El problema de la tenencia de la tierra afecta al 45% de la población misionera

2013-05-19 • La distribución desigual de la tierra lleva un siglo sin solución • El 90% se reparte el 40% de la tierra, mientras que el 10% es dueño del 60% restante • Cerca del 45% de la población habita viviendas precarias • POSADAS. Misiones tiene más de un millón de habitantes en el interior de sus fronteras y casi la mitad carece de título de propiedad o tiene una situación de vivienda precaria, es decir que habita en ranchos, asentamientos, en espacios prestados, no adecuados como albergue o que no cuentan con los servicios básicos ni condiciones mínimas. Los datos corresponden al censo del 2010 y a organizaciones no gubernamentales que operan en la provincia y en el país, que cuentan con relevamientos locales y nacionales.Este flagelo atraviesa la provincia de punta a punta, desde Puerto Iguazú hasta la Capital provincial, desde la costa del río Uruguay a la del Paraná, en poblados pequeños o grandes ciudades urbanas.El problema es mucho más hondo y amplio de lo que se discute luego del desalojo de Pozo Azul. El Gobierno corre a tapar los agujeros cada vez que estalla un conflicto con los productores del interior o las villas y asentamientos de las ciudades. Pero la burocracia lentifica todo, como la Ley de Arraigo que está casi con diez años de aprobada y todavía no entró en plena vigencia.No alcanzará ni de cerca con las 83 mil hectáreas con las que el gobierno planea realizar su “reforma agraria” que en el mejor de los casos beneficiará a 16 mil familias con cinco hectáreas para cada una; un espacio considerado muy pequeño por colonos consultados, en comparación con las 25 hectáreas con las que cuenta el promedio de los productores de la provincia. Incluso la ley de Arraigo y Colonización establece una parcela de 25 hectáreas como una extensión aceptable para producir. El tamaño de la parcela que podría repartir el gobierno es cinco veces menor.En el ámbito urbano, la única respuesta contundente que brinda el gobierno es a través del Iprodha, impulsando planes de construcción de viviendas y arreglos o terminaciones de casas precarias.No se avizora desde el ámbito municipal ni tampoco del provincial una propuesta de solución integral al problema que representan las villas y los asentamientos en el Gran Posadas, que incluye a las afueras de esta ciudad y el municipio de Garupá, donde se radican miles de familias (serían más de 12 mil) en villas y asentamientos en absoluta situación de vulnerabilidad.Tampoco hay gestos fuertes por solucionar esta misma problemática en los municipios de Oberá, Eldorado, San Vicente y Puerto Iguazú que, según el último censo, son los distritos con mayor cantidad de familias con viviendas precarias o tenencia irregular.No tener regularizada la propiedad de la tierra trae consecuencias a las personas como también a los Estados. Los ocupantes no pueden acceder a servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, tampoco créditos, ni asistencia del gobierno. Y los estados, municipales o provinciales, no pueden recaudar en concepto de tasas por servicios o impuestos.En definitiva, se estima que las parcelas reales en Misiones son casi el doble de las registradas en la Dirección de Catastro de la Provincia. El 10% con 60% de tierrasSegún datos no oficiales de la Dirección de Catastro, a los que accedió este diario, en Misiones cerca de la mitad de la población carece título de propiedad de las tierras donde habita. Misiones comparte, con Santiago del Estero los primeros lugares del ranking nacional referido a la situación irregular de la tenencia de tierra.Ya en los orígenes de Misiones como territorio nacional, prácticamente toda la provincia quedó en manos de un puñado de familias. Según registros históricos, antes de 1900 se había vendido casi la totalidad de las tierras en menos de 40 compradores; los cuales después volvieron a revender las propiedades quedando todo en nueve poderosos propietarios, entre ellos Gregorio Lezama, Bernardino Acosta, Rudecindo Roca y Antonio Gallillo.El reparto de las tierras y la distribución poblacional sobre ellas refleja las desigualdades sociales que los numerosos gobiernos no han podido – algunos y no han querido otros – resolver en forma permanente.Actualmente, casi el 90% de la población es poseedora del alrededor del 40% de la superficie de Misiones. El 10% restante se queda con el dominio sobre el 60% de las extensiones territoriales provinciales.Solo unos 250 propietarios son dueños de prácticamente un tercio del territorio misionero.Esto refleja dos aspectos claves a tener en cuenta para la promocionada reforma agraria que impulsa el Frente Renovador: primero que debe lidiar con pocos pero muy poderosos terratenientes o empresarios; y segundo que el conflicto no es nuevo, es histórico y proviene desde la fundación misma de Misiones como provincia. Quiere decir que, por lo menos, faltó voluntad política de tomar el problema de raíz en 10 años de la Renovación en el poder y otros 50 años de los gobiernos anteriores. Sin lugar a dudas, en los últimos años se hizo más que en décadas anteriores, pero sin ningún tipo de dudas, el problema continuará agravándose si se considera el crecimiento de la población local, que tiene la tasa de natalidad más alta (quiere decir que nacen más niños que en otras provincias del país) y el número total de habitantes crece más rápido que en el resto de las provincias. Lo cual significa que cada vez hay más habitantes y familias que reclaman y reclamarán su espacio para producir o vivir.Según datos del último Censo Nacional 2010, es Misiones la provincia que tiene