade Soft SRL Unión Transitoria de Empresas. La implementación se realiza con una primera etapa de doce meses con doce cuotas iguales y consecutivas de $ 242.000 y la segunda etapa de 24 meses por 24 cuotas iguales y consecutivas de $ 218.000; totalizando $ 8.136.000. El convenio fue firmado por el ministro de Gabinete Ricardo “Pelito” Escobar por parte del gobierno y el señor Carlos Alfonso Baigorría como apoderado por la firma. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/106313/2194/publicidad-oficial-gobierno-de-closs-paga-$1-5-millones-a-medios-de-cristobal-lopez.html