la edad promedio más baja del país, con la mayoría de su población cercana a los 22 años, justo la edad en que muchísimos jóvenes comienzan a formar su familia y tener hijos. Esto refleja que el problema es inmediato, urgente, y no resiste otra década mirando para el costado.El gobernador hizo mención a la situación ya que indirectamente sugirió que los trámites de títulos de propiedad deberían tener mayor velocidad y por eso propuso el 1º de mayo pasado que sea el Iprodha el organismo que se encargue, en reemplazo de la Subsecretaría de Tierras, ya que el Iprodha posee mayor capacidad de gestión, con personal administrativo, abogados, contadores, escribanos y agrimensores, además de tener mucho más presupuesto. Características socialesEn las dos últimas décadas, Misiones ha experimentado profundas mutaciones en su estructura agraria y en la actividad forestal. Esto denota un fuerte proceso de concentración fundiaria.Se ha notado una sustancial reducción de la superficie fiscal entre 1988 y 2002 de 228 mil a 72 mil hectáreas. Una hipótesis que se plantea con este proceso es que la privatización de tierras fiscales en la provincia esté vinculada a la expansión de la foresto industria.Esto ha generado la característica de que las ocupaciones tengan la particularidad de asentarse sobre tierras “privadas” en situación irregular, y ello es lo que ha desatado sendos debates sobre el derecho a la propiedad privada y las garantías de inviolabilidad. Las “nuevas colonias” surgieron como ocupaciones espontáneas, posteriormente reconocidas y legalizadas por el Estado.Los agricultores mediante la figura de la compra-venta de mejoras y a través del encadenamiento de redes familiares, ocuparon estas propiedades, esperando obtener la legalización de la tenencia, de manera similar a los procesos que ocurrieron en décadas anteriores sobre extensiones fiscales La propiedad “se hace” mediante la adquisición y realización de mejoras (casa, rozados, galpones, plantaciones), creando derechos que luego pueden negociarse con el propietario. Las organizaciones consideran legítima la lucha por la tierra en el caso del ocupante que invade “por necesidad” y no tiene otra chacra. Sin embargo, el productor que ya dispone de una parcela y se instala en una propiedad puede estar obedeciendo también a un objetivo de reproducción social (instalar a sus hijos).Los estudios muestran que la coyuntura es más compleja cada día que pasa ya que la capacidad del Estado para satisfacer las demandas a la tierra es menor y dada la expansión de la actividad forestal, ha aumentado el interés por el valor de la tierra. Villas en las ciudadesPosadas, Eldorado, Iguazú, San Vicente, Oberá y Garupá son los municipios con más graves problemas de asentamientos irregulares, villas miserias, ocupaciones y tomas de predios y viviendas.El drama se agravó durante la década de los 90 cuando se produjeron grandes migraciones desde las chacras a las grandes ciudades, por los bajos beneficios económicos que generaban los productos agrarios.En Posadas las chacras 145, la 76, las chacras 178 y 187 sobre avenida Urquiza, en las chacras 17, 61 (frente al cementerio La Piedad) y 187, todas tierras del IPS, y en las chacras 26 y 27 de Parque Adam, entre otras tienen asentamientos con graves síntomas de vulnerabilidad social.Además los Barrios San Onofre, San Lorenzo, Nemesio Parma y San Isidro están repletos de ranchos cuyos habitantes no son propietarios.Relevamientos no oficiales estiman que la ciudad capital tiene unas siete mil familias (unas 40 mil personas) o más en villas y asentamientos. Esto sin contar el grueso grupo que habita barrios consolidados pero tampoco tiene título de propiedad.A fines de la década del 80, las villas de emergencia eran cerca de 15 en Posadas, hoy suman unas 40. Y similares situaciones afectan a Eldorado, Oberá e Iguazú.En Puerto Iguazú la Municipalidad no dispone de terrenos para la venta ya que todas las zonas fiscales están ocupadas por familias provenientes de zonas rurales e incluso de otros países. Tanto es así que la Municipalidad y el Iprodha debieron suspender la construcción de un barrio de viviendas a raíz de la ocupación del espacio.San Vicente presenta características similares, con grandes asentamientos repartidos alrededor de la zona urbana y en las afueras de la ciudad. Sin contar las colonias antiguas y las nuevas que se formaron hace pocos años.Eldorado tiene más de siete mil familias que se instalaron en asentamientos de ranchos y casillas, en zonas marginales, sin los servicios básicos necesarios, en condiciones de extrema precariedad y sometidos a la voluntad del municipio y del Estado, cuando quiera ayudarles. Una fracción importante proviene del Paraguay y otro sector se trasladó desde las chacras en las últimas dos décadas.Incluso la falta de documentación personal es una constante en este tipo de situaciones. El resonante “caso de María Ovando” fue reflejo de lo que muchos misioneros padecen dentro del territorio provincial todos los días.Garupá tiene prácticamente la misma cantidad de villas y asentamientos que Posadas, e involucran casi la misma cantidad de ciudadanos, aunque los asentamientos son más recientes. Casi el 60% de la población no tiene documentación para justificar los espacios que ocupan, según organizaciones no gubernamentales. Incluso hasta estos días hay predios que siguen recibiendo familias que construyen ranchos y casillas. El caso más reciente involucra un codiciado predio sobre la costanera. http://www.primeraedicionweb.com.ar/v_old/nota/impreso/104024/2152/el-problema-de-la-tenencia-de-la-tierra-afecta-al-45-de-la-poblacion-misionera.html

Emsa: con números en rojo y cerca del colapso

06/02/2011 • Falta de inversión, deudas, juicios laborales, presiones sindicales son parte de la actualidad de la empresa estatal de energía • La lucha por el poder y la administración de una de las principales cajas • POSADAS. Electricidad de Misiones Sociedad Anónima recauda por la generación y compra-venta de energía unos 400 millones de pesos al año; unos 35 millones por mes. De acuerdo al presidente de la compañía, Sergio Ferreyra, el 58% se destina a la masa salarial, que se compone de unos 1.683 empleados formales y llega a unos 2.500 sumando a los contratados que figuran como prestadores de servicios. De los 15 millones que “sobran” luego de pagar salarios, unos 14 se pagan mensualmente en concepto de energía a Cammesa, la distribuidora nacional que abastece a la firma misionera. Con el millón restante se hace magia, pero igual no alcanza. El último balance confeccionado, del año 2008, arrojó un negativo cercano a 20 millones de pesos y hace pocas semanas se concluyó el balance de 2009, pero se ordenó rehacerlo porque habría estado mal. En promedio, por mes, la empresa arroja pérdidas por más de dos millones de pesos. El año pasado se refinanció una deuda con Cammesa por 29 millones de pesos, se les debe a proveedores de materiales eléctricos, proveedores de combustibles, proveedores de ferreterías, repuestos para vehículos, talleres de varios rubros, etcétera; se le adeuda años de aportes sindicales a la Federación de Luz y Fuerza, y se les debe parte del salario desde el año 2003 a los trabajadores. Ello sin contar los aproximadamente 1.500 juicios laborales con demandas que superan ampliamente los 500 millones de pesos; y sin contar con la inversión necesaria para reponer los tendidos eléctricos de toda la provincia que hace por lo menos dos décadas que no tienen mantenimiento. Todo esto, virtualmente se debería realizar con el millón de pesos que sobra luego de pagar a Cammesa y los salarios. Hoy en día, en lugar de autoabastecerse con sus propios ingresos, la empresa necesita aportes del Estado provincial - dueño del 99% - para cubrir sus gastos; igualmente, a pesar de ello, continúa acumulando deuda y pasivo. Al tanto de esta situación y con la amenaza del colapso en el verano, el gobernador Maurice Closs tuvo que acudir a la billetera de la Provincia y con dos decretazos, el 14 y el 30 de diciembre de 2010, le entregó 20,5 millones de pesos a la empresa en concepto de aporte irrevocable de capital a cuenta de futuras emisiones “a fin de atender requerimientos imprescindibles del funcionamiento de la Empresa”, indicó. Los decretos son los 2201/2010 y 2502/2010, por el primero se otorgó 5,5 millones y por el segundo 15. Igualmente no pudo sostener el caos. Con el presidente Sergio Ferreyra de vacaciones veraniegas por México (contaron dos de sus allegados), la semana que pasó arrancó con un corte de más de 24 horas en Iguazú, epicentro de los negocios turísticos en plena temporada de recaudación. Y continuó con la inundación en la usina del ex barrio Tiro Federal, donde se atienden guardias y reclamos. Los trabajos de traslado de las oficinas no fueron previstos con tiempo y la EBY sube el nivel del Paraná sin ninguna contemplación. Con respecto a la situación de Iguazú, el 19 de diciembre de 2009 llegó a esa ciudad el transformador que debió haber evitado el corte del domingo pasado. Pero recién en las últimas semanas, cuando comenzó el pico de demanda, se ordenó conectarlo y ponerlo en funcionamiento. Actualmente se trabaja en ello. Juicios, deudas salariales y bronca La empresa tiene aproximadamente 1.500 juicios laborales en contra, la mayoría por mandar a personal al “freezer”, traslados compulsivos, deudas salariales e incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo. No hay una estimación global del monto de las demandas, pero la más importante de todas es una que la entablan en conjunto unos 1.200 trabajadores y que asciende hoy en día a unos 250 millones de pesos (más el costo de incorporar los aumentos al salario). Esta demanda es porque la empresa no cumplió con los decretos 392/03; 1347/04 y 2004/05, que establecieron aumentos que en promedio suman unos 500 pesos para cada trabajador de Luz y Fuerza de todo el país. Fue ganada en todas las instancias y aceptada por al menos media docena de jueces laborales pero quedó estancada en el Superior Tribunal de Justicia, donde no se prevé una pronta resolución. Trabajadores de las cooperativas del interior y de las restantes provincias del país percibieron los aumentos, pero en Misiones no se pagó argumentando que son empleados públicos, pese a regirse por la Ley de Sociedades Anónimas. Desde el año 2003 hasta el año 2008 la empresa no pagó a los empleados la última cuota (liquidación) de la BAE (Bonificación Anual por Eficiencia). Con esta maniobra se ahorra de pagar los impuestos por la BAE. Tampoco pagó el SAC (Sueldo Anual Complementario - aguinaldo- por la BAE). Y durante los años 2009 y 2010 no les pagó absolutamente nada de la BAE, que equivale aproximadamente a 3,2 sueldos por año. En total, a cada empleado, se le adeuda aproximadamente siete sueldos en concepto de la BAE. El miércoles 2 de febrero todavía no había noticias del sueldo del mes de enero, lo cual destapó la bronca retenida de los delegados sindicales y del personal y obligó a una reunión casi de emergencia entre el gerente, general Rubén Bladilo, y autoridades del gremio, de donde salió la promesa de pagar el sueldo el jueves. “El defasaje salarial es insostenible, por el mismo trabajo los empleados de las cooperativas y de las empresas de otras provincias cobran tres o cuatro veces más que un empleado de Emsa. Hay mucha bronca, estos reclamos pueden derivar en una huelga en cualquier momento y la bronca puede explotar porque los sueldos no alcanzan, los premios están atrasados y tampoco pagan las horas extras”, contó un experimentado empleado de la usina del ex Tiro Federal que fue delegado sindical durante mucho tiempo. Alrededor de 500 empleados se encuentran en condiciones de jubilarse, pero no le inician los trámites para no cargar con la bonificación que establece el artículo 9 del Convenio Colectivo. Luz y Fuerza ganó poder Luego de la violenta partida del anterior presidente, López Ricci (allegado al gobernador Closs y enemistado con todo el arco rovirista) el gremio que conduce Julio Héctor Cachilo Rodríguez recuperó poder y presencia, ya que negoció y consintió todas las nuevas designaciones en la gerencia general y en el resto de las gerencias. La conducción está integrada por cinco dirigentes nombrados políticamente: el presidente Sergio Ferreyra, el vice Carlos Pretto, y los tres directores: Miguel Oliveras, Hugo Amable y Fabián Florentín. Luego de la violenta jornada del 29 de junio se acordó la designación como gerente general de Rubén Bladilo, un hombre de confianza del gobernador Closs, que habría integrado con un importante cargo la empresa Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS) antes de su privatización, desembarcando luego como titular del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas). Íntimos suyos comentan que es amigo de Cachilo Rodríguez desde su juventud. Las restantes gerencias quedaron a cargo de nombres que tuvieron el consentimiento del gremio, algunos designados después de junio y otros se mantuvieron desde la gestión anterior: Virginia Kliukas es la nueva gerenta de Recursos Humanos, Rubén Fleitas de Finanzas, Daniel Robín es gerente Comercial, Horacio Hobecker es reciente gerente de Redes, además de ser yerno de Cachilo; Daniel Salguero fue designado como gerente de Interior y miembro de la Comisión de Política Energética de Luz y Fuerza; Luis Mónaca es el nuevo subgerente de Servicios Generales (es delegado del gremio); y Jorge Gagliardi, un hombre de diálogo frecuente con Cachilo, quedó a cargo del PROSAP. Éste, es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación para llevar electricidad a las viviendas rurales que no cuentan con el servicio; en Misiones lo ejecuta Emsa. El año pasado se habilitaron fondos por 70 millones de pesos, que son manejados además de Gagliardi en Emsa, por Héctor “Negrito” Rodríguez (hijo de Cachilo) por parte de la Subsecretaría de Industria, que depende del Ministerio del Agro de la provincia. Una de las primeras licitaciones con esos fondos fue para la compra de ocho camionetas pick up 0KM doble cabina. Los fondos llegan a la provincia como crédito desde el Banco Interamericano de Desarrollo, con el compromiso de devolverlos en cuotas hasta el año 2018; en caso de incumplimiento el gobernador Closs firmó un acuerdo por el cual le permite a la Nación que le descuente la coparticipación que le corresponderá a Misiones en los próximos años. El titular de Comercial, Daniel Robín, es uno de los hombres que más cerca de Cachilo se encuentra de todos los gerentes, además de Emsa, es posible verlo de vez en cuando en una empresa proveedora de materiales eléctricos y otros insumos, y que pertenece a dos integrantes de su familia: Alberto Carmelo Robín y María Graciela Robín. Una situación similar ocurre con Jorge Gagliardi, que ejecuta las obras del PROSAP, a quien se puede ver con frecuencia al mando de una camioneta identificada con el nombre de una empresa que también provee materiales eléctricos. Un hombre de apellido Morcillo maneja otra camioneta similar, éste trabaja en la gerencia de Electrificación Rural como chofer del sobrino de Ferreyra, de apellido Báez, que ingresó a Emsa el año pasado con categoría 18 y certifica obras como inspector del PROSAP. Sinceramiento presidencial “Los ingresos no cubren los egresos, la empresa atraviesa una situación difícil y vamos a necesitar que el Estado como socio mayoritario de la empresa haga un aporte extraordinario de capital”, se sinceró el presidente Ferreyra ante la comisión de Presupuesto de la Legislatura a fines del año pasado. Sólo algún desprevenido se habrá sorprendido ya que la situación de la empresa es bien conocida. Además de admitir la situación económica, en ese encuentro el presidente blanqueó que había realizado cambios en casi todas las gerencias y las líneas medias de la empresa poniendo a gente “que hace muchos años están y conocen la empresa”. Lo más inesperado, aunque tuvo poca repercusión, fue que Ferreyra admitió que en la provincia no hace falta energía y que se dispone de tres veces mayor potencia que lo que se demanda: “Tenemos la energía suficiente, pero con problemas de transmisión hacia el interior”, dijo y contó que se generan 800 megavatios por mes y se consumen en promedio unos 300 megas. El pico histórico fue en febrero de 2010 cuando se llegó a 330, una demanda similar a la de enero de este año. Un diputado opositor reaccionó ante esa declaración y remarcó la evidencia de que no es necesario construir nuevas represas porque el mismo presidente admitió que sobra energía. Quedó en claro que el problema es la falta de mantenimiento de las líneas que la llevan al interior, que hace más de dos décadas no tienen recambio ni mantenimiento y al igual que los transformadores y las sub estaciones se encuentran trabajando al 110 o 120%, contaron varios técnicos consultados. Análisis hacia adelante Varios técnicos con extensa trayectoria explicaron que la prioridad de la empresa debería ser bajar el costo operativo y de funcionamiento, reducir personal administrativo (habría unos 1.400 empleados en el edificio de la calle La Rioja) y transparentar los manejos. También es importante tener autoridades que conozcan la empresa y el personal que tengan capacidad de mando e impongan respeto. La empresa necesita mucho dinero, a grandes rasgos se estima 500 millones de pesos, para sanear las deudas, cambiar líneas y transformadores obsoletos en toda la provincia, realizar el mantenimiento necesario y contar con el equipamiento necesario, analizaron los expertos. Emsa podría dejar de generar pérdida, e incluso devolver ese eventual préstamo en un plazo de 10 años estiman, reduciendo su costo de personal y operativo. Y lo primordial, según coincidieron todos los consultados, es dejar de utilizar la caja de la empresa para la política. Los contratos ñoquis para punteros, los gastos para campañas y los manejos turbios se convirtieron en el ancla más pesada que no logran levantar.

El IFAI era la “caja negra” del Frente Renovador en el Alto Uruguay

29/05/2011 • No se conoce con certeza la cantidad de dinero que maneja ni como lo administra • Tiene 43 millones para este año pero recibe constantes incrementos • Se desconoce el grado de eficacia de sus programas • POSADAS. En los últimos años el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) ha contratado a cientos de personas, pese a que sus funciones siguen siendo las mismas desde su creación: respaldar actividades productivas y cooperativas. Para resumir, cerca del 90% de las contrataciones fueron políticas sin relación de dependencia. Hay un comentario que se ha vuelto común entre los desgastados punteros y dirigentes políticos en decadencia: “Si querés trabajar para la renovación habla con Carlos y te dan un contrato en el IFAI”. La referencia a Carlos es al mismo Eduardo Rovira, presidente de la Legislatura y fundador de la renovación. Desde siempre, el podio de las cajas políticas de este gobierno fue Emsa, pero esa empresa se encuentra virtualmente en quiebra y sus actuales dirigentes Sergio Ferreyra y Carlos Pretto “juntan tropa” para el ala clossista de la renovación. El IFAI en tanto es conducido por uno de los socios fundadores de la renovación en 2003, se trata del ultrarrovirista “Pai” Raúl Revinski, líder del Partido Progreso Social y candidato a diputado provincial por la lista que encabeza su jefe político. Un presupuesto de 43 millones de pesos para este año y los continuos aportes millonarios que le hace el Estado provincial creándole nuevas fuentes de dinero hacen del IFAI la nueva caja política del gobierno renovador. Presupuesto desconocido A pesar que los diputados el año pasado votaron un presupuesto para este año de 43 millones de pesos, es imposible determinar con certeza el flujo de dineros que mueve el denunciado penalmente Revinski. Casi todas las semanas se conocen nuevos decretos del gobernador Closs, que a través del Ministerio de Acción Cooperativa le inyecta decenas de millones de pesos para repartir subsidios, entregar créditos reintegrables y contratos, además de administrar una serie de programas en su gran mayoría con alto grado de ineficacia. Por ejemplo, según el sitio oficial del Gobierno, el IFAI administra dinero para el desconocido Programa Federal de Solidaridad “Prosol”, para varias cooperativas, Aportes del Tesoro Nacional para aguas y cloacas en Apóstoles, publicidad oficial, regularización de la tenencia de tierras privadas (FET), vivienda industrializadas por planes de ahorro y préstamos. Además asiste con recursos otro manojo de ignotos programas, muchos con resultados que son una incógnita: Plan Ganadero, Plan buey, Horticultura forzada, Aves de corral, Apicultura, Piscicultura, Fruticultura, Zapallitos, Silvicultura, Cerámica roja (oleros), y préstamos con garantía warrant. Y como si fuera poco Rovira, mediante el Ejecutivo primero y después desde la Legislatura le creó otro paquete de “cajas” para administrar a través de cuentas bancarias por ejemplo: las Ruinas Jesuíticas, el Hospital de Pediatría; Promin; el Nuevo Madariaga, y el Centro del Conocimiento. Además del reparto indiscriminado de contratos, el principal agujero negro que tiene el IFAI es el ingenio azucarero de San Javier, administrado por Marciano Martínez, ex puntero de Rovira cuando éste fue intendente de Posadas, y la administración de los silos de Bernardo de Irigoyen. El ingenio produce cada vez menos pero gasta cada vez más dinero, mientras que los silos desde hace años no tienen ningún tipo de actividad y sirven solo para obligar a cumplir horario a los empleados “castigados”. Fondos frescos todo el tiempo Una práctica de Rovira que continúa Closs es la entrega permanente de fondos frescos al IFAI para que los administre bajo extrañas maniobras. El manejo turbio de estos fondos queda a la luz al mirar los primeros dos decretos que se presentan en esta lista donde en sólo dos años se le entregaron más de tres millones de pesos a una Cooperativa de Aristóbulo del Valle, sin conocerse los criterios de distribución, y lo más sospechoso es que los dirigentes de esa institución serían íntimos allegados al gobernador Closs. • El 3 de diciembre de 2010 por decreto 2195 se le entregó al IFAI la friolera de $ 2.003.646 para dárselo a la Cooperativa de la Industria de la Madera y Afines de Aristóbulo del Valle Limitada para comprar equipos y maquinarias destinados a la producción de tableros Finger Joint. • Esta cooperativa de la Industria de la Madera y Afines de Aristóbulo del Valle, con dirigentes cercanos al gobernador Closs, ya había recibido otro millonario crédito por $ 1.694.000 a través del decreto 1087 del 14 de Julio de 2008, y en ese caso el decreto no especificó el motivo de la entrega. • Este año por el decreto 537 del 5 de mayo se entregó $397.694,00” al IFAI para que entregue a la cooperativa de Campo Grande Ltda “con el fin de solventar los costos sociales de un proyecto taller de capacitación en la recuperación de las parcelas para huertas comunitarias”. • Por el decreto 443 del 20 de abril se aumentó $700.000 al IFAI para dárselo a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), con el fin de Financiar la perforación destinada al proyecto de aguas termales que lleva adelante dicha cooperativa. • Por el decreto 368 del 11 de abril se crea el “Programa de Promoción Forestal” con un subsidio de $2.000.000 para que el IFAI lo distribuya entre este sector productivo. • Por el decreto 363 del 7 de abril se ratifica un convenio conjunto por el cual el IFAI administra la cuenta del Centro de Convenciones y Eventos. También tiene participación en el manejo del Centro de Convenciones. • Se le otorgó el mando económico de la cuenta del Nuevo Hospital Madariaga, para lo cual en el último año se le entregó unos 20 millones de pesos. Uno de esos casos lo representa el decreto 254 del 18 de marzo por el cual se giró 8 millones de pesos. • El 30 de diciembre de 2010 por decreto 2550 se le dio otros $ 4.500.000 para programas agroalimentarios. Directorio manejable Un directorio manejado unipersonalmente por Revinski y su mano derecha, un contador, hace posible las maniobras dentro del manejo del Instituto. Al presidente lo siguen siete directores todos designados por el Ejecutivo, tres por el gobierno y cuatro vinculados a sectores productivos. Sus recursos en teoría están originados en la coparticipación del 5 % del total de Impuesto a los Ingresos Brutos y también los que asigna el Ejecutivo en forma arbitraria. El IFAI se maneja bajo el mando de Revinski con autarquía, es hábil para contratar y los procedimientos son los vigentes en la actividad privada. A fines de 2007 quedó en claro el poder de Revinski cuando echó del directorio a cuatro dirigentes que había apostado a la candidatura de Pablo Tschirsch. El IFAI es utilizado como una excelente herramienta de campaña para captar votos. Cada cuatro años se lanzan planes de créditos para mujeres donde se entrega en promedio cinco mil pesos para planes de emprendimientos. La gran mayoría, es de escasos recursos y sin preparación, y termina con los proyectos en quiebra y sin dinero para devolver el préstamo. En el IFAI saben esto pero igualmente impulsan acciones judiciales contra las deudoras desamparadas. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/64326/1433/el-ifai-es-la-nueva-%E2%80%9Ccaja-negra%E2%80%9D-del-frente-renovador-en-el-alto-uruguay.html

¿Testaferro? En tiempo récord le dan 30 ha al secretario de importante funcionario de Misiones

02/12/2013 • Es un empleado que trabaja en Gobernación y con un ex secretario del Concejo Deliberante de Posadas • Vive en Garupá en una casa del Iprodha • Hay datos incorrectos en el trámite por el terreno • COMANDANTE ANDRESITO. Desde hace tiempo se comenta en esta localidad que el subsecretario de Legal y Técnica de la Provincia, Marcelo Syniuk, y personas de su entorno se estaban haciendo de numerosas propiedades. Cómo y para qué, no se sabe. En este caso, PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso a documentación que demuestra un caso: un secretario de Syniuk obtuvo un predio de treinta hectáreas en tiempo récord. Se trata de José Alfredo Acuña, quien además colabora con el abogado Alejandro Damus en el Concejo Deliberante de Posadas. Acuña presentó un formulario de “compra - permiso de ocupación” el 27 de noviembre de 2008 ante la Dirección de Tierras Fiscales solicitando el inmueble denominado “Lote 27-B -subdivisión del Lote 27 - sección II - Colonia Manuel Belgrano”. El inmueble se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Comandante Andresito y se ubica sobre la ruta nacional 101. Curiosamente, menos de diez días después, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli (depende de la subsecretaría de Tierras y Colonización que conduce Jaime Ledesma) firmó la disposición 26 por la cual otorgó el permiso de ocupación por dos años sobre el mencionado inmueble. El documento lleva la fecha 5 de diciembre de 2008, en tiempo récord. Un funcionario cercano a esta oficina, conocedor de los trámites en Tierras Fiscales, señaló que “ningún trámite en Tierras Fiscales puede ser aprobado tan rápido sin la influencia del poder político. Hay productores que esperan años para que salgan aprobados”. Con el mencionado permiso, el ocupante puede tramitar el contrato de adjudicación y llegar a ser el legítimo propietario del inmueble, que en un futuro podría transferir o utilizar para las actividades que desee. Otro dato curioso es que en el expediente de solicitud del terreno figura como concubina del beneficiario una mujer que nunca estuvo en relación de pareja ni concubinato con el funcionario, por lo cual se cree que los datos fueron colocados en forma errónea o falsificados. Cuatro días después de firmar el permiso de ocupación provisorio, el 9 de diciembre de 2008, el director de Tierras Fiscales, Raúl Nicolás Bonelli, otorga el Permiso de Ocupación formal, mediante el Expediente Nº 60/67 DT, por el término de dos años. Se indica en el documento que “el permisionario se obliga a aceptar el precio de venta de la tierra que oportunamente sea fijado por el Poder Ejecutivo Provincial una vez que se hayan cumplimentado los trámites de rigor y se adjudicará en venta...”. Se agrega que “el permisionario destinará el inmueble solicitado a agrícola, forestal y ganadera” y queda autorizado a tomar posesión del inmueble “siempre y cuando no se vean afectados los derechos e intereses de terceros”. Por último se describe que “el presente inmueble se encuentra incluido en el área integral de conservación y desarrollo denominado Corredor Verde de la provincia de Misiones, Ley prov. Nº 3.631”. La pregunta en este caso sería: ¿cómo puede ser que un funcionario que trabaja en Gobernación y el Concejo Deliberante puede acceder a ocupar una tierra fiscal a 300 kilómetros de distancia y dedicarse a producción ganadera, forestal y agrícola? Además, según pudo averiguar este diario, Acuña es propietario o usuario de una vivienda otorgada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en el municipio de Garupá. Un dirigente político de la oposición, radicado en el Norte de la provincia, anticipó que presentará un pedido de Acceso a la Información Pública para saber si ese terreno recibió créditos o subsidios del Gobierno en el marco del programa Pro Alimentos. “Si esto es una maniobra armada, es posible que nos encontremos con subsidios para este inmueble”, señaló. Error o falsificación Se pudo constatar que Acuña nunca convivió con la persona que aparece como supuesta concubina suya en la documentación presentada para solicitar el inmueble. En el mismo documento se indica que tienen dos hijos, un varón y una niña, ambos menores de 18 años, situación que tampoco sería correcta ya que nunca tuvieron relación afectiva de ningún tipo. Sí podría ser que el funcionario haya tenido dos hijos de una pareja anterior. Por otra parte, se indica que de las 30 hectáreas, 25 se encuentran aptas para la actividad agrícola. Poseía en el 2008 como mejoras una precaria casa de tres por cuatro metros, de dos ambientes, con paredes y piso de tabla y techo de cartón, además de cercado perimetral de tres hilos; sin agua potable, luz eléctrica ni baño instalado. Tenía dos hectáreas de mandioca, tres de maíz y tres de pino; además de una hectárea compartida de poroto, zapallo y arroz.

Zeta Construcciones, la empresa del director de Arquitectura que agarra todas las obras que licita

13/03/2011 Zeta Construcciones, un pulpo que agarra todas las obras que licita Arquitectura JOSÉ OMAR RODRÍGUEZ. Allegado al gobernador Closs, a quien acompaña desde Aristóbulo del Valle. • José Omar Rodríguez es director de Arquitectura y licita obras por unos 500 millones de pesos al año • La empresa de su hijo y cuñado hizo fortunas en los últimos años con esas obras • POSADAS. En la antigua España se comentaba que muchos de los apellidos con terminación “ez”, como Ramírez, Martínez, Fernández o Rodríguez, provenían de la semántica “hijo de”, por ejemplo, los cuatro apellidos mencionados serían hijos de Ramiro, Martín, Fernando y Rodrigo. La intención no sería más que asignar una cualidad familiar al nombre del hijo; aunque muchos lingüistas opinan que podría ser un residuo de un genitivo utilizado en aquella época por los hablantes del castellano. La z es la vigésima novena letra, la vigésima cuarta consonante del alfabeto español y la vigésima sexta del orden latino internacional. Su nombre es femenino: zeta. Proviene directamente del alfabeto latino o romano, que la toma del griego para transcribir la letra Dseda, que procede del zaifenicio, cuyo significado en arameo es arma. En la actualidad la palabra zeta en España se asocia rápidamente con el grupo de medios de comunicación más grande del país; en México Los Zetas son un cártel delictivo que opera en el narcotráfico. Zeta también fue un estado europeo en los Balcanes, que existió entre 1356 y 1421; y Banovina de Zeta fue una provincia del Reino de Yugoslavia, entre los años 1929 y 1941. En la provincia de Misiones, la palabra Zeta fue elegida para bautizar a una empresa que se dedica principalmente a proveer y colocar aberturas de aluminio; que tuvo sus orígenes en Aristóbulo del Valle y actualmente se radicó en Posadas, desde donde es la principal proveedora de las obras públicas que licita la Dirección General de Arquitectura (DGA). “Zeta Construcciones SRL” es su nombre completo y, como en la antigua España, también podría significar “hijo de”, ya que la firma pertenece al hijo del director de Arquitectura de la provincia. La empresa fue creada en el año 2007 en sociedad entre Juan José Rodríguez (quien el jueves cumplió 29 años) y Casimiro Rodolfo Zmiak, el primero es el hijo de José Omar Rodríguez, director de Arquitectura, y el segundo es el cuñado, casado con la hermana de éste. La próspera empresa familiar creció de tal manera que en sólo tres años pasó a amasar fortunas, gracias a las generosas licitaciones de la Dirección de Arquitectura. Zeta Construcciones SRL aparece como proveedora a cargo de la colocación de aberturas de aluminio (puertas y ventanas), divisorias y cielorrasos en la mayoría de las grandes obras públicas realizadas en la provincia. Para tener una dimensión de los números, la DGA licitó en los últimos tres años obras públicas por más de mil millones de pesos, entre ellas varias municipalidades y terminales en el interior, playones deportivos y el nuevo Hospital Escuela Ramón Madariaga. Origen en Aristóbulo Casimiro Zmiak hace algunos años se ganaba la vida con un local de imprenta y fotocopias en Aristóbulo del Valle, contaron sus vecinos a PRIMERA EDICIÓN. José Omar Rodríguez es ingeniero y en los tiempos en que Casimiro se dedicaba al local él trabajaba como docente. Hace aproximadamente una década José Omar, que siempre fue partícipe de las deliberaciones del radicalismo local, asume como director de Obras Públicas de la comuna dominada desde antaño por los Closs. Cuentan en Aristóbulo que al poco tiempo recibió el mote de “el ingeniero Cuneta Rodríguez”, porque una pequeña empresa constructora muy allegada a él era la encargada de realizar “prácticamente todos los cordones cuneta que se licitaban en la comuna”. “Por lo visto sigue con la misma costumbre, sólo que ahora con grandes obras”, ironizó un dirigente radical de Aristóbulo que lo conoce de la juventud. Luego de la llegada de la renovación al poder, desde 2003, y tras los primeros duros años de gobierno, Rodríguez llega a la Dirección de Arquitectura de la mano de Maurice Closs, a quien ya acompañaba en el radicalismo desde Aristóbulo. Para 2007 Rodríguez salía en los medios anunciando la construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, por ese tiempo su hijo y su cuñado fundaban la empresa Zeta Construcciones SRL con sede social en Lavalle 4352 de Posadas, que surgía como “continuadora de todos los derechos relativos a la actividad de la empresa que viene girando bajo la denominación comercial de “Zeta Construcciones” en la ciudad de Aristóbulo del Valle, de titularidad de Casimiro Rodolfo Zmiak, como empresa unipersonal”, según se publicó en el boletín oficial el miércoles 21 de noviembre de 2007. Con un capital de 160.000 pesos y una duración de cincuenta años, la empresa se constituyó con múltiples objetivos: construcción (dirección y realización de obras de todo tipo); inmobiliario (compra, venta e intermediación); comerciales (compra, venta y permuta de todo tipo de bienes y mercadería); importadora-exportadora; financiera e inversora (préstamos, financiación, bonos, adquisición de empresas y otros tipos de derechos). Cambio de rubro Cuentan los allegados que el director de Arquitectura se hace un tiempo en sus quehaceres diarios para ver el rumbo de la empresa privada de su hijo y cuñado. Incluso hasta delibera con ellos sobre las decisiones, comentan. Como en construcción ya eran muchas empresas, a poco de su fundación, Zeta Construcciones SRL se orientó con mayor puntería a proveer y colocar aberturas de aluminio, cielorrasos, todo lo referido a zingüería y divisorias. Gracias a la influencia de José Omar, la firma comenzó a crecer, comentan. Empezó a proveer a las más grandes obras realizadas en la provincia; por ejemplo el hospital Madariaga, la nueva Jefatura de Policía, escuelas y terminales. Un empleado de la Dirección de Arquitectura que se encarga de llevar papeles de un lado a otro y que aportó información a esta investigación, ironizó con una situación que consideró “graciosa”. Dijo: “sería gracioso que la Dirección de Arquitectura un día se atrase en el pago y los empresarios vayan a reclamarle al director ¿vos creés que el cuñado y el hijo van a ir a reclamarle a José Omar? jaja… Con esa empresa no creo que se atrase”, murmuró socarrón, mientras absorbió el café de una taza y bajó el tono de la carcajada para no llamar la atención. Antes de dedicarse a “full” a las aberturas de aluminio, Zeta Construcciones obtuvo varias obras públicas, que no fueron por licitaciones ganadas sino porque las empresas que originalmente las obtuvieron cedieron sus derechos. Un caso es a través de la resolución 2360/2008 del Iprodha, acta 29, del 14 de julio de ese año, que consideró el expediente 00051 letra Z por el cual Casimiro Rodolfo Zmiak se constituyó como cesionario del contrato de obra 1396-05 viviendas e infraestructura -Puerto Leoni- Misiones - 1º Etapa. La empresa original que tenía esa obra fue CIVEC SRL, que ante la escribana Nina Rosa Bellagamba cedió y transfirió el contrato cuando la obra se encontraba certificada en un 67,5929% de avance físico. En ese documento se designó a Juan José Rodríguez (hijo de José Omar) como responsable técnico. Otro caso fue a través de la resolución 4907/2009 del 30 de noviembre de 2009 donde el directorio del Iprodha considera el expediente 07430 -Letra J- donde se comunica que la empresa Proobra SRL cede y transfiere ante la escribana Silvia Cabaña a la empresa Zeta Construcciones el contrato de obra Iprodha 1980 “20 D/08 viviendas e infraestructura Posadas XXXIII”. A foja 10, la Dirección de Construcciones del Iprodha informó que la obra se encontraba certificada en un 49,9677% de avance físico. No se explican las razones de la transferencia, solamente que no hay objeciones para la maniobra. Nuevamente el hijo del director de Arquitectura es designado como representante técnico y Zmiak como legal. Al parecer, las aberturas son más rentables, requieren menos trabajo, menos inversión y menos tiempo, esto habría sido el motivo para orientarse definitivamente a este rubro, además de la competencia de un gran número de empresas constructoras de la provincia. En los últimos años, la fortuna tocó la puerta de la familia Rodríguez, y de la mano del joven hijo los placeres y deleites alcanzaron a todos los integrantes de la familia. Obras públicas La empresa se dedica a: aberturas colocadas, carpintería metálica, cielorrasos de durlock, cielorrasos de PVC, divisorias, mamparas y zinguería. En su historial tiene más intervención en obras públicas que privadas, y de las obras públicas, la mayoría fueron licitadas por la Dirección General de Arquitectura. A continuación se mencionan algunos casos de obras públicas donde Zeta Construcciones SRL tuvo intervención. Las fotos ilustrativas fueron obtenidas del sitio digital de la misma empresa, cuya dirección es www.zetaconstruccionessrl.com • Escuela Especial de Gobernador Roca: empresa constructora Empecor SRL, provisión de aberturas de aluminio: Zeta Construcciones SRL. • Jefatura de Policía: Empresa Constructora: Proobra SRL; provisión de aberturas de aluminio: Zeta Construcciones SRL. • Municipalidad de San Vicente: empresa constructora: Ing. Lazarte Construcciones SRL; provision de aberturas de aluminio: Zeta Construcciones S.R.L. • Terminal de ómnibus de Santo Pipó: empresa constructora: Ámbito Propiedades SRL; provision de aberturas de aluminio: Zeta Construcciones SRL. • Otros casos: en el nuevo hospital Madariaga la empresa Zeta Construcciones SRL aportó las divisorias; el mismo trabajo realiza actualmente en la nueva terminal de San Javier (que construye Kalplak, vinculada al intendente Rubén Natividade de Lima); en la Jefatura de Policía puso cielorrasos de durlok; en la Municipalidad de San Antonio también tuvo a su cargo las aberturas; en el flamante hotel Mai Tei del Iplyc tuvo a su cargo la colocación de mamparas en los baños; y el cielorraso de PVC en la Escuela 300 de Gobernador Roca, que construyó la constructora Ing. José Alberto Garay SRL, cuyo titular es otro allegado a Closs; el mismo “Titón” Garay, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem), de la Cámara de Medianas constructoras de Misiones (Cameca) y hermano del intendente de Dos de Mayo. http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/59805/72893/trabajadores-del-frigorifico-el-zaiman-resisten-desalojo.html

Audio entre el tabacalero

la dirección del enlace para escuchar el audio es:

www.archive.org/download/Dialogo/Tabacalero.wpl

Ascensos a dedo en la Policía de Misiones beneficia a custodios de la Vicegobernadora

Por primera vez prácticamente en la historia de la Policía de Misiones, dos oficiales habrían sido beneficiados con dos ascensos por decretos en el mismo año. Los ascensos a dedo ocurren desde siempre pero no se conocen antecedentes de dos ascensos para el mismo oficial en menos de un año.

Casualmente, o no tanto, el beneficio viene acarreado de un vínculo político, y es que los dos policías que habrían recibido el beneficio actúan desde hace varios años como custodios de la vicegobernadora Sandra Giménez. Se trata de la Oficial Principal Marisa Raquel Bueno y del Oficial Auxiliar Rodrigo Sebastián Barroso, que habrían saltado de cargos con pocos meses de diferencia a través de decretos.

PRIMERA EDICIÓN accedió al decreto 179 del 1 de marzo de este año, donde el ministro de Hacienda Daniel Hassan indica que resulta “necesario efectuar reestructuraciones de cargos del personal de la planta permanente de la Policía provincial para posibilitar el ascenso al grado inmediato superior”.

A través de ese documento Bueno ascendió de Oficial Auxiliar a Principal y Barroso de Ayudante a Auxiliar.

Ahora nuevamente está listo el decreto (ver faximil en la página) para un nuevo ascenso, en este caso beneficiando solamente a los dos mencionados, “los que se destacan entre sus pares, ameritando que sean merecedores de un ascenso al grado inmediato superior por selección”, señala una copia del decreto, aún sin firma, a la que accedió este diario. El nuevo decreto, que habría sido firmado en junio, señala en el artículo 2: “ascender por selección, a partir de la fecha del presente decreto, a la jerarquía de subcomisario a la oficial Principal Marisa Raquel Bueno y a la jerarquía de Oficial Principal al oficial Auxiliar Rodrigo Sebastián Barroso”. El escrito señala que debe ser refrendado por el ministro de Gobierno Jorge Franco.

De acuerdo a las previsiones políticas, la vicegobernadora Sandra Giménez -al ser primera en la lista de candidatos del gobierno-, en diciembre llegaría al Senado y asumiría una banca, y por esta razón se habrían anticipado los ascensos de sus custodios.

La medida causa fuerte malestar entre sus pares, varios de ellos consultados confiaron a este diario que ninguno de los beneficiados realiza los cursos para ascender ni tiene la cantidad de años suficientes para los ascensos, y es por ello que necesitan los decretos políticos.

Dos escándalos de la era Roa

Benjamín Roa, Jefe de la Policía de Misiones, prometió terminar los escándalos de corrupción y desmanejos en la policía, sin embargo su mando estuvo más o igual de salpicado que el de su antecesor, el rovirista Rubén Gabriel.

Uno de los escándalos más grandes fueron las escuchas ilegales, por las que fueron deplazados siete oficiales de la fuerza, varios de ellos comisarios mayores, por presunto espionaje ilegal. Los sindicatos siguen ligados a la fuerza gracias a un solapado pacto de protección y silencio, indicó un alto comisario.

El otro incidente de similares magnitudes, que quedó silenciado en la justicia tras las primeras semanas de investigación fue el robo de vales de combustibles. A principio de año desaparecieron tickets para estaciones de servicio por unos 300 mil pesos. Varios comisarios fueron citados a declarar, se revelaron fastuosos patrimonios de algunos efectivos que no resisten un cotejo con sus integresos, pero después de un tiempo, al parecer todo quedó en la nada con otro pacto de silencio entre los señalados, sin que se identificara ningún responsable. (publicado en PRIMERA EDICION)